La Junta Editorial del Financial Times
Imagine una repetición de las elecciones presidenciales del 2020 en EEUU, pero esta vez con un plan coordinado para revertir el resultado. Casi todos los jueces – incluyendo muchos nombrados por Donald Trump – desestimaron los desafíos al resultado el año pasado con el desdén merecido. Altos funcionarios electorales Republicanos como Brad Raffensperger de Georgia y Aaron Van Langevelde de Michigan, aguantaron todo tipo de intimidaciones para que invalidaran la tabulación. Trump hasta llegó a llamar a Raffensperger para presionarlo a que “encontrara” suficientes votos Republicanos para alterar el resultado. Éste se rehusó. El sistema electoral de EEUU aguantó la tormenta.
Esos estados y otra docena más controlados por Republicanos ahora están aprobando leyes que harían más fácil a jueces simpatizantes el aceptar las demandas que fueron rechazadas el año pasado. A menos que esto pueda ser revertido a nivel federal, la elección del año pasado podría haber sido el ensayo final para un intento exitoso en el 2024. No se exagera al decir que está en duda el futuro de la democracia estadounidense.
El problema es mas profundo que las nuevas leyes de restricción al voto en estados marcadores. Un partido entero está ahora atado a la noción de que Joe Biden es un presidente ilegítimo – una creencia que ha sido denominada correctamente como “la gran mentira”. Mas de 60 por ciento de los Republicanos en el congreso votaron el seis de enero en contra de certificar los resultados del colegio electoral. Fracasaron porque los Demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes y porque una valiente minoría de Republicanos rehusaron unirse a ellos.
Muchos de estos últimos están siendo retados en elecciones primarias como traidores de la causa de su partido. En las elecciones para empleos como rectores de procesos electorales, similares a puestos como el de secretario de estado de Georgia que ostenta Raffensperger, la prueba de la lealtad de un candidato es su apoyo o rechazo a la gran mentira. Es enteramente plausible que para el 2024 los Republicanos controlen la Cámara y hayan purgado la mayoría de los no-creyentes de entre sus filas.
Por tanto, la principal prioridad de Biden debe ser la aprobación de una ley federal que refuerce las reglas nacionales de votación. Es un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara. Pero se ha encontrado en el senado con la oposición de Joe Manchin, el senador Demócrata por West Virginia y Kyrsten Sinema, senadora por Arizona.
Manchin ha sido particularmente claro en que no votará por el proyecto de ley a menos que tenga apoyo bipartidista. Su posición es una evasiva. O una ley es meritoria de aprobación por sus propios méritos o no. El no debería otorgar a los Republicanos un veto sobre su decisión. Además, la repetidamente profesada fidelidad de Manchin a la tradición también confunde la historia de EEUU. La Proclama de Emancipación estadounidense que acabó con la esclavitud en 1863 fue acordada por vía partidista. Y la idea de que los cambios históricos en Estados Unidos han sido fruto de la cooperación entre partidos no es reconciliable, por ejemplo, con la Guerra Civil.
El dilema de Manchin es que representa un estado que votó fuertemente por Trump, lo cual implica que su reelección está en peligro. West Virginia le dio a Trump su segundo mayor margen de victoria después de Wyoming, el cual es domicilio de Liz Cheney, una de las pocas figuras Republicanas que todavía se oponen a la narrativa de la “elección robada”. La posición de Cheney podría llevarla a sacrificar su futuro político. Manchin busca prolongar el suyo. Pero a qué costo?
Hay aspectos en los cuales los Demócratas pueden mostrar flexibilidad. No todo en el proyecto de ley es indispensable. Además, el proyecto no se sobrepondría a las leyes estatales que dan a las legislaturas el poder de certificar los resultados de sus colegios electorales. Esas batallas tendrán que lucharse en los estados. Pero el proyecto de ley sí eliminaría las duras restricciones estatales sobre el derecho al voto y acabaría con la manipulación de fronteras distritales para afectar la composición de votantes (gerrymandering). Manchin seguramente debe saber que la democracia de EEUU está en una encrucijada. Las decisiones que él y otros tomen quedarán grabadas en la historia.
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