Eriberto Pop, abogado guatemalteco que ayuda a los EEUU a reunificar a familias de migrantes que fueron deportados, a su llegada a la casita de uno de los padres en las montañas de Guatemala. Foto: The Washington Post by Simone Dalmasso.

(c) 2021, The Washington Post - Kevin Sieff

La familia extraviada en la lista de Eriberto Pop tenía que estar por aquí, pensó él.

Había pasado ocho horas en un carro y muchas más en una motocicleta para llegar a esta remota aldea en las montañas occidentales de Guatemala. Ahora miraba la cuesta enlodada que se elevaba frente a él, el camino desapareciendo hacia los adentros de la montaña. El último tramo tendría que recorrerlo a pie.

Guardó los documentos del gobierno de EEUU en su mochila. Había una nota impresa en la parte inferior de la primera página, era un despacho de la era Biden que había llegado hasta allá: “Haz todo lo que puedas por encontrar a la familia”.

Más de cuatro años después de que la administración Trump comenzó a separar a las familias de migrantes que llegaban a la frontera, Pop es uno de varios buscadores tratando de encontrar a los padres que fueron deportados solos hacia algunos de los rincones más remotos de América Central. Doscientos setenta y cinco de ellos aún están extraviados.

La mayoría de los niños permanecen en los Estados Unidos con familiares propios o familias adoptivas. Algunos eran apenas bebés cuando la Patrulla Fronteriza se los quitó a sus padres de los brazos; hoy en día han vivido la mayor parte de sus vidas separados de ellos.

La administración Biden ha acordado reunificar a esas familias en los Estados Unidos – una reparación para la más controversial política migratoria de EEUU en décadas. La parte más difícil ha sido localizar a los padres.

La administración Trump guardó pocos datos sobre las familias que separaba. En muchos casos, apenas quedan pequeños retazos de información: el nombre de un padre deportado, una aldea en Guatemala u Honduras, un número telefónico que quizás ya no funciona.

Esa información es enviada por el gobierno de EEUU a través de una cadena de organizaciones legales y, eventualmente, llega a personas como Pop, un abogado de derechos humanos de 33 años de edad residenciado en el departamento de Alta Verapaz en Guatemala, quien recorre el país de un extremo a otro en busca de los padres extraviados.

Él tiene cara de niño, lleva una camisa de colores y carga una mochila negra. Lejos de su oficina legal de una sola habitación, repleta de documentos y libros sobre el código Maya, las personas a veces piensan que es un estudiante.

A Pop se le paga una tarifa por horas de trabajo. A menudo duerme en los pisos de las escuelas. Su motocicleta ha sido arrastrada por los ríos desbordados.

Ha llenado las paredes de las aldeas indígenas con anuncios impresos en letras negritas: “FAMILIAS SEPARADAS”.

“Si usted ha sido deportado recientemente...”

“Si su hijo aún está en los Estados Unidos...”

“Nosotros podemos ponerlo en contacto con abogados estadounidenses que le expliquen sus opciones de reunificación”.

Aunque la administración Biden ha publicitado su Grupo Operativo para la Reunificación de Familias (Family Reunification Task Force), le ha dejado el trabajo de encontrar a los padres a pequeñas organizaciones de la sociedad civil, las cuales el gobierno cree que son más confiables en ese terreno. El resultado puede parecer bizarro: un voluntario guatemalteco en una moto alquilada tratando de cumplir una promesa de la Casa Blanca.

Incluso antes del esfuerzo de Biden, Pop había estado haciendo este trabajo, y para esta primavera, después de más de un año de búsqueda, Pop ya había encontrado a 80 padres. En Chicamán, estaba buscando al padre que podría ser su número 81.

Una descripción del hombre había llegado a él por un email de “Justice in Motion”, una organización sin fines de lucro basada en Brooklyn. Incluía su nombre, pero pocos detalles más. Pop imprimió el mensaje y lo guardó en su mochila.

“Cada búsqueda es un poco distinta”, dijo Pop. “¿La familia se mudó? ¿Están escondidos? ¿Los padres intentaron cruzar nuevamente hacia Estados Unidos? A veces uno llama a la puerta y no hay nadie allí”.

Él lleva una lista con los nombres de los padres que aún no ha podido encontrar. Ellos permanecen, en la jerga del esfuerzo de reunificación de EEUU, en estatus de “inalcanzables”.

Pop estacionó su motocicleta y empezó a subir la cuesta de la montaña. Sus mocasines rápidamente quedaron cubiertos de barro. Un agricultor se quedó observándolo. Pop le hizo un gesto de saludo y le preguntó por direcciones.

