El presidente Joe Biden hace declaraciones a la prensa junto con algunos senadores Republicanos y Demócratas que se unieron a la legislación bipartidista de infraestructura. Foto Washington Post - Demetrius Freeman.

La Junta Editorial – Financial Times

Un arte que parecía casi perdido en Washington ha sido reaprendido.  El proyecto de ley de infraestructura de $1tn (un millón de millones de dólares) aprobado ayer martes por el Senado es una legislación inusual hoy en día por ser un acuerdo bipartidista.  Al lograr el apoyo de algunos Republicanos moderados, ha demostrado que al menos algunos en el partido piensan que se pueden obtener beneficios políticos de una ruptura con Donald Trump.  Al lograr la aprobación del proyecto, Joe Biden también ha demostrado que es un presidente serio, y que su experiencia de 36 años negociando acuerdos en el Capitolio tiene peso específico.

Debemos aplaudir cualquier episodio de bipartidismo durante lo que ha sido la era más dividida desde la reconstrucción posterior a la Guerra Civil.  También reivindica la estrategia de Biden de probar que el sistema todavía puede funcionar a pesar de todo.  Irónicamente, Trump pudo haber logrado la aprobación de un proyecto de infraestructura – algo popular y desesperadamente necesario– en cualquier momento de su presidencia, si hubiera estado dispuesto a trabajar duro para lograrlo.

Y sin embargo, lograr la aprobación del Senado para este proyecto de ley es sólo un paso en una serie compleja de maniobras.  Todavía necesita aprobación de la Cámara de Representantes.  La oradora Nancy Pelosi ha dicho que no llevará a votación el proyecto de infraestructura mientras no se haya aprobado en ambas cámaras el proyecto mucho mayor de $3,5tn en “infraestructura humana”, el cual se aprobará bajo líneas estrictamente partidistas a través del proceso de reconciliación presupuestaria.  Perderá votos progresistas para el proyecto de infraestructura si no insiste en esta precondición – y, con una mayoría escaza de ocho, no puede darse el lujo de perder ningún voto de su lado.

Como resultado, EEUU obtendrá ambas leyes – lo cual es preferible – o ninguna de ellas.  El paquete de infraestructura tiene sus limitaciones; únicamente $550 millardos de la cifra total son nuevas asignaciones, y además estará distribuido en diez años.  Eso es mucho mejor que nada, sin embargo.  El dinero para banda ancha, estaciones de carga para vehículos eléctricos, mantenimiento de carreteras y de transporte público se necesitan urgentemente – aún si es un monto muy por debajo de los $2,6tn que estimó necesarios la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles para mantener la infraestructura del país durante la próxima década.

El proyecto más amplio tiene sus deficiencias y hay preocupación por su impacto inflacionario.  Pero sus buenos puntos superan a los malos.  Entre estos está el crédito fiscal por hijo, el cual reduciría significativamente los niveles de pobreza en EEUU, y la educación gratuita universal para de prekínder para infantes de tres y cuatro años, algo que disminuiría las disparidades educativas.  El proyecto también incluye medidas generalizadas de asueto familiar y médico, algo que equipararía los derechos laborales de EEUU a los de otros países desarrollados, y también un importante nivel de inversión en energía limpia – algo que ayudará a lograr la meta de Biden de reducir a la mitad las emisiones de carbono para el 2030 respecto a su nivel del 2005.

La inversión planificada de $80 millardos para el Servicio Interno de Recaudación (IRS por sus siglas en inglés) se pagaría por si misma con creces a través de un incremento en la recaudación tributaria.  El proyecto de ley también aumentaría la tasa del impuesto corporativo de 21 a 28 por ciento, algo necesario para financiar las nuevas asignaciones.  No hay evidencia de que el aumento impositivo pueda reducir la inversión doméstica.  La más que duplicación del impuesto a las ganancias de capital a un nivel de 40 por ciento es, por contraste, un riesgo innecesario.  Sería preferible que Biden rompiera su promesa de no aumentar los impuestos a la clase media y aumentara el impuesto a la gasolina por primera vez desde 1994.

Si se aprueban ambos proyectos de ley, Biden habrá demostrado que Washington todavía puede funcionar.  El presidente también habrá logrado romper con la ortodoxia fiscal prevalente desde Ronald Reagan, algo que demuestra que los EEUU puede aprobar grandes proyectos de asignaciones e inversiones sin reducir el tamaño del sector privado.  Asimismo, habrá demostrado que las democracias siguen capacitadas para lograr planes de inversión ambiciosos – algo que responde a China y a otras autocracias, las cuales han declarado que eso es algo imposible en los sistemas escleróticos occidentales.

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