El expresidente Trump está demandando a la ciudad de Nueva York para recuperar inversiones en un campo de golf en el Bronx pero la demanda sin duda llevará a la presentación de documentos que probablemente le sean dañinos. Foto: EFE.

Especial para The Washington Post · James D. Zirin 

El expresidente Donald Trump tenía un contrato con la ciudad de Nueva York para operar un campo de golf en el Bronx. Aseguró haber gastado $30 millones en una casa club, restaurant y una tienda deportiva de gran tamaño. Pero justo cuando estaba por abrir las instalaciones renovadas, se encontró a sí mismo en el lado menos favorable de un perentorio “¡estás despedido!”. El alcalde Demócrata de la ciudad Bill de Blasio canceló el contrato, diciendo que gracias a la conducta de Trump el 6 de enero, cuando una turba de sus simpatizantes invadió el Capitolio de EEUU, el campo ya no representaba “un campo de golf de primera clase con calidad para torneos”. En corto, la ciudad determinó que Trump se había convertido en una figura tóxica que no era capaz de llevar adelante un club de golf de esas características.

Trump introdujo una demanda en la Corte Suprema de Nueva York para reinstituir el contrato – o recibir sus $30 millones de vuelta. Él asegura que es multimillonario, así que $30 millones no deberían significarle mucho, pero de todas maneras ha iniciado la demanda. Lo cual no resulta una sorpresa. Demandar es lo que hace Trump. A lo largo de los años en su carrera profesional, como lo escribí en mi libro “Demandante en Jefe”, Trump se hizo cada vez más litigante – adquirió una mentalidad litigante. Demandaba ante el más sencillo conflicto. Demandaba como si fuera un deporte. Demandaba para obtener una sensación de control, y demandaba para sentar una postura. Demandaba como una manera para destruir o silenciar a aquellos que se interponían a sus deseos. Muchas veces demandaba y, poco después, retiraba la demanda. O años después, llegaba a un acuerd. Trump veía la ley no como un sistema de reglas a ser obedecidas e ideales éticos a ser respetados, pero como un arma potencial a ser usada contra sus adversarios, o un estorbo a ser eludido cuando se interponía en su camino.

Pero eso era en aquel entonces. Una presidencia de cuatro años interrumpió la carrera de Trump en los negocios, y fue bastante lo que ocurrió en ese tiempo. Trump ahora enfrenta amenazas legales en varios frentes. Es muy posible que el sistema legal, que tantas veces él ha utilizado como un arma o como un juguete a lo largo de toda su vida de adulto, le haya sido arrebatado. Ahora las demandas pueden significar una cosa por encima de todas las demás: investigación criminal.

Trump tiene una personalidad altamente litigante con una desafortunada tendencia al método de “preparados, fuego, apunten”. Nunca ha dudado en demandar con el fin de avanzar sus objetivos personales. La pregunta interesante es si esta demanda fue una mala jugada tomando en cuenta que él está ahora bajo investigación criminal en Nueva York, debido a sus turbios asuntos financieros, y en Washington y Georgia por su presunta conducta sediciosa antes y durante el 6 de enero. Las personas bajo investigación criminal son sabias si se mantienen en bajo perfil.

La declaración de Trump sobre el contratiempo en el proyecto del campo de golf fue irrelevante: “La ciudad no tiene derecho a terminar nuestro contrato. Las acciones del alcalde de Blasio son políticamente motivadas en su totalidad, no tienen asidero legal, y son otro ejemplo de los esfuerzos del alcalde por avanzar su agenda partidista e interferir con la libre empresa”. Pero la ciudad tenía el derecho de cancelar el contrato del campo de golf por muchas razones; lo que está en revisión en el litigio, entonces, es si la ciudad le debe dinero a Trump por las renovaciones y mejoras.

