Especial para The Washington Post – Garrett M. Graff
Mr. Tipple’s Recording Studio, un bar de cócteles donde tocan música jazz en vivo en el centro de San Francisco, seguramente no tenía la intención de ser un líder nacional en salud pública. Pero su anuncio el 23 de julio, de que estaba exigiéndoles certificado de vacunación a todo su personal, patrocinantes, clientes y músicos visitantes, fue el comienzo de un cambio radical con repercusiones en todo el país durante los últimos 10 días: los dueños de negocios estadounidenses ya están hastiados de la pandemia del coronavirus. En cuestión de días, la “San Francisco Bar Alliance”, con unos 500 propietarios de bares como miembros, también acogió la medida. “Somos un grupo que ha sufrido mucho en los últimos 16 meses”, dijo el fundador de la alianza, Ben Bleiman, al San Jose Mercury News. “Estamos cansados de esto”.
Y así es que, una pandemia frente a la cual al principio las reacciones más enérgicas se tomaron al menor nivel – restaurantes y negocios locales – parece estar destinada a que uno de sus capítulos finales sea escrito nuevamente por empresas privadas cansadas de la inacción del gobierno federal y de la terquedad de los clientes y trabajadores que, con su negativa a vacunarse, están perjudicando la prosperidad económica de toda la nación.
Hace dieciséis meses, cuando todavía nos referíamos a la amenaza como el “novel coronavirus”, las empresas privadas nos llevaron al cierre, mucho antes de que una reticente administración Trump estuviera dispuesta a admitir las enormes dimensiones de la pandemia y el prolongado impacto que estaría sufriendo la nación. La primavera pasada, la cascada de aplazamientos y la cancelación de eventos como la temporada de la NBA y el Festival “South by Southwest” consternó de tal manera a la población que la condujo a tomar en serio una crisis que el expresidente Donald Trump insistió en disfrazar de pequeña y breve, diciendo que desaparecería por sí sola como por arte de magia. (“Estamos preparados y estamos haciendo un gran trabajo para enfrentar esto. Y desaparecerá. Solo mantengan la calma. Se irá”, dijo un día antes de que la prueba positiva de Rudy Gobert, en un juego entre los Utah Jazz y los Dallas Mavericks, llevara al descalabro de la temporada de baloncesto.)
Hoy, un nuevo presidente, elegido en parte gracias al repudio contra el caótico manejo de la pandemia que tuvo su predecesor, encuentra que sus actos están siendo menoscabados por el nuevo dogma del partido Republicano de desestimar una crisis de salud que ha matado al equivalente de toda la población de Wyoming o Louisville, y, tal como sucedió la primavera pasada, ahora la responsabilidad de tomar acciones decisivas e inequívocas recae nuevamente sobre las empresas privadas, ya que el gobierno federal parece incapaz de tomarlas.
Con el Mr. Tipple liderando una vez más la carga como si fuera la batalla de Agincourt, una empresa tras otra ha dado un paso adelante para decir “basta ya”, culminando la semana pasada con los anuncios de gigantes como Apple, Google, Walmart y Disney de que estaban exigiendo vacunación obligatoria a todos sus empleados. Los empresarios – y los estadounidenses vacunados que cada vez están más frustrados – se muestran desesperados por volver a algo lo más parecido posible a la vieja oficina y a la reanudación del comercio “normal”. Pero los crecientes niveles de casos de la variante delta están erosionando la esperanza de que el tímido enfoque persuasivo de aplicación de las vacunas vaya a producir mejores resultados.
Durante siete meses, la distribución de vacunas se ha basado primero en llegar a los que más querían inocularse, seguido de un período que se dirigió a los reacios y a los ocupados, por medio de loterías, obsequios, e incluso mediante el uso de clínicas ubicadas cerca de las playas, para motivar a cualquiera remotamente interesado a recibir la vacuna. Eso funcionó en muchos rincones del país; los casos de coronavirus disminuyeron rápidamente y los estados reabrieron con audacia y entusiasmo a medida que se aumentaban las tasas de vacunación a lo largo de la primavera y comienzos del verano. Luego las tasas de vacunación llegaron a una meseta, con unos 90 millones de estadounidenses, que pudieron haber recibido la vacuna, aún sin vacunar, muchos aparentemente por razones más partidistas y políticas que por cualquier preocupación real.
La nación se encuentra atrapada en una situación en la que apenas tiene vacunada a la mitad de su población, una medida muy por debajo de la meta de vacunación del 70 al 80 por ciento, e incluso teniendo desigualdades regionales aún más extremas. Si bien el noreste se acerca a los niveles de inmunidad colectiva, con tasas de vacunación de 70 y 80 porciento, muchos estados del sur se ubican en aproximadamente la mitad de esa cifra. Y a medida que se acerca el año escolar, la disparidad entre los niños de 12 a 17 años que han sido vacunados es aún peor: mi estado natal de Vermont acaba de superar el 70 porciento, mientras que algunos estados del sur todavía están por debajo del 20 porciento.
En esas regiones con altos índices de personas sin vacunar, las UCI se están congestionando nuevamente, los decesos se están incrementando, los casos de infección están batiendo récords y la resistencia activa de los no vacunados está amenazando la posibilidad de los vacunados en todo el país de reanudar una vida normal y de mantenerse seguros y a salvo.
