juez capitolio
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(c) 2021, The Washington Post ·-·David Weigel

La pesadilla es fácil de describir, porque estuvo a punto de suceder. Un partido pierde una agria elección presidencial pero mantiene el control del Congreso. Reta el conteo del colegio electoral, negándose a aceptar los resultados en estados clave, citando irregularidades que no se pudieron investigar a fondo. Uno ganó la elección presidencial; pero el otro es juramentado y se convierte en presidente.

Desde noviembre de 2020 ha habido desenfreno en varios estados por cambiar las leyes electorales y una campaña nacional a favor de un paquete de reformas liberales, la “Ley Para el Pueblo” (For the People Act). Pero hasta hace muy poco, no ha habido mucho debate sobre la Ley de Conteo Electoral (Electoral Count Act, ECA por sus siglas en inglés); la enrevesada y potencialmente inconstitucional ley de 1887 que fija las fechas límite para el proceso de certificación electoral y les permite a los miembros del Congreso objetar a los conteos totales de votos por cualquier razón.

“La Ley de Conteo Electoral en sí misma es infamemente compleja, opaca e inescrutable”, dijo el Rep. Jamie Raskin, D-Maryland, liberal y abogado constitucionalista que ha hecho campaña contra el propio colegio electoral por años. “Y sería toda una tarea comenzar a tratar de reformarla, porque hay mucha inercia en acción y múltiples trampas escondidas en ella”.

Es una notable respuesta a una ley que tiene pocos defensores, si es que tiene alguno. La ECA fue escrita como un esfuerzo de limpieza después de tres elecciones presidenciales consecutivas en las que el resultado dependió de apenas un estado. La desastrosa elección de 1876 es muy famosa, pero en 1884, un margen de apenas 1.149 votos en Nueva York envió a Grover Cleveland a la Casa Blanca. El colegio electoral es una creación de la Constitución, y los debates sobre si debe continuar existiendo – o si debe modificarse – han sido ahogados en el partidismo y en debates sobre la influencia de los “estados más pequeños”. Sin embargo, la ECA es sólo una ley, y puede ser derogada si el Congreso así lo decide.

¿Por qué alguien debería intentarlo? Tan intrincado como es el proceso de certificación de elecciones presidenciales, la ECA es una combinación de estrictas fechas límite que pueden complicar elecciones cerradas y maneras de cambiar los resultados electorales, hayan sido parejos o no. El año pasado, el Sen. Marco Rubio (R-Florida) trató de hacer referencia a ese problema, proponiendo una extensión a la fecha límite del 8 de diciembre – la fecha conocida como “refugio seguro” (“safe harbor”) – fecha para la cual todas las objeciones al conteo de votos dentro de los estados deben estar resueltas.

“Deberíamos darles a los estados la flexibilidad para proveer tiempo adicional a los funcionarios electorales locales de forma que puedan contar todos y cada uno de los votos, extendiendo el límite federal de ‘refugio seguro’ de los estados del 8 de diciembre hasta el 1 de enero”, escribió Rubio. Su propuesta no encontró copromotores y no ha sido presentada en este Congreso. Su oficina no respondió cuando se le preguntó el por qué, pero el hecho de que la campaña Trump continuó sus esfuerzos por revertir la elección después del 8 de diciembre, muestra lo inapropiada que fue la aplicación del “refugio seguro”.

Después del 6 de enero, cuando los Demócratas acusaron a los Republicanos que objetaron a la victoria de Biden de haber cometido subversión e incluso traición, los Republicanos les respondieron rápidamente que ellos lo hicieron primero. “Cada presidente Republicano en los últimos tres períodos ha sido rechazado por los Demócratas”, dijo el segundo Republicano en jerarquía en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, de Luisiana, cuando le preguntaron por qué la mayoría de los Republicanos en la Cámara estaban cuestionando la victoria de los electores de Biden en Arizona y Pensilvania. Algunos Republicanos fueron un poco más allá, acotando que incluso si le robaban a Biden los electores de esos estados, eso no lo habría detenido de convertirse en presidente, ya que tenía más de 270 votos del colegio electoral sin contar con esos estados. En 2005, la Sen. Bárbara Boxer de California había objetado la victoria Republicana de 2004 en Ohio para “hacer evidente la supresión de electores”, no para cambiar los resultados. Por tanto, ¿cuál era la diferencia?

