Según los estudios de la Universidad de Brown en su proyecto Costs of War (https://watson.brown.edu/costsofwar/), escenas como esta son comunes en los múltiples teatros de guerra en los cuales los EEUU y sus aliados actúan sin supervisión legislativa. Foto: EFE.

Especial para The Washington Post - Phil Klay

La guerra, supuestamente, sería un asunto de poca importancia. Unas cuantas tropas de Operaciones Especiales.  Asistencia de poder aéreo y logística.  No el tipo de cosas por las cuales el pueblo estadounidense debía preocuparse.  Era, como lo dijo un periodista que cubría el conflicto, una “guerra privada”.  En una guerra privada, los profesionales toman las decisiones.  La ignorancia de nuestro país significó menos intromisión de los políticos y civiles.  Pero esos profesionales que recorrían las selvas de Vietnam en el invierno de 1962 se darían cuenta durante la siguiente década de que las decisiones que se toman en una guerra privada pueden tener enormes consecuencias.

Fueron las consecuencias de las decisiones militares que se tomaron fuera de la mirada pública que vinieron a mi mente mientras veía el debate en la Cámara de Representantes sobre la posible derogación, aprobada en la Cámara y ahora camino al Senado, de la Autorización otorgada en el 2002 para el Uso de la Fuerza Militar (Authorization for Use of Military Force, AUMF por sus siglas en inglés).  Esto pudiera parecer una oscura disputa política en torno a una legislación redundante. La AUMF de 2002 fue la autorización legal para que los Estados Unidos llevara a cabo la guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Irak.  Los promotores de la derogación aseguran que esto ayudaría al Congreso a recobrar su obligación constitucional de tener una postura en cuanto a los asuntos de guerra y paz, mientras que los opositores argumentan que debería ser derogada sólo si estaba en pie una medida para reemplaza.  Ambos lados están de acuerdo en que la AUMF de 2002 es “obsoleta” y que su derogación no restringiría ninguna de las misiones militares actuales.

Una derogación es, sin embargo, un primer paso necesario para recuperar el papel del Congreso en las decisiones sobre cómo usamos nuestras fuerzas militares.  Porque la AUMF de 2002 no tenía un enfoque claro ni fecha de caducidad, se convirtió en la principal herramienta que han usado los presidentes durante las dos últimas décadas para justificar la expansión de las guerras estadounidenses.  Le daba al poder ejecutivo un rango más amplio de acción de lo que se pretendía en aquel momento.  Y cuando el Congreso le da a los presidentes amplios poderes de guerra, los presidentes tienden a usarlos para iniciar sus propias guerras privadas.

Esto ha sido especialmente cierto desde el segundo período de la administración Obama, inició de nuestra profunda dependencia de los drones, operaciones especiales, contratistas y bombardeos, ninguno de los cuales parece haber prevenido un desastre pero todos los cuales han sido difíciles de cubrir mediáticamente.  Los periodistas no pueden empotrarse al dron, casi no se les permite contacto con los operadores especiales, y las regiones en donde estamos matando personas tienden a ser lugares peligrosos para hacer periodismo, como lo atestigua la larga lista de periodistas muertos en la década pasada.  En los tiempos en los que yo era oficial de prensa para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, la descripción de mi misión laboral decía que yo debía proveer de “información veraz y oportuna a los Marines y al público en general”.  Porque trabajábamos para el pueblo estadounidense, a quien le debíamos información de lo que estábamos haciendo. Pero ese sentimiento de obligación es cada vez más difícil de encontrar en el hermético Departamento de Defensa de hoy, sensible a la crítica, con las cicatrices de una administración Obama a la que le gustaba pretender que había acabado con las guerras, y con las que le dejó la administración Trump, en la cual un “tweet de Dios” podía cambiar radicalmente su misión.

Por tanto, ésta es una situación que requiere de una mayor, y no menor, supervisión legislativa.  Y, sin embargo, el Congreso no se ha visto forzado a tomar decisiones trascendentales en esta nueva fase de nuestras guerras, gracias, en parte, a dos leyes – las AUMFs de 2001 y 2002.  La AUMF de 2001, aprobada para ir tras los Talibanes y al-Qaeda, ha sido utilizada para justificar 41 operaciones en 19 países, muchas de ellas operaciones que no tuvieron el más mínimo escrutinio público.  La AUMF de 2002 parecía una legislación más limitada, y se aprobó para “defender la seguridad nacional de los Estados Unidos en contra de la continua amenaza que significaba Irak”.  Pero mucho tiempo después de la muerte de Hussein, fue utilizada por la administración Obama como “base de autoridad legalmente alternativa” en su campaña contra el Estado Islámico, y luego ampliada por la administración Trump para autorizar la fuerza contra amenazas en “Iraq, Siria u otros lugares”; finalmente sirviendo como la base legal para el asesinato del general iraní Qasem Soleimani.  Es una ilustración reveladora de cuán lejos pueden llegar a ser expandidas estas autorizaciones que la que fue otorgada para que los Estados Unidos pudiera combatir a Hussein, luego fue utilizada para asesinar al principal adversario de Hussein en la región.