Pero al demandar, Trump se ha expuesto a aún más investigaciones a raíz de las solicitudes de documentos que son costumbre en los litigios civiles. Los estatutos de litigios civiles de Nueva York aclaran que “debe haber una presentación total de todos los materiales necesarios tanto para la acusación como para la defensa de una acción, sin importar lo complejo que resulte la presentación de dicha prueba”, y las cortes han interpretado estas provisiones de una forma bastante literal para darle a cada parte una vista previa del caso de la contraparte.

Los abogados de la ciudad sin duda querrán incluir el estado de las finanzas de Trump como parte de las averiguaciones. Se dice que él está profundamente endeudado. Su precario estado financiero podría descalificarlo para operar un campo de golf de torneos profesionales. Ellos también querrán indagar sobre qué quiso decir Trump el 6 de enero, cuando perpetuó la “gran mentira”, asegurando que había habido fraude masivo en las elecciones, instigando a una violenta turba de sus seguidores a invadir el Capitolio y “pelear como en el infierno” para detener la certificación de unas elecciones que él había “ganado avasallantemente” y para “recuperar nuestro país”. Con certeza, la ciudad solicitará los testimonios a la Asociación de Golfistas Profesionales (Professional Golfers’ Association, PGA por sus siglas en inglés) y al British Open; y es de esperar que testifiquen que cancelaron los planes de torneos en los campos de golf de Trump debido a que el nombre “Trump” se ha convertido en lodo.

Asimismo, los abogados de la ciudad solicitarán los documentos financieros que muestren cualquier conexión con el campo de golf y otros intereses de negocios de Trump. Ellos querrán investigar sobre el costo y calidad de las mejoras que Trump dice que realizó, y pueden incluso solicitar información respecto a la fuente de ese dinero. Si Trump solicitó el dinero como un préstamo, ellos citarán a los bancos e indagarán en sus relaciones financieras con Trump, incluyendo los estados financieros que él les entregó para solicitar el préstamo. Podrían indagar sobre sus controversiales pagos de impuestos.

Trump podría muy bien lamentar el día que inició esta demanda.

El objetivo de un litigio es llegar a la verdad, y a Trump, históricamente, no le ha ido muy bien con la verdad. The Washington Post contó 30.537 declaraciones falsas o engañosas que realizó durante su presidencia, y hubo muchas más antes de eso.

El periodista Tim O’Brien tocó un nervio sensible con su libro de 2005, “La Nación Trump: El Arte de ser el Donald” (“Trump Nation: The Art of Being The Donald”), cuando escribió que la fortuna total de Trump era entre $150 y $250 millones, en vez de los $6 mil millones que Trump le dijo a O’Brien que había amasado, o los posibles $2,5 mil millones reportados en la “lista de ricos” de la revista Forbes. Trump demandó por difamación, alegando que la afirmación era “notoriamente falsa”. Inició la acción legal, según sus propias palabras, porque quería dañar a O’Brien. Le dijo al Post que O’Brien era un “tipejo de poca monta”. “¡Vayan y demándenlo!”, le dijo Trump a su gente. “Va a costar”. Pero la balanza se inclinaba hacia el otro lado cuando Trump empezó a testificar durante las averiguaciones.

Ese día, los abogados contaron 30 veces en las que Trump fue sorprendido diciendo, bajo juramento, falsos testimonios sobre sus ganancias netas e ingresos. Él había sobrevalorado las ventas en sus proyectos residenciales. Había inflado las cuotas iniciales de uno de sus clubs de golf. Había incrementado falsamente el número de personas que empleaba. Cuando fue confrontado con la realidad, Trump culpó a los demás por los errores en sus declaraciones o dijo que él interpretaba la verdad de una manera distinta a la que mostraban los documentos – en corto, hechos alternativos.

Las declaraciones falsas de Trump durante las averiguaciones difícilmente lo ayudaron. En 2009, perdió el caso en juicio sumario, y la corte de apelaciones lo ratificó.

