La separación de familias que muchas veces dejan a madres sin apoyo de los padres o hasta separan a los menores de ambos, padre y madre, han generado imágenes desgarradoras que claman por una solución humanista e integral. Foto: The Washington Post.

(c) 2021, The Washington Post - Kevin Sieff

CIUDAD DE MÉXICO – La administración Trump comenzó a separar familias migrantes a lo largo de un extenso tramo de la frontera entre EEUU y México meses antes de lo que inicialmente había sido reportado – como parte de un programa poco conocido que salió a la luz sólo ahora que la administración Biden examina la data gubernamental.

En mayo de 2017, agentes de la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, comenzaron a implementar un programa conocido como la Iniciativa de Consecuencia Criminal (Criminal Consequence Initiative), la cual permitía imputar a las personas que cruzaran la frontera aunque fuera la primera vez que lo hacían, incluyendo a padres que habían entrado a los Estados Unidos con sus hijos y que habían sido separados de ellos.

De julio 1 a diciembre 31 de 2017, 234 familias fueron separadas en Yuma, de acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional reveladas recientemente, casi el mismo número de familias separadas que hubo en un conocido programa piloto en El Paso ese año. Puesto que el programa de Yuma comenzó en mayo, y los datos existentes de familias separadas comienzan en julio, es probable que el número de separaciones haya sido mayor a 234, un elemento que la administración Biden está ahora investigando.

Algunos de los padres que fueron separados como parte del programa en Yuma todavía permanecen separados de sus hijos, cuatro años después. Otros están desaparecidos – abogados y defensores de derechos humanos no los han podido localizar ya que fueron deportados solos. Los niños separados en Yuma en 2017 eran de edades tan pequeñas como 10 meses de edad, de acuerdo a las cifras del gobierno.

La nueva información muestra la dificultad de auditar muchos aspectos de lo que la administración Trump aplicó como política de inmigración, una serie de medidas siempre cambiantes cuyo objetivo era evitar que los migrantes cruzaran la frontera. Incluso la repercusión real de esa práctica de separar a las familias – probablemente la más infame política migratoria de EEUU en el último medio siglo – no se puede entender completamente.

Aunque el período oficial en el que la administración Trump aplicó la política de “tolerancia cero” iba sólo de abril a junio de 2018, es ahora claro que la separación de familias comenzó al menos un año antes de eso en algunos tramos de la frontera. Más de 5.600 familias fueron separadas desde mediados de 2017 hasta mediados de 2018, según el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS por sus siglas en inglés). La administración Biden está investigando si llegaron a ocurrir más separaciones previas sin haber sido registradas durante etapas anteriores del mandato de Trump.

Las estadísticas de Yuma fueron identificadas por la administración Biden como parte de sus esfuerzos por reunificar a las familias migrantes separadas durante el período de Trump. En ese proceso, los funcionarios de Biden también han descubierto que la extensión geográfica en la que se llevaron a cabo las separaciones de familias fue mucho mayor de lo que inicialmente se conocía.

Entre 2017 y 2018, padres provenientes de al menos 22 países de cinco continentes fueron separados de sus hijos por los oficiales de inmigración en la frontera. Aunque la mayoría provenía de América Central, otros venían de países tan lejanos como el Congo, Kirguistán y Hungría.

La política de separación de familias culminó por orden de una corte en junio de 2018. El gobierno federal elaboró tres reportes distintos sobre sus impactos, y el Congreso llevó a cabo múltiples audiencias. Pero las separaciones de Yuma no fueron divulgadas públicamente hasta la publicación, el mes pasado, de un escueto reporte del Departamento de Seguridad Nacional sobre los esfuerzos de la administración Biden por reunificar a las familias.

El reporte del DHS dice que “es sabido que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU llevó a cabo la práctica de separación de familias en conexión con la política de tolerancia cero en el sector de patrullaje fronterizo de El Paso desde abril 1 hasta diciembre 31 de 2017”. Pero “los datos sugieren que un número similar de separaciones ocurrió en el sector Yuma durante el mismo período”.

El departamento no explicó qué ocurrió exactamente en Yuma, pero a través de entrevistas con oficiales de gobierno y abogados, así como por medio de los registros de las cortes y documentos gubernamentales, The Washington Post ha podido dilucidar detalles sobre este programa. En muchos casos, los abogados del Departamento de Justicia mencionaron la Iniciativa de Consecuencia Criminal en la corte como base para encarcelar a los padres. En reportes de aprehensión, los agentes de la Patrulla Fronteriza se basaron en esta política para justificar la separación de padres e hijos.

Cuando se le solicitó un comentario, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que no podía confirmar si el programa había llevado a cabo las separaciones.

“La Patrulla Fronteriza del sector Yuma llevó a cabo una iniciativa de enjuiciamientos en mayo de 2017”, dijo la agencia en una declaración. “Sin embargo, la Patrulla Fronteriza no es capaz de asegurar que haya una relación entre la iniciativa de enjuiciamientos del sector Yuma y los 234 casos de separación de familias mencionados en el ‘Reporte sobre el Progreso de la Reunificación de Familias’ del DHS”.

La Iniciativa de Consecuencia Criminal fue aplicada en cuatro sectores de la Patrulla Fronteriza en la primavera de 2017. El enjuiciamiento y encarcelación de las personas que cruzaban la frontera por primera vez fue obra del fiscal general Jeff Sessions. El programa priorizaba a reincidentes y criminales. Pero en 2017, casi la mitad de las personas aprehendidas en Yuma eran parte de unidades familiares, de acuerdo a la data del DHS. Fueron a menudo los padres los que fueron llevados a juicio y encarcelados por el programa – y fueron separados de sus hijos en el proceso.