El gobierno federal podría emitir un mandato de vacunación a nivel nacional de manera más completa, clara y concreta, pero está obstaculizado por la particular parálisis que parece haber plagado la política estadounidense en esta era del coronavirus. Aun cuando el gobierno federal ha dejado claro que no instaurará (o no puede, políticamente) un confinamiento a nivel nacional, los estados liderados por Republicanos, que han mostrado pocos escrúpulos en obstruir la injerencia del gobierno en las opciones de atención médica en lo que respecta al aborto, repentinamente han optado por mantenerse al margen en cuanto al tema del coronavirus. Estados como Texas incluso han emitido leyes limitando la capacidad de las ciudades y municipios para establecer sus propias normativas para el uso de mascarillas y/o requerimientos de inoculación, una medida impulsada no por la salud pública o por la ciencia, sino por la política, que prioriza el “derecho” de los no vacunados sobre la capacidad de los funcionarios para adoptar los pasos necesarios para minimizar la propagación de la enfermedad. Como dijo el gobernador Greg Abbott (R) al firmar la orden ejecutiva de la semana pasada que prohíbe cualquier tipo de normativa local acerca del uso de mascarillas en Texas, “El camino a seguir se basa en la responsabilidad personal, más que en las normativas emitidas por el gobierno”.
La prohibición de Abbott, por ejemplo, significa que aun cuando los funcionarios de la capital del estado, Austin, y del condado de Travis que la rodea, se enfrenten a una nueva amenaza de covid-19, no pueden imponer ninguna normativa para el uso de mascarillas o para requerir la vacunación a nivel local.
En total, estas prohibiciones han sido implementadas en casi una docena de estados.
En el extranjero, los gobiernos nacionales van a la vanguardia, la tendencia del “ya basta”, mano dura, comenzó a ser tendencia cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, decretó que para salir en público efectivamente se requerirá de un certificado de vacunación o de someterse a continuas pruebas que den resultado negativo, una medida que Italia adoptó rápidamente. Pero aquí, las acciones tomadas por la administración Biden han resultado mucho menores a un mandato a nivel nacional, incluso cuando se han dado pasos en la exigencia de que los empleados y contratistas federales estén vacunados. Los mensajes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drugs Administration, FDA por sus siglas en inglés) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) siguen siendo confusos, y parece que le dan prioridad a una precisión científica y médica muy estrecha, aparentemente sin tomar en consideración las realidades políticas y sociales.
En cambio, una pandemia sin precedentes – y una crisis económica, social y de salud pública a nivel nacional – una vez más recae sobre los hombros de los actores más renuentes: las empresas privadas y los líderes locales y estadales, todos los cuales preferirían seguir una guía clara, y en su lugar, se han visto obligados a crear nuevas reglas para llenar el vacío creado por la inacción federal.
Los empleadores y las empresas han descubierto que, si quieren liderazgo, deben asumirlo ellos mismos. Numerosos hospitales y sitios de atención médica, claramente enojados y agotados por el resurgimiento del virus cuando ya se había vislumbrado un cielo más despejado, instituyeron la semana pasada sus propias normativas para los empleados y pidieron a otros que hicieran lo mismo, y la velocidad y alcance de los nuevos lineamientos para empleados y clientes ha sido evidente incluso más allá del campo de la salud.
La cadena de gimnasios Equinox y el culto al ejercicio a todo volumen, SoulCycle, han anunciado que comenzarán a exigir pruebas de vacunación el próximo mes. Numerosas instituciones universitarias, que van desde Yale, Johns Hopkins y Howard, así como todo el Sistema Universitario del Estado de California, están comenzando a exigir certificados de vacunación para estudiantes, profesores y empleados a partir de este otoño; el estado de Michigan está agregando el requisito del uso de mascarillas, al menos a sus primeras semanas del semestre de otoño. (El Washington Post también anunció vacunación obligatoria para sus empleados la semana pasada).
En muchos casos, los empleadores y los dueños de negocios están enfatizando cuán difíciles y densos serán sus nuevos reglamentos – entendiendo muy bien la esencia política y el trasfondo de guerra cultural de sus acciones. Claramente, no es una posición en la que la mayoría de estas empresas quieran estar, pero se han visto obligadas a asumir estas posturas ya que el gobierno no lo hace. Algunas de las empresas son sinceras en cuanto a la reacción que esperan recibir de sus clientes; un restaurante del área de Dallas que les está pidiendo a sus clientes que usen mascarillas nuevamente, incluso publicó una lista de groserías y epítetos sugeridos que podían ser usados contra el establecimiento.
De hecho, mientras que las acciones extremas del año pasado, como el cierre de la temporada de la NBA y el cierre del bar del vecindario, parecían surgir de un espíritu nacional de unidad – la sensación de que todos estábamos juntos en esta crisis y teníamos una responsabilidad compartida con nuestros vecinos, colegas y los más vulnerables, las acciones de este verano por parte de propietarios de negocios y empleadores tienen un tono más oscuro: el reconocimiento de que no todos hemos estado juntos en lo mismo.
Muchos de nuestros vecinos, conciudadanos y compañeros de trabajo han optado por ignorar las realidades de la ciencia médica y la salud pública y han seguido adelante con sus vidas, poniendo en peligro a los demás y a ellos mismos.
Ante el regreso del uso obligatorio de las mascarillas, las nuevas cancelaciones o la reducción de los eventos en persona, y un otoño que podría parecer tan oscuro como el del año pasado, es evidente (y desafortunado) que las empresas de la nación deben mostrar el liderazgo público que nuestro gobierno es incapaz de demostrar.
Quizás, después de todo, lo único que puede detener la pandemia y obligar a los no vacunados a actuar es la única excusa que se entiende universalmente: lo siento, mi jefe me obligó a hacerlo.
Información del Autor:
Garrett M. Graff es autor de varios libros, entre ellos “The Threat Matrix: Inside Robert Mueller’s FBI” y, más recientemente, “The Only Plane in the Sky: An Oral History of 9/11.”
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