En estas tres últimas semanas luego de las elecciones estadounidenses, el abogado Rudy Giuliani ha hecho una intensa campaña en favor de Donald Trump para anular los resultados de las urnas y así paralizar el proceso donde el magnate ha sido derrotado. A través de polémicas ruedas de prensa y declaraciones a los medios ha vertido extraños argumentos legales que han provocado reprimendas de la justicia.
Ya es conocido y es evidente que la justicia ha prestado poca atención a las acusaciones del equipo legal encabezado por Giuliani. Sin embargo, sí existe cierto temor dentro de algunos equipos de expertos por las acciones del exalcalde de Nueva York. Scott Cummings, un experto en ética legal de la UCLA, declaró que Giuliani representa un potencial peligro.
“La gente me está enviando correos electrónicos diciendo que esto es cómico, y yo diría que sería cómico si no fuera tan peligroso”, dijo Cummings al Washington Post en referencia a las acciones de Giuliani en nombre de Trump. “Estamos viviendo un momento en el que las acciones que deberían tener consecuencias no parecen tenerlas – al menos no de la manera que hubiéramos predicho en el pasado – y eso erosiona la confianza en el sistema”.
Trump y los que están en su entorno tienen un historial de eludir las consecuencias por violar las normas democráticas y políticas. Y aunque todavía se puede esperar un ajuste de cuentas por parte del equipo legal de Trump fuera de la Casa Blanca, un congresista demócrata de Nueva Jersey ha presionado para que Giuliani enfrente sanciones profesionales.
Para este fin, ha presentado quejas en varios estados contra los miembros del staff legal del magnate por ejercer la abogacía a través de demandas frívolas y “conductas que implican deshonestidad, fraude, engaño o mala representación”.
“Donald Trump ha hecho un gran daño a esta nación – pero siempre ha tenido ayudantes. Estos abogados están permitiendo su traición y dañado nuestra democracia”, dijo Pascrell a The Post a través de un portavoz.
Pascrell presentó quejas ante las juntas reguladoras y disciplinarias de los colegios de abogados de Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania y el estado natal de Giuliani, Nueva York.
El umbral para inhabilitar a un abogado es alto – reservado sólo para los casos más atroces de mala conducta – y ocurre con poca frecuencia. En 2018, la Encuesta sobre la Disciplina de los Abogados de la Asociación Americana de Abogados estimó que de los aproximadamente 1,3 millones de abogados activos y con licencia en los Estados Unidos, sólo 378 fueron inhabilitados involuntariamente ese año.
Las sanciones formales, incluyendo la inhabilitación, harán poco para castigar a Giuliani si no tiene planes de ejercer la abogacía después de que termine de servir como abogado personal de Trump durante la presidencia, dijo Cummings.
Pero tal castigo representaría una caída espectacular para alguien que una vez fue “ampliamente admirado” en los círculos legales, dijo Cummings, que ocupó el prestigioso puesto de fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York en la década de 1980.
“La forma en que pasó de allí a aquí es simplemente desconcertante”, dijo Cummings. “Esto no es ejercer la abogacía. Esto es participar en algo que me parece totalmente diferente”.
