Por Josh Wingrove – Bloomberg
Los EE.UU. han inyectado cerca de un cuarto del total de vacunas contra el coronavirus inyectadas en todo el mundo, gracias a dos presidentes que no comparten casi nada excepto una estrategia para acaparar la producción doméstica de vacunas, utilizando una ley de 70 años de antigüedad para prevenir las exportaciones.
Desde el momento en que la FDA autorizó las primeras vacunas de Pfizer y Moderna, el gobierno de EE.UU., primero bajo Trump y después bajo el presidente Joe Biden, ya había acordado comprar toda la producción de vacunas de las empresas estadounidenses por muchos meses, asegurándose millones de dosis para los brazos de los ciudadanos de Estados Unidos.
Países sin capacidad de fabricar sus propias vacunas han tenido que esperar su turno a través de otras fuentes que no son los EE.UU. incluyendo inyecciones desarrolladas en Rusia y China bajo escrutinio menos normado.
Biden, la semana pasada, marcó el récord de 100 millones de inyecciones administradas bajo su presidencia, seis semanas antes de lo programado. Los EE.UU. ya han puesto cerca de 130 millones de dosis en brazos, el doble que la más populosa Unión Europea.
El logro se debe a los contratos que les obligan a los productores a cumplir con los masivos pedidos del gobierno de EE.UU. antes que ningún otro, una prohibición de facto en las exportaciones, a pesar de que la administración Biden continuamente dice que no hay una prohibición formal. En contraprestación, las compañías reciben ayuda crucial para procurarse suministros. El enfoque nacionalista tomado tanto por Biden como por Trump ha sido criticado por algunos aliados y expertos en salud pública.
“Esto, tristemente, se ha desarrollado exactamente como se predecía”, dijo Thomas J. Bollyky, director del programa de salud global en el Concejo de Relaciones Exteriores. “En cada una de las previas crisis de salud global en las que ha existido una intervención médica que podría hacer una diferencia, las naciones ricas las han acaparado”.
Pero otros países pronto se beneficiarán. Los EE.UU. están en ruta a inocular a la mayoría de su población adulta para el verano y se espera que en meses se convierta en el mayor exportador de vacunas en el mundo.
A medida que aumenta la producción, los fabricantes domésticos pronto podrán cumplir con sus contratos estadounidenses y al mismo tiempo producir vacunas para otros países. La Unión Europea está actualmente preparando medidas similares para frenar las exportaciones y garantizar suficiente suministro en casa.
Tanto Biden como Trump han sido claros en su objetivo de vacunar a los estadounidenses primero. Oficiales de la administración Trump dicen que los contribuyentes estadounidenses merecen que sus órdenes se prioricen porque fue el multi-billonario programa “Operación Máxima Velocidad” (Operation Warp Speed) del expresidente lo que aceleró el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus.
“No queríamos arriesgar miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes sólo para enterarnos que éramos los terceros en la fila para el producto por el que habíamos invertido”, dijo Paul Mango, un antiguo oficial de jerarquía en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Trump.
La antigua administración escribió cláusulas en los contratos con los fabricantes y también usó la Ley de Producción para la Defensa, que le garantiza al presidente poderes extraordinarios sobre la producción en tiempos de crisis, para priorizar las órdenes de Estados Unidos.
“Nosotros les estábamos dando dólares antes de que ellos tuvieran un producto”, dijo Mango.
Bajo Biden, los oficiales que manejan la distribución de las vacunas nos son tan tajantes en sus comentarios, pero el sentimiento poco ha cambiado. El nuevo presidente no ha derogado la orden ejecutiva de Trump que declaraba que los estadounidenses serían los primeros en fila para las vacunas hechas en EE.UU., seguidos por los aliados.
Y las mismas herramientas usadas por la administración Trump para mantener las vacunas producidas domésticamente dentro de las fronteras de la nación están siendo empleadas por el equipo de Biden – principalmente, una provisión de la DPA que le permite a EE.UU. asignar “prioridad” a sus órdenes por encima de las demás. La ley data de la guerra contra Corea.
El enfoque estadounidense contrasta con el de la U.E., que ha exportado vacunas, incluyendo algunas hacia EE.UU., incluso mientras buscaba vacunar a su propia población. Pero después de fuertes críticas contra sus campañas de vacunación que tanto se distanciaban de aquellas de EE.UU. y el Reino Unido, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen propuso la semana pasada usar poderes de emergencia similares a la ley de producción de EE.UU. para mantener las vacunas en países de la Unión Europea.
Se espera que la U.E. revele nuevos reglamentos que limiten las futuras exportaciones al bloquear envíos si los fabricantes no han cumplido con sus compromisos europeos.
La U.E., Canadá y México han pedido ayuda a EE.UU., y particularmente que considere compartir sus dosis de una vacuna que su propia Administración de Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés) aún no ha autorizado, hecha por AstraZeneca. La Casa Blanca dijo la semana pasada que les “prestaría” 4 millones de dosis a sus dos vecinos norteamericanos, las primeras exportaciones estadounidenses de las que se sepa.
México ha dado suficientes vacunas al 2,2% de su población, comparado con el 5,6% en Canadá y 19,7% en EE.UU., de acuerdo al Rastreador de Vacunas de Bloomberg.
Biden enfrentaría críticas si permitiera que los fabricantes estadounidenses exportaran vacunas mientras que la demanda doméstica supera por mucho el número de vacunas disponibles.
