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Este miércoles, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, recibió una carta proveniente de la fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, en la que se anuncia el inicio de una investigación contra el expresidente Donald Trump y las llamadas que hizo para buscar revertir el resultado de las elecciones presidenciales en la entidad.

The Washington Post informó que la fiscal no mencionó al exmandatario, pero afirmó que desde su oficina se investigan posibles cargos criminales vinculados a "intentos de influir" en los resultados de los comicios presidenciales del 3 de noviembre de 2020 en el estado.

A inicios de 2021, se conoció que Trump buscó presionar a Raffensperger, instándolo a encontrar la mayor cantidad de votos posibles para revertir los resultados en la región, una ganada por Joe Biden, posteriormente vencedor de la contienda nacional.

El Post tuvo la exclusiva con los audios en los que se escuchó al republicano solicitar al funcionario buscar alrededor de 15 mil votos a su favor para poder quedarse con los delegados del territorio.

Raffensperger confesó a la fuente que la llamada fue realizada el 23 de diciembre de 2020 y agregó que era inapropiado que Trump hubiera intentado intervenir el caso.

Por su parte, la fiscal Willis manifestó que su oficina se encargará de determinar si realmente hubo una solicitud para para cometer fraude electoral y pidió a los funcionarios del áreas preservar toda evidencia posible. El asunto, agregó la especialista, es "de alta prioridad" y se presentará ante un gran jurado en marzo.

La noticia llega en medio del juicio político al que es sometido Trump, el segundo en su contra, y a través del cual se le acusa de incitar a la insurrección por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Aquel miércoles, tras una concentración de sus simpatizantes en la capital del país, un grupo de seguidores sobrepasó las vallas que rodeaban el edificio gubernamental e ingresaron al sitio mientras iniciaba la certificación del triunfo de Biden en las elecciones.

Pese a que se necesita el apoyo de dos tercios del Senado para aplicar cargos contra el expresidente, se estima que la paridad entre demócratas y republicanos impida que el proceso trascienda. Mientras tanto, desde el lado de sus opositores, se busca limitar las funciones del republicano, impidiéndole que vuelva a optar por cargos en la administración pública y no logre presentarse como candidato a las presidenciales de 2024. 

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