Por eso es por lo que una rendición de cuentas seria sobre las guerras en el extranjero debe comenzar por derogar ambas leyes, las AUMFs de 2001 y 2002, y por reemplazarlas con autorizaciones limitadas en cuanto a enemigo específico, objetivos de la misión, campo de acción geográfico y cronograma de ejecución.  De otra manera, continuaremos teniendo guerras que no sólo ocurren sin conocimiento público, pero incluso sin escrutinio legislativo serio.  En 2017, la muerte de cuatro soldados estadounidenses en Níger alertó sobre la misión a un senador, quien luego declaró a la NBC: “yo no sabía que teníamos mil tropas en Níger”.

¿Y por qué habría de saberlo? El senador, Lindsay O. Graham, R-Carolina del Sur, quizá estuvo presente durante las interpelaciones sobre nuestras operaciones de contraterrorismo en Níger.  Pudo haber estado en la sala del comité en marzo, siete meses antes de la muerte de los soldados, cuando el Gen. Thomas Waldhauser explicó que no se estaban cubriendo las necesidades de inteligencia del comando, lo cual dejaba a las tropas en peligro por falta de información.  Y ¿por qué debía preocuparse Graham del tema?  Era una guerra privada, comenzada por instrucción del presidente Barack Obama, utilizando los poderes de guerra que le otorgó la AUMF de 2001.  Graham, como el resto del Congreso, no sería responsabilizado de la situación.

Presentemente, muchos soldados corren peligro en complejas zonas de guerra, mientras el Congreso ni siquiera se arriesga a debatir y votar sobre a quién deberíamos combatir, dónde y por qué deberíamos hacerlo, las posibilidades de éxito, y el gasto que requeriría.  El Rep. Michael McCaul, de Texas, el Republicano de mayor rango en el Comité para Asuntos Exteriores de la Cámara se opone a la derogación de la AUMF de 2002 argumentando que si se aprueba la derogación, “debemos reemplazarla con una nueva AUMF que refleje las amenazas en la región, las amenazas actuales, que son Irán”.  Y de hecho ese sería uno de los beneficios de la derogación.  Replantearía la pregunta de nuestro conflicto con Irán como parte de un proceso político más amplio que obligue a nuestros representantes a explicar a sus constituyentes lo que está en juego.  Ese nivel básico de rendición de cuentas pareciera ser lo mínimo que nos debemos a nosotros mismos, a nuestros soldados y a los residentes de todos esos países donde estamos matando personas.

Estamos supuestos a ser una nación fundada sobre un sano escepticismo respecto al abuso del poder gubernamental, cuyos documentos fundacionales se oponían a “ejércitos en pie de guerra sin el consentimiento de nuestras legislaturas”, o a permitir que los militares sean un poder “independiente y superior al Poder Civil”, y a “desplegar enormes ejércitos de mercenarios para completar un trabajo de muerte, desolación y tiranía”; pero nos estamos convirtiendo en algo similar al poder imperial contra el cual nos declaramos en revolución.  En una democracia no importa qué tanto puedas querer ir a la guerra o cuán grandiosa crees que vaya a ser esa guerra – si no estás dispuesto a presentar tus argumentos frente al pueblo estadounidense y tener el voto de sus representantes, entonces no deberías poder iniciar ninguna guerra.

Una derogación de la AUMF de 2002 difícilmente cambiará algo de lo que está mal en nuestra disfuncional política militar. La mayoría de las misiones están justificadas principalmente por la autorización de 2001, así que derogar la AUMF de 2002 es más un acto de “higiene legislativa” que un cambio sustancial, como me dijo hace meses el Rep. Peter Meijer (R-Michigan), quien estuvo en Irak con la Reserva del Ejército.  Pero es un buen primer paso.  Al menos, si el proyecto de ley llega al Senado, nos dará una idea de quién se preocupa lo suficiente del tema como para intentar la derrogación.

A comienzos de los 1960s, los soldados en Vietnam solían quejarse de que sus compatriotas estadounidenses eran ignorantes de lo que sucedía en el teatro de guerra.  “Cuando se participa en una guerra privada viene también una sensación de aislamiento”, escribió el periodista David Halberstam, “un sentimiento que les dice que aunque ésta pareciera ser su guerra, no es la guerra de su país”.  La espiral de desastres que ocurrió luego llevó a los estadounidenses a reflexionar.  Las guerras privadas no siempre permanecen privadas.  Y en una democracia, se supone que ni siquiera deberíamos tenerlas.

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Phil Klay es veterano del Cuerpo de Marines de EEUU, profesor invitado en Fairfield University y autor de la novela “Misioneros”.

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