Especial para The Washington Post · Ron Knox
La mayoría de las personas que siguen el ir y venir de las regulaciones federales esperaban que el Senado confirmara con facilidad a la profesora de leyes de Columbia University, Lina Khan, para unirse a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC por sus siglas en inglés). Y, el 15 de junio, lo hizo con una votación de 69 a favor y 28 en contra.
Pocos se esperaban lo que pasó luego.
Sólo horas después de la votación, la Sen. Amy Klobuchar, D-Minnesota, filtró la noticia durante otra audiencia en el Senado: el presidente Joe Biden había escogido a Khan, una crítica de la tecnología y activista antimonopolio de 32 años, para presidenta de la FTC. La impactante decisión puso a una de las más prominentes críticas del poder corporativo a cargo de la agencia mejor capacitada para combatir a las grandes empresas en beneficio de los trabajadores, las pequeñas empresas y los consumidores.
“El Congreso creó la FTC para salvaguardar la justa competencia y proteger a los consumidores, a los trabajadores y a las empresas honestas de prácticas injustas y engañosas”, tuiteó Khan. “Espero con ansias asumir esta misión con vigor y servir al pueblo estadounidense”. Aquellos que han sido testigos de los rápidos cambios en la forma de pensar de los estadounidenses en torno a los poderes monopólicos saben que no estaba hablando por hablar. Después de años de haber estado confinado a pequeños grupos de discusión entre académicos y economistas y al margen del debate dominante, el movimiento antimonopolio del siglo XXI llegó para quedarse. Y con el creciente apoyo popular, ha elevado su prominencia de formas que hubieran sido impensables incluso hace sólo cinco años.
Las preocupaciones en cuanto al poder corporativo ahora están firmemente asentadas en el Congreso. Demócratas como Klobuchar y el Rep. David N. Cicilline, D-RI, se encuentran en la primera línea de batalla como presidentes de paneles legislativos enfocados en las leyes antimonopolio; y algunos Republicanos, que por muchos años han defendido a las grandes empresas, también se están sumando. El Rep. Ken Buck, R-Colorado, y el Sen. Josh Hawley. R-Missouri, han apoyado públicamente dividir las gigantescas compañías de tecnología como Amazon y Google. Una investigación de 16 meses y un detallado informe de 450 páginas del Comité Judicial de la Cámara acusan al “Big Tech” (grandes empresas de tecnología) de abusos monopolistas. En respuesta a esa investigación y a otras revelaciones, esos miembros del Comité Judicial introdujeron y aprobaron esta semana 5 proyectos de ley sobre reformas antimonopolio que dividirían a Amazon, Google, Facebook y Apple y limitarían drásticamente su habilidad para crecer a través de fusiones. En ambos partidos, las bases subyacentes del consenso político están cambiando. (El dueño de Amazon, Jeff Bezos, es dueño de The Washington Post).
La administración Biden ha nombrado a dos fervientes antimonopolistas a cargos oficiales. Tim Wu, un ex oficial de la FTC y prominente crítico del Big Tech, en marzo aceptó un nombramiento al Consejo Nacional de Economía (National Economic Council), desde donde aconsejará a la administración sobre asuntos de tecnología y competencia. Más tarde ese mes, Biden nomina a Khan para que se una a la FTC – la agencia con el poder para democratizar nuestra monopolizada economía. La trayectoria y estudios de Khan sugieren que, como presidenta de la FTC, ella pudiera generar el más importante y fuerte activismo antimonopolio desde el famoso Nuevo Acuerdo (New Deal) de Franklin D. Roosevelt.
El nuevo fervor antimonopolio en Washington comenzó, y continúa en comunidades a lo largo y ancho de Estados Unidos. A través de su organización sindical, los trabajadores han luchado contra una práctica monopolista impuesta por una gran empresa de telecomunicaciones, Verizon, que se alía con las grandes compañías de cable para promover y vender los servicios respectivos de cada una, diciendo que esa práctica llevaría a un “dominio del mercado por un gigante de las telecomunicaciones sin ningún tipo de regulación”. Los votantes en Dakota del Norte han apoyado a las farmacias independientes en vez de permitir que poderosas cadenas y sus intermediarios depredadores lleven a las farmacias locales a la quiebra. Oficiales electos en múltiples ciudades y pueblos han prohibido las explotadoras tiendas de $1, las cuáles se alimentan de las comunidades de bajos recursos y llevan los abastos locales a la quiebra.