“La esencia del asunto es que, políticamente, la administración Biden está en una posición difícil si va a empezar a proveer vacunas extras” antes de que los estadounidenses estén ampliamente vacunados, dijo Jennifer Kates, vicepresidenta ejecutiva en la Kaiser Family Foundation, un grupo de investigación médica sin fines de lucro.
El gobierno de EE.UU. no ha publicado por completo sus contratos con los fabricantes de vacunas, pero cláusulas en las porciones conocidas sugieren un énfasis en la producción doméstica y exclusividad. “Es crítico que la vacuna sea producida en los Estados Unidos. La producción doméstica de la vacuna es la única certeza de que los estadounidenses tengan acceso al producto final”, dice un contrato con Moderna Inc., que participó a tiempo completo en la “Operación Máxima Velocidad”.
El contrato también incluye cláusulas con referencias escritas en letras enfatizadas sobre “derechos de tanteo y retracto”. Un contrato con Pfizer, altamente censurado, similarmente indica que es crucial que sea “la industria doméstica” la que supla las vacunas estadounidenses.
La DPA le proporciona al gobierno aún más poder para acaparar los suministros de vacunas. La ley le da a EE.UU. la oportunidad de activar una cláusula de prioridad en los contratos que mueve al gobierno al primer puesto de la fila, pero generalmente también les da a los fabricantes mejor acceso a los suministros que ellos necesitan.
EE.UU. activó sus cláusulas de prioridad en los contratos tanto de Moderna como de Johnson & Johnson un mes después de haberlos firmado en agosto, de acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos. La cláusula obliga a las compañías a cumplir con sus pedidos estadounidenses antes de hacerlo con aquellos de otros países. El contrato de AstraZeneza en EE.UU. también incluía una cláusula de prioridad.
El contrato inicial de Pfizer no incluía una cláusula de prioridad para la DPA, pero el lenguaje del contrato requería que la compañía le suministrara a EE.UU. 20 millones de vacunas al mes, comenzando en noviembre, dijeron los oficiales de Trump. Los primeros envíos se quedaron cortos respecto a las expectativas, pero el acuerdo también incluía una cláusula que decía que todas las estimaciones de tiempo estaban “sujetas a cambio basadas en la data emergente, guías regulatorias, desarrollos técnicos o industriales, entre otros riesgos”.
Un segundo contrato que la administración Trump firmó con Pfizer, elevando el pedido estadounidense a 200 millones de dosis, incluía una cláusula de prioridad que la compañía solicitó, un indicativo de que estaba dispuesta a poner los pedidos estadounidenses en primera fila a cambio de beneficiarse a través del poder del gobierno para asegurar suministros escasos.
Voceros de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson todos rechazaron comentar sobre sus planes de exportación.
“Cualquier pregunta sobre las restricciones a las exportaciones deben ser contestadas por el gobierno de EE.UU.”, dijo la vocera de Pfizer Sharon Castillo. La compañía ha despachado 82 millones de vacunas desde sus plantas en EE.UU. hasta la fecha del 23 de marzo.
Voceros de la Casa Blanca de Biden rechazaron comentar al respecto.
El gobierno se ha apoyado en la DPA para acaparar la producción de vacunas de otras maneras, por ejemplo al financiar expansiones a las líneas de producción o premiando a los proveedores con contratos. En otros casos, le mera amenaza de usar poderes de guerra contra los fabricantes ha sido suficiente para que las compañías hagan lo que el gobierno quiere, dicen dos oficiales.
“Los poderes son bastantes extensos”, dijo Craig Fugate, un antiguo administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) bajo Barack Obama. “Ellos también tienen el poder de literalmente decirle a cualquier compañía: ‘ustedes van a hacer esto, no aquello’”.
La FEMA frecuentemente se apoya en la DPA para su respuesta frente a desastres naturales.
Después de asumir la presidencia, Biden hizo un tercer pedido de 100 millones de vacunas tanto a Moderna como a Pfizer. Biden también anunció una cláusula de prioridad para Pfizer.
Biden anunció este mes que ordenaría otro millón de inyecciones a Johnson & Johnson de su vacuna de una sola dosis, duplicando el total para EE.UU.; el gobierno y la compañía continúan en negociaciones para definir las condiciones del acuerdo.
En total, el gobierno de EE.UU. ha solicitado pedidos para suficientes vacunas como para inocular a casi el doble de toda su población adulta. La secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki ha dicho que la administración quiere el excedente en caso de que los científicos consideren que inyecciones de refuerzo son requeridas para combatir nuevas variantes o si la FDA autoriza una vacuna para los niños.
La administración Biden no dice si alguna porción de la producción doméstica de vacunas se ha ido a otros países. Pero las condiciones de los contratos con los fabricantes y el total de despachos sugieren que todas, o casi todas las vacunas hechas en EE.UU. han ido hasta ahora al gobierno de EE.UU.
EE.UU., con su riqueza de vacunas, espera cumplir la promesa de abastecer al mundo.
“Porque estamos construyendo una capacidad tan robusta, cuando tengamos nuestras vacunas listas, vamos a poder jugar un papel importante en que las vacunas aprobadas lleguen a los mercados internacionales”, dice Fugate.
No es una cuestión de caridad, dijo él: “Hasta que tú no vacunes a todo el mundo, incluidos tus enemigos, no estamos a salvo del COVID”.
