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Grupos tecnológicos demandan a DeSantis por legislación de redes sociales

La promoción de DeSantis creció luego de que Facebook y Twitter suspendieran de manera permanente al expresidente Donald Trump

DC
ACCIÓN. Imagen referencial/Pixabay

Este jueves, dos grupos tecnológicos presentaron una demanda en la corte federal de Tallahassee contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la legislación presentada por el funcionario que, de acuerdo con el republicano, toma medidas contra la censura en redes sociales.

POLITICO detalló que los detractores apuntan a que el proyecto de ley es no más que una infracción contra la libertad de expresión.

Las empresas involucradas en la querella son NetChoice y Computer and Communications Industry Association.

La pugna fue presentada contra Ashley Moody, procuradora general de Florida y otros funcionarios del gobierno local, en lo que calificaron como una legislación anti-Big Tech que DeSantis promulgó este lunes.

“Los estadounidenses de todo el mundo deberían oponerse al intento de Florida de pasar por alto los derechos de la Primera Enmienda de las empresas privadas en línea”, manifestó Carl Szabo, vicepresidente y consejero general de NetChoice. “Al debilitar los derechos de la Primera Enmienda de algunos, Florida debilita los derechos de la Primera Enmienda de todos”.

Polémica legislación de DeSantis

El proyecto de ley indica que las compañías de redes sociales deben ser obligadas a publicar criterios que usan para desvincular a ciertos usuarios de sus plataformas. Asimismo, permite que la Comisión Electoral de Florida las multe con hasta $250 mil por prohibir a candidatos políticos.

"Si los censores de Big Tech aplican las reglas de manera inconsistente, para discriminar a favor de la ideología dominante de Silicon Valley, ahora serán responsables", dijo DeSantis en un comunicado.

La promoción de esta legislación creció luego de que plataformas como Facebook y Twitter suspendieran de manera permanente al expresidente Donald Trump, luego del asalto al Capitolio.

La demanda agrega que “la Ley es un asalto frontal a la Primera Enmienda y una intervención extraordinaria del gobierno en el libre mercado de ideas que serían impensables para los medios tradicionales, los vendedores de libros, las bibliotecas de préstamos o los quioscos de periódicos”.

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