El juez de Distrito John G. Köeltl aprobó a los abogados de la consultora Interamerican Inc, propiedad del excongresista David Rivera, más tiempo para responder a la demanda enmendada por los abogados de PDV USA; que busca la devolución de $15 millones pagados por CITGO en base a un contrato de servicios de consultoría a favor de PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, que según los papeles de la corte no se cumplió.

La solicitud hecha por los abogados de Rivera, del escritorio jurídico Hecht Partners LLC, fue aprobada por el juez de Nueva York, permitiendo que la defensa presente la respuesta a la demanda de PD USA del 4 al 18 de diciembre de 2020.

En el calendario se advierte que los acusadores pueden responder a la defensa hasta el 25 de enero de 2021 y a su vez los representantes de Rivera podrán dar respuesta hasta el 18 de febrero de 2021.

Los abogados de PDV USA, Inc del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, decidieron introducir una demanda enmendada donde se alega que la empresa Interamerican Consulting Inc. no cumplió con lo establecido en el contrato fechado el 21 de marzo de 2017.

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De acuerdo con la demanda, PDV USA e Interamerican celebraron un acuerdo de consultoría en virtud del cual la firma de David Rivera recibiría $ 50 millones [en seis cuotas] durante un período de tres meses para proporcionar supuestos “servicios de consultoría estratégica” para la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, SA.

PDVSA está controlada por el régimen de Nicolás Maduro.

PDV USA recibió instrucciones de PDVSA, a través de su empresa PDV Holding, Inc. para celebrar el contrato con el supuesto propósito de mejorar la “reputación y posición a largo plazo” de PDVSA en los Estados Unidos.

En enero de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de ese país, y al mismo tiempo designó a PDVSA como “Nacional Especialmente Designado” con quien ninguna persona estadounidense puede hacer negocios sin una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El Gobierno de Guaidó, a su vez, nombró una Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las subsidiarias de PDVSA con sede en Estados Unidos, incluida PDV USA.

En agosto de 2019, la Corte de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó para la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

En virtud del Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación de PDVSA y su posición entre los formuladores de políticas, los líderes de opinión, los funcionarios públicos y las partes interesadas específicas y establecer relaciones con ellos.

Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican entregaría al menos siete informes quincenales detallando el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para el seguimiento de las estrategias implementadas. En cambio, Interamerican proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. “Estos informes se refieren genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describen un solo elemento del supuesto plan, no identifican a los participantes de la reunión o discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién”.

La demanda dice que Interamerican no prestó servicios en virtud del Acuerdo y, ciertamente, no prestó el nivel de servicios que se podría esperar razonablemente por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes.

El documento de la corte dice que según Rivera, en declaraciones que hizo a la prensa poco tiempo después de la presentación de esta demanda, Interamerican nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del Acuerdo, sino que los fondos que se pagaron “fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017″.

La afirmación de Rivera parece ser que el régimen de Maduro, que controlaba PDVSA en ese momento, acordó canalizar decenas de millones de dólares para financiar las protestas organizadas por sus adversarios políticos. “Esta afirmación desafía la credulidad y PDV USA no ha podido localizar ninguna evidencia, de ningún tipo, que la respalde”, sostiene la demanda.

La acusación sostiene que “las afirmaciones de Rivera en 2020 con respecto al propósito del Acuerdo son totalmente inconsistentes con los dos informes de progreso de Interamerican, que contienen numerosas declaraciones sobre un proyecto de consultoría para PDV USA en beneficio de PDVSA”.

Dice la demanda que “los reclamos de 2020 dejan claro que Interamerican representó falsamente y garantizó en la Sección 7 del Acuerdo que ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las regulaciones aplicables de control de divisas, leyes o regulaciones fiscales u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción”.

La demanda advierte que de acuerdo con lo que dice Rivera se puede concluir que: “Interamerican no proporcionó, y nunca tuvo la intención de proporcionar, los servicios de consultoría que contrató con PDV USA en el Acuerdo”.

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