Aparentemente, la administración Trump separaba y encarcelaba a los padres en Yuma todos los días a lo largo de la mayor parte de 2017. El esfuerzo parece haber pasado inadvertido debido a que Yuma es uno de los sectores más remotos a lo largo de la frontera. Meses antes de la concepción del programa, el sheriff del condado de Yuma, Leon Wilmot, había estado promoviendo la implementación de un programa que encarcelaría a todos los migrantes indocumentados que fueran capturados en el sector.

“Sin un agresivo enjuiciamiento por parte de la fiscalía de EEUU contra todos aquellos que cometen un acto criminal al traspasar nuestra frontera, el pueblo estadounidense continuará experimentando una frontera que es una puerta abierta para que ese elemento criminal lo explote”, dijo Wilmot en febrero de 2017 en una audiencia en el Congreso.

En marzo de 2017, el entonces secretario de seguridad nacional, John Kelly, le dijo a CNN que estaba considerando separar a las familias para disuadir a los migrantes de llegar a la frontera. Los niños, dijo él, “serán cuidados mientras lidiamos con sus padres”.

Después de que esos comentarios generaran gran repudio, Kelly buscó maquillar la medida, diciéndoles a los miembros del Comité de Seguridad Nacional y Supervisión Gubernamental del Senado en abril de 2017 que las familias permanecerían unidas al menos que “la situación en el momento lo amerite”.

Pero un mes después, el gran aumento en la separación de familias abrumó a las cortes federales de Yuma.

“Yo recuerdo que fue bastante horrible. Hubo un aumento dramático repentinamente”, dijo Nora Núñez, abogada en la oficina de defensores públicos del condado de Yuma, quien ha defendido a muchos de los padres que han sido separados de sus familias.

“De repente me llegaron muchísimos casos, muchas veces varios al día”, dijo ella. “Pensé en ese momento que quizá estaban probando la implementación de un nuevo programa”.

Ese julio, James F. Metcalf, un juez federal magistrado de EEUU, emitió sentencia respecto a un caso previo de separación de familia, un padre guatemalteco llamado René Jimón, quien había sido separado de su hija.

En esa audiencia, Metcalf comentó que esos casos eran comunes en Yuma. “Yo estoy preocupado por el hecho de que usted tiene a esta niña, pero debo asegurarle que usted no es la primera persona que se encuentra en esta situación”, le dijo Metcalf a Jimón, de acuerdo a una grabación de audio del juicio. “El gobierno ha puesto en marcha un proceso para situaciones como ésta y a los niños se les da cuidado y se les provee de un ambiente seguro en medio de estas situaciones”.

En los documentos de aprehensión de la Patrulla Fronteriza, los agentes estaban claros después de que el programa fue implementado de que los padres tendrían que ser separados de sus hijos para poder ser enjuiciados y encarcelados.

En una boleta de detención obtenida a través de una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act o FOIA por sus siglas en inglés), un agente escribió que una madre guatemalteca que fue encarcelada bajo la iniciativa en julio de 2017 “fue separada de [su hija] debido a que [ella] presentaba reincidencia procesal”.

La extensión geográfica de las separaciones de familias ha llegado como una sorpresa para aquellos que trabajan en el esfuerzo de reunificación.

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, no sólo vinieron de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también de Angola, Argentina, Belice, Brasil, Colombia, el Congo, Ecuador, Hungría, India, Irlanda, Kirguistán, Nicaragua, Nigeria, Perú, Rumania, Rusia, Uzbekistán y Venezuela.

Los oficiales dicen que es posible que algunas de esas familias de lugares remotos puede que ya hayan sido reunificadas. Pero como la administración Trump llevó registros limitados, la única manera para confirmar si las familias continúan separadas es contactando a los padres directamente. Los oficiales dicen que ellos tienen la esperanza de que las familias que continúan separadas puedan contactarlos a medida que el programa de reunificación recibe más atención global.

“Yo tengo la esperanza de que muchas de esas familias, al escuchar que existe esta oportunidad, darán el paso adelante y nos contactarán”, dijo Michelle Brané, directora del equipo de reunificación familiar del DHS. “Nuestro trabajo es crear esta sensación de confianza, es crear un mecanismo seguro para que las personas puedan hacer eso”.

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU por sus siglas en inglés) ha catalogado casos que dan luces sobre el impacto global de esta política.

En agosto de 2017, por ejemplo, un padre de Tayikistán fue separado de su hija de 4 años. En octubre de 2017, una madre de Rumania fue separada de su hijo de 6 años. En abril de 2018, tres hermanos de Nigeria – de 12, 14 y 16 años – fueron separados de su padre. En diciembre de 2017, un niño de 2 años proveniente de Brasil fue separado de su padre.

“Sabemos por los documentos de los litigios que las familias separadas por la administración Trump no sólo venían de América Central pero de todas partes del mundo”, dijo Lee Gelernt, el abogado principal en la demanda de ACLU por la separación de familias, “lo cual hará que todo este proceso de reunificar a las familias sea algo mucho más difícil de lograr”.

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María Sachetti y Nick Miroff, del Washington Post, contribuyeron con este reporte.

Información del Autor:

Kevin Sieff ha sido el corresponsal del Washington Post para América Latina desde 2018. Previamente sirvió como el jefe del periódico en la oficina de África y en la oficina de Afganistán.

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