El agricultor apuntó hacia una cabaña que se estaba hundiendo en la tierra que la rodea. Parecía una foto fija de un deslave en pleno desarrollo.

Momentos como éste ocurrían con frecuencia – cuando Pop llegaba a una dirección que parecía estar deshabitada, cuando se imaginaba añadiendo otro nombre a la lista de “inalcanzables”. Otro callejón sin salida.

Esta vez lo dijo en voz alta: “¡Pareciera que todo este lugar está a punto de ser destruido!”. Luego una mujer salió de la maraña de ramas que rodeaba la cabaña. Llevaba puesta una blusa tejida a mano y calzaba unas sandalias de plástico. Su cabello estaba bien recogido en un moño; una estampita de la Virgen María colgaba de su cuello.

“Buenos Días”, dijo Pop en lengua Quekchí, la lengua de Chicamán. “Espero no  haberlos sorprendido”.

Para el momento en el que un juez federal ordenó en junio de 2018 terminar con la política de separación de familia migrantes implementada por la administración Trump, más de 5.000 niños ya habían sido separados de sus padres.

Más de 1.000 padres fueron deportados solos, con sus manos y pies encadenados, enviados en vuelos especiales de regreso a los países de los que habían huido.

Una vez que llegaban a las ciudades capitales, algunos tomaban autobuses o taxis de regreso a sus pueblos natales. Otros se escondían para evitar las amenazas de las que habían intentado escapar. Muchos más ya habían vendido sus casas para pagarles a los contrabandistas por el fracasado viaje al norte, terminando desplazados dentro de sus propios países.

Pedro C. fue separado de su hijo Wilson en agosto de 2017 – cerca de un año antes de que la administración Trump anunciara públicamente su política de separación de familias migrantes – como parte de un programa piloto que no fue develado en su momento. El niño tenía entonces 13 años de edad.

Pedro – Justice in Motion solicitó que su apellido completo no fuera revelado para preservar su seguridad – estuvo retenido en el centro de detención del Oeste de Texas. No se le dijo a dónde habían llevado a su hijo. Cuando fue enviado en el vuelo de regreso a la Ciudad de Guatemala, él asumió que su hijo estaría ahí esperándolo.

Llamó a su esposa desde el aeropuerto. Ella le dijo q Wilson estaba todavía en los Estados Unidos. “¡Nunca más veremos a nuestro hijo!” pensó para sí mismo.

Ellos habían hipotecado su casa para pagar a los contrabandistas que organizaron su viaje a la frontera. Unas cuantas semanas después del regreso de Pedro, la casa les fue embargada.

Pedro no lo sabía, pero él había desaparecido del radar de EEUU. No tenía abogado. El gobierno de EEUU no tenía información de contacto laboral sobre él.

Él viajaba a la ciudad cada semana para hacerle una video llamada a Wilson, quien estaba viviendo en Arkansas, asistiendo a la escuela secundaria y trabajando en una granja.

Wilson cumplió 14 años, luego 15, luego 16, luego 17. Aunque estaba en los Estados Unidos, el gobierno le perdió el rastro también.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía el número telefónico de un tío de Wilson, quien se había convertido en el representante legal del niño. Pero cuando los investigadores llamaban, la línea parecía desconectada. Resulta que el tío de Wilson también había sido deportado en 2018. Después de eso, Wilson vivió solo casi todo el tiempo.

Casi todos los padres “inalcanzables” están en comunicación con sus hijos. Pero el gobierno de EEUU no puede localizar ni a los padres ni a los hijos, haciendo imposible la reunificación.

Esto se ha convertido en un reto para el presidente Joe Biden. Días después de asumir su mandato, firmó una orden ejecutiva creando un equipo operativo que se encargaría de reunificar a las familias.

“Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional llevada a cabo por la administración previa, que literalmente, no figurativamente, arrebató a los niños de los brazos de sus padres en la frontera”, dijo él.

De repente, el gobierno quería saber dónde estaban los padres. Abogados trabajando en colaboración con el gobierno empezaron a revisar los pocos datos que registró la administración Trump. Se organizó la transmisión de anuncios de radio a lo largo de toda América Central.

“Si usted o alguien que usted conoce fue separado de su niño en la frontera con los Estados Unidos entre los años 2017 y 2018”, dice un locutor en español, “esta información es de su interés”.

De regreso en Chicamán, Pedro nunca escuchó el anuncio. Y tampoco había escuchado que un nuevo presidente de EEUU había lanzado un programa para la reunificación de familias.

No le sorprendió que nadie hubiera tratado de ubicarlo.

