WASHINGTON.— El Departamento de Seguridad Nacional iniciará este viernes una moratoria de 100 días de las deportaciones de ciertos inmigrantes indocumentados, mientras revisa a fondo sus políticas para hacer cumplir las leyes migratorias del país.

El secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske, explicó en un comunicado la noche del miércoles que la moratoria entrará en vigor este viernes por un período de 100 días, pero sólo aplicará para ciertos inmigrantes indocumentados.

La decisión cumple así con una de las promesas de campaña que hizo el ahora presidente, Joe Biden, como parte de su agenda migratoria.

Poco después de juramentar a su cargo el miércoles, Biden presentó al Congreso un ambicioso plan para la legalización y eventual ciudadanía de la población indocumentada, y firmó una serie de 17 órdenes ejecutivas, memorandos y proclamas que revierten numerosas políticas de la Administración Trump.

Una de esas medidas pide reevaluar las prioridades de arresto de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Más adelante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), informó que la agencia pondrá freno temporal, durante 100 días, a las deportaciones de quienes han recibido órdenes de salida de Estados Unidos, “para asegurar que tenemos un sistema de reforzamiento migratorio justo y eficaz, centrado en la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza, y la seguridad pública”.

La idea, según Pekoske, es permitir que el DHS tenga los recursos para responder a retos más urgentes en el país, en particular los relacionados con las operaciones en la frontera sur “en medio de la crisis de salud pública global más grave en un siglo”.

¿Quiénes se benefician?

Pero no se trata de una moratoria exhaustiva ya que, según memorándum de cinco páginas que emitió Pekoske, ésta aplicará a quienes han recibido una orden de deportación de un juez de Inmigración, a menos que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020, o si voluntariamente abandonaron su derecho a permanecer en el país.

La agencia destacó que la moratoria tampoco significa que el DHS dejará de hacer cumplir las leyes de inmigración, incluyendo operaciones de ICE para el arresto de inmigrantes indocumentados.

Además, el gobierno podrá seguir deportando a cualquier persona que haya cometido delitos de terrorismo o espionaje, o representa un peligro para la seguridad nacional o la seguridad pública.

El memorándum de Pekoske, que afecta a las agencias migratorias del DHS, reordena las prioridades de arresto, detención y deportación de los inmigrantes indocumentados, de manera que los agentes se centrarán, por ejemplo, en personas que han sido condenadas por delitos graves o ponen en riesgo la seguridad pública.

Pekoske ha dado plazo, a más tardar el próximo 1 de febrero, para que ICE emita guías claras sobre la futura implementación de esta pausa en las deportaciones. Esas guías deben incluir un proceso de evaluación de casos individuales para quienes han recibido orden de deportación en un plazo de al menos 90 días.

En todo caso, la moratoria supone un giro de 180 grados respecto a la política migratoria de la Administración Trump, que puso énfasis en el combate contra la población indocumentada y los flujos migratorios en la frontera sur, y una reducción drástica de la inmigración legal.

“Respiro de alivio”

La moratoria fue aplaudida por grupos defensores de los inmigrantes, que la calificaron como un “alivio” después de cuatro años de ataques de la Administración Trump.

Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream Action, dijo que la moratoria es un logro de los activistas del movimiento de los “dreamers”, que a principios del año pasado viajaron a Iowa y exigieron a Biden un cese a las deportaciones.

“Hemos cumplido. Esta es nuestra victoria, y es apenas el comienzo; los inmigrantes en todo el país pueden dormir tranquilos sabiendo que están protegidos”, afirmó Martínez Rosas, al asegurar que también seguirán presionando por una reforma migratoria integral.

Por su parte, Lynn Tramonte, directora del grupo Ohio Immigrant Alliance, dijo que la moratoria es un “respiro de alivio… después de cuatro años brutales de deportaciones crueles y verdaderamente incomprensibles”, y señal de que el gobierno busca una implementación de “sentido común” a las leyes migratorias.

Elia Díaz-Yaeger, presidenta de la Asociación Nacional de la Barra de Abogados Hispanos (HNBA, por su sigla en inglés), dijo que la moratoria y demás medidas adoptadas por Biden en su primer día de gobierno ayudarán a corregir la inestabilidad que afronta la comunidad hispana en medio de la pandemia del Covid-19, mientras “intentamos reconstruir nuestra salud económica”.

“Esperamos que estos cambios administrativos ayudarán a pasar página de un año que fue tan difícil y devastador para tantos estadounidenses. Esperamos trabajar con esta Administración y el Congreso para aprobar una legislación que no sólo provea un salvavidas sino que cree más oportunidades para las familias hispanas y proteja los derechos de todos los estadounidenses”, puntualizó Díaz-Yaeger.

Ana María Archila, co-directora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular, señaló que la moratoria “hubiese sido impensable en años anteriores”, pero la Administración Biden y el Congreso deben atender los “daños” relacionados con las redadas de ICE, la detención masiva de migrantes, y las deportaciones.

La tarea, según Archila, es reformar el sistema de reforzamiento migratorio para que, en vez de centrarse en “castigos”, de prioridad a “facilitar el cumplimiento de las leyes y la protección de la dignidad” de los inmigrantes.

Pero la decisión de Biden ya generó críticas de líderes republicanos del Congreso, que advierten que la moratoria alentará la emigración ilegal, en unos momentos en que México y Guatemala ya ha tenido que frenar caravanas de migrantes hondureños con rumbo a Estados Unidos.

Pero la Administración Biden afronta presiones de grupos defensores de los inmigrantes para reformar el sistema migratorio y mejorar el acceso al debido proceso para solicitantes de asilo.

Por ahora, el DHS frenará también el envío a México de solicitantes de asilo bajo el programa “Quédate en México”, que durante la Administración Trump los obligó a esperar en suelo mexicano las audiencias para la resolución de sus casos.

Los que ya fueron devueltos a México tienen que aguardar allí una próxima decisión del gobierno, según el DHS.

En ese sentido, Jake Sullivan, el nuevo asesor de Seguridad Nacional, dijo a los periodistas que “tomará varios meses” adoptar medidas para mejorar el procesamiento de solicitudes de asilo.