El argumento era que las objeciones definidas por la ECA no tenían ningún sentido – pero no que el Congreso debería dejar de hacer lo que no tenía sentido. Trump y sus aliados creían algo diferente – que la ley no era un sinsentido, y que las objeciones podían ser usadas para negarle la presidencia a Biden, si tan sólo el vicepresidente Mike Pence los hubiera secundado.

“No podemos voltear la elección fraudulenta que nos fue robada a nosotros el pueblo”, dijo el locutor de radio y autor Eric Metaxas en la conferencia conservadora conocida como “Coalición Fe y Libertad” (“Faith & Freedom Coalition”) cerca de Orlando. Hizo referencia al hecho de que Pence no tuvo la autoridad para cambiar los resultados: “Si Mike Pence hubiera hecho lo que quizá pudo haber hecho, él sería elegido presidente de los Estados Unidos”.

Los Demócratas y los conservadores anti-Trump están cada vez más preocupados por esa actitud. Al promover la Ley Para el Pueblo, el partido del presidente ha señalado que los oficiales Republicanos de los estados que certificaron la victoria de Biden han sido excluidos o sujetos a retos en elecciones primarias: por esta razón, dicen ellos, es necesario que el gobierno federal asuma control de la situación. Pero la ECA no es realmente parte de la discusión. No hubo ninguna conversación seria sobre incluirla dentro de la Ley Para el Pueblo, la cual fue introducida por los Demócratas hace dos años. La ley es tan confusa, y tan rara vez relevante, que nunca había emergido como blanco de críticas.

“Poner al día la Ley de Conteo Electoral sería una gran adición a ese proyecto de ley”, dijo Aaron Scherb, director de asuntos legislativos en “Common Cause”, un grupo de mejores prácticas gubernamentales que fue instrumental en avanzar la Ley Para el Pueblo. "Porque las elecciones presidenciales sólo ocurren cada cuatro años, hay una especie de flujo y reflujo natural de los asuntos a los que la gente presta atención o de los problemas que surgen”.

En paralelo a los esfuerzos de todos los Republicanos por bloquear el principal paquete de restructuración electoral de los Demócratas, hay indiferencia en torno a la ECA. Los eruditos electorales han llenado el vacío, argumentando que un simple retoque, como elevar el requerimiento para que una objeción sea exitosa a algo como una mayoría de dos tercios para rechazar a los electores de los estados, en vez de mayoría simple – terminaría con algo de la confusión y con las fantasías de que algo en el código electoral del país permita que un resultado legítimo sea desechado.

“Simplemente los legisladores no lo tienen en mente, pero debería ser parte de un paquete de reformas más amplio que estuviera enfocado en prevenir la subversión electoral”, dijo Rick Hasen, profesor de la Universidad de California en Irvine, quien advirtió antes de las elecciones que el sistema era vulnerable a manipulaciones. “Las personas están enfocadas en apagar el incendio que tienen en frente, y esto no es un incendio actualmente. Pero por eso éste es el momento ideal para actuar. Estamos lejos de las próximas elecciones presidenciales. No se puede predecir qué el cambio vaya a ayudar a un candidato o a otro”.

Información del Autor:

David Weigel es corresponsal de política nacional cubriendo el Congreso y los movimientos políticos de base. Es el autor de “El Show que Nunca Termina” (“The Show That Never Ends”), una historia sobre el rock progresivo.

Lea el artículo original aquí.

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