El presidente Biden habla durante una reunión con el fiscal general Merrick Garland y algunos líderes locales sobre la estrategia de la administración para reducir los crímenes por armas de fuego. Foto: The Washington Post.

(c) 2021, The Washington Post - Devlin Barrett

WASHINGTON – Oficiales del Departamento de Justicia urgidos por hacer algo respecto al pronunciado incremento de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos lanzaron un esfuerzo el jueves para cortar el flujo de armas hacia cinco grandes ciudades, teniendo como objetivo los compradores intermediarios de armas de fuego que luego son usadas para cometer crímenes. En una reunión con los líderes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF por sus siglas en inglés), el fiscal general Merrick Garland alertó sobre “la tragedia causada por la violencia por armas de fuego que el país está enfrentando”, la cual afecta no sólo la seguridad de las ciudades y poblados, sino también la de los oficiales de los cuerpos de orden público.

Más tarde ese mismo día, Garland viajó a Chicago para hablar más sobre los esfuerzos por rastrear el flujo de armas de fuego. Chicago es una de las cinco grandes ciudades que está recibiendo atención especial por parte del Departamento de Justicia, junto al Distrito de Columbia (Washington DC), Nueva York, Los Ángeles y el área metropolitana de San Francisco.

En el medio de una pandemia sin precedentes, los tiroteos incrementaron dramáticamente en la mayor parte de los Estados Unidos en 2020, y las cifras muestran que los homicidios se elevaron en un 20 porciento – el mayor incremento en un solo año desde que se empezó a llevar este registro el siglo pasado.

Desde una perspectiva histórica, los niveles de crímenes violentos aún están bastante por debajo de las altas cifras sufridas durante los 1990s. Pero hay cada vez más preocupación entre los políticos y las fuerzas policiales – incluso en un momento en el cual la administración Biden trata de conjugar la seguridad pública con la responsabilidad policial en casos de mala conducta de sus oficiales y la reducción de su presencia en algunas comunidades.

La semana pasada, el presidente Biden hizo un llamado para ampliar las regulaciones a los vendedores de armas y desmantelar el tráfico ilegal de las mismas, mientras urgía a las comunidades a usar los fondos de socorro por el coronavirus y otros recursos para contratar más policías, pagarles horas extras a los oficiales e invertir en prácticas de policía comunitaria y programas sociales.

Las agencias de orden público también están tratando de ser más visibles y agresivas, teniendo la esperanza de contrarrestar el miedo que se ha generado a raíz de incidentes alarmantes como el tiroteo a las afueras del estadio de beisbol de los Nacionales, que desató un éxodo lleno de pánico el sábado, o el letal tiroteo de un niño en el Distrito un día antes.

El jueves, la vicefiscal general de Garland, Lisa Mónaco, acompañó la gira de una operación móvil para el rastreo de armas en el Distrito – un gran camión de carga remodelado en el cual los agentes pueden rápidamente analizar las armas recuperadas en escenas de crímenes y tratar de establecer su relación con otros tiroteos o sospechosos.

Un detective policial del Distrito, Wayne Gerrish, le mostró una pistola calibre .45 recuperada un día antes en la escena de un asesinato en el distrito policial #7.  Disparó el arma dos veces en un receptáculo de seguridad, atajando limpiamente en cada disparo los casquillos de bala mientras salían proyectados por uno de los lados de la pistola.

“Todos sabemos que nuestro trabajo es ir tras aquellos que halan el gatillo,” había dicho Mónaco a los oficiales de la ATF en el cuartel general de la agencia un día antes. “...Pero nuestro trabajo es también por supuesto perseguir a las fuentes de esas armas, los espacios en los que se mueven y las redes que suministran estas armas a los lugares donde están llevando a cabo los crímenes más violentos. Y de esto precisamente se trata este esfuerzo de acción policial especializada”.

Los oficiales de la ATF han dicho por mucho tiempo que el tráfico de armas de fuego no es típicamente el trabajo de grandes empresas criminales coordinadas entre ellas. En cambio, en operaciones de pequeña escala, los vendedores ilegales de armas encuentran a individuos que compren las armas y luego se las entreguen para ser revendidas a criminales en otros pueblos o estados.

Esas compras intermediarias son ilegales. Pero generalmente es difícil probar que los compradores iniciales mintieron en el papeleo. Por esa razón, los oficiales dicen que muchos casos no son procesados. En una conferencia de prensa el miércoles en la noche, un oficial de la ATF comparó a los traficantes de armas de fuego con “hormigas que marchan de un lugar a otro”.

“Es difícil lograr el éxito en procesos acusatorios de este tipo, a pesar de que muchas veces el crimen procesable ocurre efectivamente cuando un comprador obtiene las armas”, dijo un oficial de la ATF, hablando en condición de anonimato para poder hablar abiertamente de nuevas estrategias investigativas y procesales. “Y al evaluar la compra inicial, muchos fiscales desestiman la falta como una simple infracción de papeleo”.