Promulgar reformas integrales, especialmente aquellas que incrementan los niveles de regulación después de décadas de fervor en la otra dirección, es un trabajo difícil, y no hay garantías de que el movimiento antimonopolio va a tener éxito en sus objetivos de cambiar las leyes e incrementar la supervisión. Pero lo logrado hasta ahora representa un admirable avance, especialmente dado lo arraigadas que están las filosofías pro-corporativas en la política estadounidense.
Para llegar hasta este momento, los legisladores y el pueblo en general han tenido que retar por la fuerza a un concepto económico que había sido canónico en los Estados Unidos. El estándar del bienestar del consumidor, como se le conoce, se elevó a la prominencia en los 1970s y 80s junto a las políticas que favorecían la concentración corporativa y el capital organizado, incluyendo la destrucción de las organizaciones laborales y la rápida desregulación de la banca, las aerolíneas y otras industrias. El estándar hizo de los bajos precios al consumidor el objetivo principal de las leyes antimonopolio, sin importar si una fusión u otras acciones de una corporación perjudicaban a los trabajadores, a las empresas pequeñas o a los valores democráticos. El estándar sonaba como un buen trato: siempre y cuando los precios a corto plazo permanecieran bajos para los consumidores, todo lo que una compañía quería hacer tenía permiso para hacerlo; después de todo, ¿a quién no le gustan los precios bajos?
Un libro de 1978, “La Paradoja Antimonopolio” (“The Antitrust Paradox”), escrito por el ex-procurador general, Robert Bork, adoctrinó a toda una generación de abogados, economistas, policías y jueces dentro de un culto bienestar del consumidor. Primero en las cortes federales y luego en los pasillos de gobierno, este parámetro guiaba cómo la estructuración y regulación de la economía. La aplicación de las leyes antimonopolio fue retirada del campo de acción del Congreso vía la intención subyacente de la Ley Antimonopolio Sherman de 1890 y legislaciones subsecuentes en el mismo campo: las leyes deben ser antídotos democráticos contra el poder corporativo ilimitado.
Ese enfoque tuvo consecuencias profundas. Hace una década, la codicia de un puñado de megabancos causó una calamidad económica global, en la que una burbuja inmobiliaria llevó a una Gran Recesión. Los estadounidenses estaban furiosos. En respuesta a la crisis, el presidente Barack Obama y el Congreso rescataron financieramente a estos bancos para evitar el colapso de la sociedad, mientras dejaban que millones de estadounidenses perdieran sus hogares y sus ahorros de toda la vida. Mientras los legisladores apoyaban a Wall Street en público – recibiendo el merecido rechazo de millones de personas – detrás de las cámaras permitían que el poder monopólico creciera en las industrias de tecnología, agricultura y en muchas otras áreas. Obama prometió que enfrentaría al poder corporativo en nuestro sistema alimentario, pero luego no hizo nada al respecto – incluso después de que agricultores, rancheros y hacendados detallaron cómo los monopolios agrícolas les robaban sus vidas. Especialistas de la FTC recomendaban que el liderazgo de la agencia demandara a Google por sus presuntos intentos por dominar el mercado de búsqueda móvil en los Estados Unidos; la agencia no tomó medidas, permitiéndole a Google incrementar su domino sobre el internet. Facebook compró Instagram y WhatsApp sin ninguna resistencia por parte del gobierno. Amazon expandió su imperio mediante fusiones sin regulación, una tras otra.