Pedro conocía a otras personas que habían sido deportadas de Estados Unidos. Él sabía que la deportación era definitiva. El gobierno de EEUU no viene a tocar a tu puerta en las zonas rurales de Guatemala para invitarte de vuelta, pensó.

El sol naciente se empezaba a elevar sobre Chicamán cuando Pedro miró hacia afuera de su cabaña y se quedó observando, sin creerlo, a Pop.

“Buenos días”, dijo Pop. “Yo trabajo junto a un grupo de abogados en los Estados Unidos”. La expresión de Pedro no cambió. Llevaba jeans azules y botas de caucho. Tenía la quijada cuadrada y el cabello rapado. Invitó a Pop a sentarse en una silla plástica dentro de su cabaña de una sola habitación.

“Conocemos a algunos migrantes a los que se les han violado sus derechos, algunos han sido separados de sus hijos”, Pop continuaba su explicación. “Nuestra organización se enfoca en asegurarse de que se respeten los derechos de los migrantes”.

“Yo entiendo que usted trató de migrar hacia los Estados Unidos”, dijo Pop.

“¿Cómo supo eso?” preguntó Pedro, mientras sus ojos se encogían.

“Sí. Es cierto. Yo fui con mi hijo”, explicó él, relajando sus hombros un poco. “Lo intentamos”.

Pop podía leer la desconfianza en sus ojos. Era una expresión que él conocía muy bien.

Justo unas horas antes, mientras buscaba a otra familia que había sido separada, un grupo de líderes comunitarios se le habían acercado.

“¿Qué estás haciendo tú aquí?” uno preguntó enfadado.

En otras búsquedas, principalmente en los grandes poblados o ciudades, la desconfianza era tan profunda que a veces las personas se negaban a dar las direcciones o señalar la casa de sus familiares. Algunas familias se negaban a abrir sus puertas.

Pensaban que podría estar allí para embargarles sus tierras, o que había sido enviado por los Estados Unidos para castigarlos una vez más por haber cruzado la frontera ilegalmente.

Pero la verdad es que Pop era uno de los abogados más respetados de su comunidad, un hombre que creció vendiendo comida en un puesto de carretera en las montañas de Guatemala. Muchos de sus propios familiares habían migrado ilegalmente a Estados Unidos.

Él buscaba a los padres migrantes en parte porque sabía que si su vida hubiese marchado un poco diferente, quizás él mismo podía ser uno de esos padres que fue separado de sus hijos en la frontera. Se acercó a Pedro.

“Yo sé que nuestros hermanos migran a los Estados Unidos porque tienen necesidades, porque necesitan trabajo, porque necesitan dinero”, dijo él.

Pedro describió sus llamadas de WhatsApp con su hijo. “Cada vez que escucho su voz, comienzo a llorar”, dijo él.

Entonces Pop echó mano de lo que podía ofrecer.

Debía ser cuidadoso en cuanto sugerir una ruta hacia la reunificación. No era su trabajo hacerles promesas a las personas. Su tarea era hacer que las personas “inalcanzables” fueran “alcanzables” – ponerlas en contacto con los abogados en los Estados Unidos que pudieran facilitar su regreso. El programa de EEUU ya ha reunificado alrededor de tres docenas de familias hasta ahora.

Pero el proceso se ha retrasado por problemas logísticos, tanto en Estados Unidos como en América Central. Cientos de casos esperan que les informen cuándo serán reunificados.

“¿Estás dispuesto a hablar con un abogado en EEUU?”, preguntó Pop.

“Sí, lo estoy”, dijo Pedro. “No importa lo que me quieran preguntar o decir, estoy interesado”.

Pop tomó notas. Pedro estaba ahora acompañado por su esposa y su dos hijas más jóvenes.

“Yo no me esperaba esto”, dijo él. “Yo no pensaba que alguien estaba preocupado buscando información de cómo contactarme”.

Pop trató de ir concluyendo la reunión calibrando las expectativas.

“Aún no les puedo prometer nada”, dijo él. “Simplemente vamos a esperar. Vamos a ir enviando la información”.

Pero ya era demasiado tarde. Para que alguien viniera tan lejos, teniendo papeles con su nombre – “Esto es el comienzo de algo,” pensó Pedro.

Acompañó a Pop hasta las afueras de la casa.

“Le estoy muy agradecido. Le agradezco mucho por haber venido”, dijo él. “Como se lo mencioné, yo necesito su ayuda. Nosotros necesitamos su ayuda”.

Información del Autor:

Kevin Sieff ha sido el corresponsal del Washington Post para Latinoamérica desde 2018. Previamente sirvió como el jefe de la oficina del periódico en África y Afganistán.

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