“No le creo capaz de robarse una estufa roja caliente”. Esa fue la respuesta del congresista Thaddeus Stevens cuando Abraham Lincoln le preguntó sobre la honestidad de su secretario de guerra Simon Cameron.
Para muchos observadores de Washington, no mucho ha cambiado desde los días en los cuales Cameron se movía entre el Senado, el Departamento de Guerra y sus negocios privados.
Eso es evidente por la falta de confianza que tienen los estadounidenses en la honestidad del Congreso. En un reciente estudio de Gallup, un 63 por ciento de encuestados respondió que la honestidad y los estándares éticos de los miembros del Congreso son bajos o muy bajos.
Hay muchas razones, claro está, por las cuales uno puede ser escéptico sobre los motivos de los políticos – a Washington nunca le faltan escándalos. Pero un tema que sobresale es la compraventa de acciones individuales por parte de representantes elegidos, mientras son miembros del Congreso.
Los miembros del Congreso tienen acceso a todo tipo de información que influye en los precios de cotización de los valores de empresas – desde el desarrollo de leyes, a información confidencial suministrada para reuniones de comité, hasta conocimiento de las actitudes de los reguladores hacia alguna compañía o sector particular.
Se necesitaron unos doscientos años de avergonzar a los sinvergüenzas, pero ahora se tiene una ley que prohíbe que los políticos comercien injustamente en base a esa información – la ley conocida como “Ley Stock-A”, o “Ley del 2012 que Prohíbe Comercializar Usando Información del Congreso”.
Presentada como resultado de controversias derivadas de la comercialización de acciones por parte de políticos durante la crisis financiera, busca que los miembros del Congreso no “usen información que no es pública, derivada de su posición oficial, para obtener beneficios financieros y para otros propósitos”. El problema es que la ley no parece haber tenido mucho efecto. Hasta algunos Representantes piensan que ha sido demasiado débil.
El 3 de marzo pasado, el Senador Jeff Merkley, el Representate Raja Krishnamoorthi y otros de sus colegas Demócratas y Republicanos introdujeron un proyecto de ley para “Prohibir la Comercialización Conflictuada” en aras de eliminar la compraventa de acciones individuales por parte de los congresistas.
Según dijo Merkley en aquel momento, “esta práctica es profundamente corrupta. Primero, sesga el punto de vista de los miembros del Congreso cuando evalúan legislación que está relacionada a acciones en su cartera. Segundo, los miembros pueden comprar y vender acciones en base a información privilegiada a la cual el público no tiene acceso, y eso es simplemente incorrecto”.
Las propuestas para el proyecto de ley fueron presentadas luego de una protesta respecto al comercio accionario por parte de los legisladores durante el comienzo de la pandemia del Covid-19. El ejemplo de mayor perfil fue Richard Burr, el entonces presidente del comité de inteligencia del Senado, quien fue investigado por vender acciones con un valor de hasta $1,7 millones el 13 de febrero del año pasado.
Si bien Burr insistió que actuó en base a información pública y reportes de prensa, se cuestionó si en realidad no se había basado en información privada recibida en sesiones exclusivas para senadores. El Departamento de Justicia le dijo a Burr en enero que no sería imputado. Tres otros senadores investigados por cotizar acciones también fueron absueltos.
Mientras a los miembros del Congreso les esté permitido comprar y vender acciones de empresas individuales, siempre serán cuestionadas la validez y rectitud de las transacciones. Considérese, por ejemplo, la compraventa por parte de congresistas de acciones de Wells Fargo. Para este banco, el desempeño futuro del precio accionario depende críticamente de la regulación y supervisión.
En el 2016, se reveló que el banco incurría en prácticas corruptas bajo el amparo de su alta gerencia. Esto llevó a una serie de audiencias en el Congreso y los reguladores limitaron el tamaño del banco a un máximo de$1,95tn (millones de millones de dólares) hasta que esclareciera y arreglara la situación. En febrero del 2020, la nueva gerencia de Wells acordó pagar $3 mil millones en multas en un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia.
La recuperación del banco dependerá en parte de que logre escapar de la camisa de fuerza que los reguladores han impuesto a su tamaño. Durante el último año, la esperanza de que lo logrará ha sido uno de los factores tras el aumento de 77 por ciento en el valor accionario de Wells Fargo. Entre quienes están dispuestos a apostar por el banco están los miembros del Congreso.
Le pregunté a Quiver Quantitative, una firma de investigación basada en Wisconsin, que me consiguiera las cifras de compraventa de acciones de Wells Fargo por parte de miembros del Congreso en el último año, período en el cual los reguladores han estado considerando su futuro. Quiver envió una lista de compras y ventas de casi tres páginas, en tamaño de letra pequeña. Dado lo público de la historia de Wells Fargo, esto podría ser simplemente una apuesta por la recuperación del banco. Pero siendo francos, algo no huele bien.
Evalúenlo, si el presidente de un órgano regulatorio de bancos como la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés) fuera sorprendido especulando sobre acciones bancarias, se le destituiría de inmediato y probablemente sería imputado. Pero los políticos a quienes ese regulador le rinde cuentas, y que controlan las asignaciones financieras y prioridades regulatorias, compran y venden libremente acciones en empresas altamente reguladas.
El Proyecto de Ley para Prohibir la Comercialización Conflictuada puede haber llegado algo tarde pero está en lo correcto.
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