La insurrección electoral del 6 de enero fue parcialmente alimentada, según el juez de la causa, por demandas como la de los abogados sancionados en Colorado. Foto: The Washington Post.
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(c) 2021, The Washington Post - Rosalind S. Helderman

Un juez federal en Colorado ha sancionado a dos abogados que litigaron contra las elecciones de 2020 a finales del año pasado, describiendo el caso como “frívolo”, “no amparado en las leyes vigentes”, y llevado a cabo “con mala fe”.

En una mordaz opinión de 68 páginas, el juez magistrado N. Reid Neureiter aseguró que los abogados hicieron pocos esfuerzos por corroborar la información que habían incluido en su litigio, el cual aseguraba que había habido una vasta conspiración a nivel nacional para robarle las elecciones al expresidente Donald Trump.

Criticó particularmente al dúo de abogados, Gary Fielder y Ernest John Walker, por citar a Trump en el argumento de su demanda, basándose en un tuit presidencial que aseguraba, sin ninguna evidencia, que máquinas fabricadas por la compañía Dominion Voting Systems habían “borrado 2,7 millones de votos por Trump a nivel nacional”. Neureiter describió las acusaciones como “altamente cuestionables e inflamatorias” y dijo que los abogados no hicieron ningún esfuerzo por verificarlas.

Los dos abogados introdujeron su acción como una demanda colectiva en nombre de 160 millones de electores estadunidenses, alegando la existencia de un complicado complot a manos de Dominion, Facebook, su fundador Mark Zuckerberg, su esposa Priscilla Chan, y oficiales electos en cuatro estados. Buscaban $160 mil millones en daños.

El caso fue desestimado en abril, pero Neureiter sentenció que los abogados habían violado sus obligaciones éticas, en primer lugar por haber introducido dicho litigio, y también por aliñar sus mociones con alocadas afirmaciones que poco esfuerzo hicieron en verificar. Las leyes les prohíben a los abogados saturar los sistemas de los tribunales con mociones frívolas o respaldar sus argumentos con información que no es fehaciente.

Describiendo la demanda como “una enorme teoría conspirativa”, Neureiter ordenó que el dúo debe pagar los gastos legales de todos los individuos y compañías a las cuales demandaron – 18 entidades distintas en total – como una medida disuasiva frente a futuros casos similares que puedan surgir.

Neureiter ordenó a los abogados defensores recopilar todos los registros de cuánto tiempo habían gastado en el caso y sus típicas tarifas de cobro para determinar cuánto dinero deberán los dos abogados.

“En corto, esto no fue una simple ida y vuelta al abasto de la esquina”, escribió Neureiter, quien fue elegido como juez magistrado por otros jueces. “Además de desorganizadas y fantasiosas, las afirmaciones del litigio son extraordinariamente serias y, de ser aceptadas como ciertas por un gran número de personas, éstas son las cosas que causan las insurrecciones violentas”.

Aunque los abogados adjuntaron declaraciones juradas de varias personas que alegaban que las elecciones habían sido manipuladas – una táctica común de los simpatizantes de Trump en las docenas de demandas introducidas en los meses siguientes a las elecciones – Neureiter dijo que una profunda evaluación de los testimonios mostró que era “notable sólo en demostrar que los demandantes no tenían ningún tipo conocimiento de primera mano de que hubiera existido fraude electoral, faltas de conducta o negligencias [en las elecciones]”.

Ni Fielder ni Walker respondieron inmediatamente a un correo electrónico sobre la decisión. Durante una audiencia el mes pasado, ellos argumentaron que tenían una creencia de buena fe de que las elecciones habían sido robadas y de que no confiaban en las autoridades del gobierno y en otros que afirmaban que no había habido fraude masivo en las elecciones. Fielder le dijo al juez que cuando ellos introdujeron la demanda en diciembre, vieron la potencial violencia que se acumulaba a raíz del descontento contra un posible fraude y pensaban que su litigio ofrecía una ruta alternativa para resolver las diferencias.

“Somos personas pacíficas. Queríamos venir a la corte y resolver todo esto de manera pacífica”, dijo él. “Lo que pasó el 6 de enero fue exactamente lo que predijimos en el litigio”.

La opinión del miércoles llega mientras el sistema judicial de la nación ha estado analizando cómo hacer que los abogados que introdujeron demandas manipuladas contra las elecciones asuman sus responsabilidades. En junio, un panel de jueces en Nueva York le suspendió la licencia de abogacía al ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, argumentando que el abogado personal de Trump había “realizado declaraciones demostrablemente falsas y engañosas” que significaban una continua amenaza contra la población. Los abogados de Giuliani han dicho que están seguros de que su licencia será revalidada después de una audiencia en la corte.

El mes pasado, una jueza federal en Michigan pasó casi seis horas cuestionando con bastante escepticismo a un grupo de nueve abogados, incluyendo a los abogados pro-Trump, Sidney Powell y L. Lin Wood, mientras buscaba determinar si sancionarlos por introducir una demanda que buscaba revertir la victoria del presidente Joe Biden en el estado. Se espera que pronto emita una sentencia.

Otras acciones disciplinarias están pendientes ante un juez en Wisconsin y ante los colegios de abogados de múltiples estados.

Información de la Autora:

Rosalind Helderman es reportera de emprendimientos políticos e investigaciones para el Washington Post. Se unió al Post en 2001.

Lea el artículo original aquí.

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