Pero para el segundo mandato de Obama, comenzó a aparecer la evidencia de que el poder corporativo sin regulación estaba envenenando la economía. Investigaciones académicas que detallaban las relaciones entre la concentración de los negocios y la desigualdad se hizo conocida en los círculos dominantes. The Wall Street Journal, un barómetro confiable sobre las tendencias económicas estadounidenses, detalló el preocupante incremento y efecto de la consolidación corporativa. La Casa Blanca de Obama, después de ignorar o apoyar al poder corporativo incluso bastante tiempo después del rescate a los bancos, empezó a producir informes críticos sobre la extrema concentración de las riquezas, y ordenó a funcionarios civiles iniciar un diagnóstico de los problemas de competencia. Después de detallar los incrementos en la desigualdad económica, el Economist proclamó el impulso de industrias más competitivas, “la próxima revolución capitalista”.
En 2016, la Sen. Elizabeth Warren, D-Massachusetts, se subió a una tarima dentro de un salón repleto de personas en el National Press Club y dio lo que se convertiría en un discurso decisivo para el ascenso del movimiento antimonopolio. “La concentración de la riqueza amenaza nuestros mercados, amenaza nuestra economía, y amenaza nuestra democracia”, dijo ella. Ese mismo año, cuando Bayer, el milmillonario conglomerado de agricultura y salud, intentó comprar la gigantesca compañía de agricultura Monsanto, era claro de que ese rechazo contra el crecimiento corporativo se había extendido hacia otras áreas de Capitol Hill también. Sí, el crítico del poder corporativo desde hace muchos años, el Sen. Bernie Sanders, I-Vermont, repudió el acuerdo; pero también lo hizo Klobuchar y el Sen. Mike Lee, R-Utah, — legisladores de ambos partidos cuyas posturas en el momento iban de moderadas a conservadoras. “La transacción tiene el potencial de convertirse en una pérdida sustancial de competencia”, dijo Lee, frenando la innovación y aumentando los precios. La fusión fue eventualmente aprobada. Pero el acuerdo y otros, como por ejemplo la toma de mercado realizada en 2019 por T-Mobile contra su rival Sprint, la compra de FitBit en $2,1 mil millones por Google, y el reciente plan de Amazon de comprar MGM, se han encontrado con la exigencia de una filosofía más democrática, igualitaria y antimonopolio, que apoya al Congreso en su intención original.
Reguladores federales y estatales ya han girado hacia una aplicación más vigorosa de las políticas antimonopolio. Los 50 fiscales generales de todos lo estados, guardianes de sus economías estadales, iniciaron una amplia investigación respecto al poder de Google sobre los mercados de publicidad digital en el otoño de 2019; un año después, el Departamento de Justicia y oficiales estadales demandaron al titán de las búsquedas, argumentando que había violado las leyes antimonopolio al entrar en contacto exclusivo con fabricantes de teléfonos, navegadores de internet y otros para asegurar que Google fuera la elección predeterminada cuando los consumidores buscaran algo en internet o preguntaban por direcciones. Dos meses después, la FTC demandó para dividir a Facebook después de su adquisición de Instagram y WhatsApp, la cual, según afirma la comisión, eliminó toda posibilidad de competencia real en la industria de las redes sociales que Facebook ahora domina. Ambas demandas están en curso. Facebook le ha solicitado al juez que desestime el caso de la FTC. Mientras tanto, el fiscal general de D.C., Karl A. Racine, demandó a Amazon el mes pasado por cláusulas anti-competencia en sus contratos con proveedores terciarios, y Ohio demandó a Google, con el objetivo de terminar con su auto-preferencia al convertirlo en una utilidad pública.