Trump conoce todos los peligros que conlleva mentir bajo juramento. En 1983, una brigada de trabajadores polacos, a quienes Trump contrató para hacer trabajos de demolición en las obras de su insigne edificio, el Trump Tower, lo demandaron a él y a otros en una corte federal por pagos sindicales pendientes y obligaciones médicas. Trump negó que los trabajadores indocumentados estuvieran trabajando en sus obras. Durante las averiguaciones, trató de distanciarse de las obras de demolición, testificando que “lo único que yo hacía era firmar cheques cuando me los enviaban”. En ese momento declaró bajo juramente que el “en verdad todavía no sabía si ellos eran extranjeros ilegales”.

Su testimonio era falso. Él sí sabía. Según el abogado que representaba a los trabajadores, Trump hizo que un abogado los llamara, amenazándolos con llamar a los Servicios de Inmigración para deportar a los trabajadores después de que éstos solicitaron al Departamento del Trabajo que abriera un caso por salarios pendientes y horas laboradas en su beneficio. El coordinador de los trabajadores testificó que a Trump “le gustó la forma como trabajaban los obreros en el edificio de la calle 57. Él declaró que “esos muchachos son buenos, arduos trabajadores’”.

En 1991, el juez Charles E. Stewart de la Corte Distrital para el Distrito Sur de Nueva York, en lo que debió ser un golpe devastador al nombre “Trump” y a su reputación, sentenció que Trump había “participado con pleno conocimiento” en el incumplimiento de los deberes con los trabajadores. Stewart no encontró las negaciones de Trump merecedoras de credibilidad, y exigió una compensación por incumplimientos de pagos a los trabajadores, intereses y tarifas de abogados y gastos de la corte.

En 1998, después de 15 años de litigio, tres rondas de averiguaciones, un juicio de 16 días y dos apelaciones, Trump llegó a un acuerdo para cerrar el caso. El pacto fue una total capitulación. Por acuerdo de las partes, los registros del acuerdo fueron sellados y así estuvieron hasta el 17 de noviembre de 2017, casi 20 años después del trato, cuando una corte federal, a pesar de la objeción de Trump, ordenó que se hicieran públicos los documentos. Después de todo el litigio, Trump pagó un total de $1,375 millones, con $500.000 destinados a un fondo de beneficios sindicales y el resto en pago de abogados. Normalmente, un defendido que va a llegar a un arreglo lo hace por menos. Este “arreglo” fue por el 100% de los daños establecidos por la corte. Trump no se ahorró nada por medio del juicio. Había perdido el caso.

Las averiguaciones en otros procesos civiles pueden exponer a Trump a una mayor pérdida de reputación o a más investigaciones criminales. La escritora E. Jean Carroll ha declarado que Trump la violó en el vestidor de la tienda Bergdorf Goodman en 1995, años antes de ser presidente. Como presidente, Trump la llamó “mentirosa” públicamente, alegando falsamente que nunca la había conocido, mientras que en una entrevista con The Hill se le citó diciendo: “ella no es mi tipo”. Carroll demandó por difamación y exigió como parte de las averiguaciones una muestra de ADN para compararla con una mancha en el vestido que ella tenía puesto en el momento del incidente. El caso aún no ha culminado la etapa de averiguaciones, porque Trump pudo mantener la demanda bajo control mientras era presidente. El Departamento de Justicia está buscando el sobreseimiento con base en la inmunidad soberana, y el asunto está en apelación. Si el gobierno tiene éxito, Carroll será dejada sin recurso legal.

Trump ha sido un hombre de teflón que asegura haber ganado incluso cuando ha perdido en la corte. Pero los litigios son costosos, consumen mucho tiempo y son peligrosos. Nadie puede predecir las vueltas que van a dar. Oscar Wilde y Alger Hiss iniciaron litigios que explotaron en sus caras, y ambos fueron a prisión. Esta vez, Trump puede haber movido mal sus cuerdas, y todo por un campo de golf en el Bronx.

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Información del Autor:

James D. Zirin, ex-fiscal federal, es el autor de “Demandante en Jefe: Un Retrato de Donald Trump en 3.500 Litigios” (“Plaintiff in Chief: A Portrait of Donald Trump in 3,500 Lawsuits”).

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