El fiscal general Merrick Garland pidió el martes a los legisladores que respalden la solicitud de su departamento de más fondos para ayudar a investigar y enjuiciar el terrorismo nacional y reforzar la aplicación de los derechos civiles, en su primer testimonio en Capitol Hill como el principal oficial de aplicación de la ley del país.
Al comparecer por videoconferencia en una audiencia del subcomité de Asignaciones de la Cámara sobre la solicitud de presupuesto del Departamento de Justicia, Garland destacó en su declaración de apertura las propuestas de un aumento de $45 millones en la financiación del FBI para las investigaciones de terrorismo nacional, y un aumento de $40 millones para que los fiscales estadounidenses gestionen las consecuencias carga de casos. Dijo que el departamento está buscando una “inversión histórica de mil millones de dólares” en su Oficina de Violencia contra la Mujer.
También señaló que el departamento en la solicitud de presupuesto del presidente Biden busca aumentar la financiación de los derechos civiles en $33 millones y solicita un aumento de $232 millones en fondos para ayudar a combatir la violencia armada. El departamento, dijo, tiene la intención de ofrecer más fondos de subvenciones para los programas de intervención y presionar para mejorar la verificación de antecedentes y leyes de alerta más completas.
“Las muertes por armas de fuego continúan ocurriendo a un ritmo asombroso en nuestro país”, dijo Garland. “Podemos hacer más para que nuestras comunidades sean más seguras. Este es un problema tanto de aplicación de la ley como de salud pública”.
Reacción
El representante Robert Aderholt (republicano por Alabama) señaló desde el principio que algunas de las propuestas presupuestarias enfrentarían resistencia, particularmente en el control de armas y la aplicación de los derechos civiles dirigidas a los departamentos de policía locales.
“Me preocupa que, si se implementa, este presupuesto invertiría de manera irresponsable el dinero de los contribuyentes en iniciativas que carecen de la base y la evidencia o conocimientos adecuados, como los esquemas de recompra de armas altamente cuestionables”, dijo Aderholt, y luego agregó: “Si el Departamento de Justicia realmente quiere abordar el crimen con armas de fuego, no debe desperdiciar sus preciosos recursos en estos programas liberales para sentirse bien como recompras de armas e incentivos para reducir las restricciones que infringen los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley de la Segunda Enmienda”.
The Washington Post. Traducción libre por El Tiempo Latino