Según los oficiales, de ahora en adelante las oficinas de la fiscalía general de EEUU y los agentes de la ATF buscarán procesar a muchos más compradores intermedios de armas de fuego – enfocándose no sólo en las grandes ciudades, sino también en los pueblos y estados vecinos que suministran muchas de las armas usadas en estos crímenes, incluyendo el corredor a lo largo de la Interestatal 95 y en Indiana, Nevada y Arizona.

Algunos intentos previos por perseguir a las fuentes de las armas de fuego ilegales se han visto inmersos en debates en torno a una ley federal conocida como la Enmienda Tiahrt, la cual le prohíbe a la ATF identificar públicamente a las fuentes principales de las armas de fuego que luego son usadas en crímenes. Un agente del Departamento de Justicia, hablando en condición de anonimato antes del anuncio oficial, dijo que la actual versión de la enmienda – la cual es criticada por los grupos que piden mayor control sobre las armas de fuego por considerarla uno de los principales obstáculos que enfrentan – no inhibirá los esfuerzos del departamento.

Garland reconoció el jueves la influencia que la política tiene sobre el debate público en torno al crimen, solicitándole al Senado la confirmación de David Chipman, el nominado de la administración Biden para dirigir la ATF. La Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association, NRA por sus siglas en inglés), ha criticado fuertemente a Chipman, un oficial de carrera retirado de la ATF que luego trabajó como consejero para el grupo contra la violencia por armas de fuego Giffords, describiéndolo como un promotor demasiado celoso de las regulaciones a la tenencia de armas de fuego. Es incierto si su nombramiento será aprobado o no.

El vocero de la NRA, Lars Dalseide, dijo que la organización “ha promovido un estricto cumplimiento de las actuales leyes contra criminales durante décadas. Y, aunque le damos la bienvenida a este nuevo fiscal general y a su Departamento de Justicia en su esfuerzo por procesar a los compradores intermedios y a otras fuentes criminales de armas de fuego, somos escépticos de que una administración tan enfocada en atacar los derechos de propietarios legales de armas de fuego vaya a desarrollar políticas que realmente se enfoquen solamente en los criminales”.

Mientras tanto, un grupo de senadores Republicanos hizo un llamado el jueves para aprobar legislación que apoye a los vendedores de armas con licencia al elevar las sentencias de prisión para aquellos que roben armas de fuego de las tiendas de armamento. “Los Demócratas están determinados a restringir los derechos derivados de la Segunda Enmienda para los propietarios legales de armas de fuego, pero no han tomado acciones para traer a los criminales a la justicia”, dijo en una declaración el Sen. Tom Cotton, R-Arkansas. “Los crímenes violentos están aumentando y los criminales, especialmente aquellos que roban armas de fuego, deben enfrentar consecuencias serias”.

Jeff Asher, analista de crímenes, dijo que la estrategia del Departamento de Justicia de reducir la disponibilidad de armas “es ciertamente una meta loable. Pero estoy estimando que es un paso pequeño relativo a la escala total del problema, el cual ciertamente es de carácter nacional”.

La administración Biden “está tratando de hacer algo respecto al histórico incremento en los asesinatos y en la violencia por armas de fuego. Pero la realidad es que el gobierno federal tiene herramientas limitadas para poder tener un impacto considerable en el corto plazo, y es más probable que se obtengan resultados más inmediatos a través de la aplicación de programas locales y de la intervención de los cuerpos de orden público en conjunto con la comunidad en general”, dijo Asher.

El incremento del año pasado en los homicidios “fue prácticamente en todos lados, y no sólo en las grandes ciudades”, señaló. El crimen en general bajó el año pasado, incluso mientras los tiroteos incrementaban, añadió, sugiriendo que el problema del incremento en la violencia por armas de fuego es probable que requiera soluciones específicas, diseñadas a la medida de cada una de las necesidades.

Cada vez más, las agencias de orden público están volcándose hacia la tecnología para tratar de reducir la violencia por armas de fuego, la cual casi siempre está concentrada en pequeñas áreas o zonas de las ciudades. El actual director de la ATF, Marvin Richardson le dijo a Garland el jueves que su agencia se ha convertido en una institución “basada en los datos y guiada por la inteligencia”.

Cuando Garland se reunió con oficiales de la policía de Chicago más tarde ese mismo día, ellos enfatizaron la importancia de combinar la tecnología de detección de disparos con los equipos de cámaras.

Garland ha anunciado previamente otras medidas dirigidas a reducir la violencia, incluyendo un mayor escrutinio de los vendedores de armas de fuego, un estudio planificado al detalle sobre el tráfico de armas en Estados Unidos, y una persecución de las llamadas “armas fantasma” – kits que les permiten a los compradores ensamblar armas de fuego que no llevan números de serial.

Información del Autor:

Devlin Barrett escribe sobre el FBI y el Departamento de Justicia, y es autor de “La Sorpresa de Octubre: Cómo el FBI Trató de Salvarse a Sí Mismo y Destruyó unas Elecciones”. Fue parte del equipo ganador del premio Pulitzer de 2018 en la categoría Reportajes Nacionales, por su cobertura de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.

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