Después de que el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, depusiera de forma sorpresiva su cargo como viceministro de Seguridad, durante el proceso de antejuicio que la Asamblea llevaba a cabo el pasado martes; diputados opositores y abogados coinciden en que la maniobra del presidente Nayib Bukele de aceptar la renuncia es un “fraude de ley” para hacer que sus funcionarios “evadan la justicia”.
Marcela Galeas, abogada penalista, expresó que al director de la Policía se le acumulan más delitos de los que la Fiscalía le atribuye.
Arriaza Chicas estaba atravesando un proceso de antejuicio a petición del fiscal, Raúl Melara, para procesarlo por “incumplimiento de deberes”. Esto, a raíz de que la Asamblea notificó a la Fiscalía de la desobediencia del funcionario al negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya y al de Salud Pública, Francisco Alabí.
“Eso que hicieron ayer (martes) que ya sabían que ya había renunciado y no lo denunciaron para dilatar el proceso y que no se diera el dictamen, estaban cometiendo el delito de fraude procesal”, explicó Galeas.
Y es que, a pesar de que Arriaza Chicas ya no era viceministro de Seguridad, este martes los abogados defensores del funcionario lo presentaron como tal al inicio de su antejuicio en la plenaria especial convocada por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, para ese fin.
La diputada Cristina Cornejo, del FMLN, quien fungió como fiscal del caso, aseveró que esas pruebas han sido enviadas a la Fiscalía mediante el video de la sesión plenaria, ya que eso se puede calificar como “falsedad o usurpación del cargo”, abonó también el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.
El presidente Nayib Bukele anunció horas antes que tenía una carta que jugar en el antejuicio.
Después se conoció en el pleno por medio de la defensa que se trataba de la aceptación de la renuncia de Arriaza Chicas como viceministro de Seguridad, cargo por el cual sí tenía fuero.
“Me parece peligroso que el presidente (Bukele) celebrara la evasión de la justicia y cuestionable que los abogados se presten a eso. Toda esa situación lo que viene es a viciar el proceso de investigación de la Fiscalía y a dilatarlo. Se dilata precisamente con la tardanza que se hará, porque todas las diligencias las tiene la Asamblea”, reflexionó Galeas.
A juicio de los diputados opositores y de los abogados consultados por El Diario de Hoy, esa acción afectó más a Arriaza Chicas y de paso también a sus defensores, quienes han sido denunciados por la Asamblea ante la Fiscalía del delito de “encubrimiento previsto y sancionado en el artículo 308 del Código Penal”.
Mientras que a Arriaza Chicas se le suman más faltas, ya no solo el de “incumplimiento de deberes”. Ahora la Asamblea pide al fiscal, Raúl Melara, que lo investigue por los delitos de Fraude Procesal, previsto y sancionado en el artículo 306 del Código Penal y por Actos Arbitrarios, contemplado en el artículo 320 de la misma normativa penal.
Dependiendo de la valoración del fiscal, Arriaza Chicas podría enfrentar prisión por la sumatoria de todos los delitos que se le imputan de entre 14 a 16 años de cárcel, explicó Galeas.
“En este caso, el fraude procesal la pena mínima es de dos y máxima de 10 años, pero un máximo si por este piden los 10, sería entre 14 a 16 años (considerando un máximo de 6 años por el delito de incumplimiento de deberes)”, explicó la abogada.
Con información de El Salvador