Junto a la legislación en el Senado para fortalecer las leyes antimonopolio, Cicilline y otros legisladores introdujeron este mes en la Cámara una serie de proyectos de ley bipartidistas que continuarán las recomendaciones del comité antimonopolio que él preside. El proyecto de ley clave dentro del paquete implementará “reformas estructurales” dentro de las compañías del Big Tech, obligando a las compañías a vender algunas partes de sus negocios como la única manera de asegurar un fin a los conflictos de interés que han lastimado a las firmas independientes y a los consumidores. Dos de los proyectos de ley – el proyecto de ley sobre división y otro destinado a imposibilitar su manipulación de los usuarios hacia sus propios productos y servicios – se parecen muchos a leyes pasadas que restringía métodos de organización corporativa, incluyendo la Ley Glass-Steagall de 1933, la cual separó la banca comercial de la banca de inversiones durante décadas. Otros proyectos de ley van a reescribir las leyes de fusión para prevenir una mayor concentración en tecnología e incrementar los presupuestos de las agencias antimonopolio. El Comité Judicial de la Cámara aprobó los proyectos de ley la semana pasada, con apoyo bipartidista que incluyó a Buck, al Rep. Republicano Matt Gaetz de Florida y otros. Los proyectos van ahora al debate plenario en la Cámara. En todo caso, la misión para fragmentar el poder monopólico está en curso.
Las compañías del Big Tech aseguran que ellas no operan de manera monopolística. Google, por ejemplo, ha insistido que los consumidores deciden cuál servicio de qué compañía quieren usar. Amazon argumenta que solamente capta una pequeña fracción de todo el mercado de ventas y que mayores regulaciones antimonopolio serían dañinas para los consumidores. Facebook argumenta que su adquisición de otras aplicaciones y servicios es simplemente “parte de cada industria”. Y Apple ha rechazado las acusaciones hechas por algunos legisladores de que utiliza su App Store “como una amenaza en contra de sus competidores”, entre otras acusaciones.
Para aquellos que se oponen al dominio de las corporaciones, hay un trabajo difícil por delante. Las gigantescas empresas siguen siendo absurdamente ricas, capaces de echar mano de un sin fin de recursos financieros en Wall Street para incrementar su poder aún más. Ellos donan a los legisladores y a sus partidos políticos, quienes permanecen en gran medida atados a sus benefactores corporativos. Legisladores de ambos partidos se han resistido a las leyes antimonopolio, entre ellos una coalición de miembros del Comité Judicial de la Cámara que incluye a la Demócrata de California, Zoe Lofgren y al Republicano Darrell Issa. Pero los Demócratas parecen mayoritariamente ganados a reformar y aplicar las leyes antimonopolio, y algunos Republicanos están interesados en dividir las empresas de tecnología en estos momentos – especialmente después de que la dirección de supervisión de Facebook sostuvo su suspensión indefinida del ex-presidente Donald Trump. Pero que la mayoría de los legisladores estén dispuestos a reformar la ley y combatir el poder corporativo a lo largo de toda la economía es algo que aún está por verse.
Incluso si nuevas leyes son aprobadas y nuevos reglamentos son promulgados, abundan las trampas. Las grandes corporaciones pueden y de hecho contratan ejércitos de abogados y economistas para defenderse de las demandas y acciones regulatorias. Los jueces que apoyan una interpretación estrecha de las leyes antimonopolio tienen prácticamente asegurados sus cargos. La Corte Suprema, reestructurada por la administración Trump, es profundamente conservadora y pro-corporaciones. Cualquier legislación tendrá que ser lo suficientemente específica y clara en sus instrucciones a los jueces, o quitar la decisión de sus manos, si la aplicación de las leyes antimonopolio va a estar a la altura de los retos actuales.
Pero es difícil detener a un movimiento popular. La revuelta colectiva que tiene el país entero desde hace una década contra el crecimiento desmedido de las corporaciones ahora está siendo respaldada por legisladores de todo el espectro político, incluso en la Casa Blanca. El poder corporativo afecta todo lo que toca, desde los precios que pagamos en las tiendas hasta nuestra posibilidad de leer las noticias locales o ganar un salario decente. No se dejará vencer sin luchar primero. Los músculos que los Estados Unidos han utilizado tradicionalmente para combatir al poder corporativo se han atrofiado por falta de uso durante el pasado medio siglo – sin embargo, van a fortalecerse al comenzar de nuevo a ejercitarlos. Por primera vez en décadas, ha llegado el momento de usarlos.
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Información del Autor:
Ron Knox es investigador principal y escritor en el Instituto para el Auto-Sustento Local (Institute for Local Self-Reliance).
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