El gobierno de la República y los sectores obrero y empresarial suscribieron un acuerdo para mejorar la iniciativa de ley que busca regular el outsourcing en nuestro país y castigar severamente las prácticas abusivas del esquema de contratación laboral.
El acuerdo tripartito solicitó más tiempo de discusión al congreso de la unión para analizar la iniciativa en cuanto al reparto equitativo de utilidades se refiere y que sea hasta el próximo periodo de sesiones cuando arranque la discusión pública de las modificaciones a la iniciativa de reforma, que será enviada en modo preferente, destacó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
“Muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar ya el proceso de consulta para que, en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ya no va a haber tiempo, eso se le va a notificar y se le va a pedir respetuosamente al Congreso, que nos esperen, de modo que la iniciativa que están analizando pueda ser mejorada, enriquecida a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue”, expuso previo a la firma del acuerdo en el salón Tesorería de palacio nacional.
Señaló que en la iniciativa original que envió hace un par de semanas a los legisladores no se incluyó el tema del reparto de las utilidades, pero el sector empresarial solicitó que se trate también el tema, sin la finalidad de afectar a los trabajadores.
Al respecto, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján explicó los cuatro puntos del acuerdo suscrito este miércoles.
En primer lugar puntualizó que para solucionar el problema de la subcontratación de personal, las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal’.
El personal contratado por outsourcing representa 15.5% del empleo en el país. Fuente: Censos Económicos 2019 del Inegi
Como segundo punto, al hablar del reparto de las utilidades y que no ha quedado lo suficientemente definido ni socialmente debatido, se pidió más tiempo para su análisis público entre los sectores, a fin de definir un sistema de reparto de utilidades justo.
De ahí que se informó que se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa.
“Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso.
Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que, en un plazo no mayor a 30 días, pueda discutirse y, en su caso, aprobarse” detalló la secretaria del trabajo en el punto tres del acuerdo.
Como cuarto punto se hizo un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre.
“El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente” anunció Luján Alcalde.
Con información de Excélsior
