(c) 2021, The Washington Post - Maria Sacchetti
La consejera parlamentaria del Senado ha indicado que un intento de los Demócratas por legalizar a millones de inmigrantes indocumentados como parte de un paquete presupuestario de $3,5tn (millones de millones de dólares) – el cual les hubiera permitido aprobar la medida con su mayoría simple y por encima de la oposición Republicana – “no concuerda” para ese tipo de medidas.
La consejera parlamentaria Elizabeth MacDonough, árbitra imparcial de las reglas del Senado, aconsejó no incluir la medida migratoria en el proyecto de presupuesto a una semana escaza de haber escuchado las diferentes posiciones de los legisladores Demócratas y Republicanos.
Su decisión significa un revés para los planes de los Demócratas de crear un camino hacia un estatus de residencia legal y ciudadanía estadounidense para al menos 8 de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, incluyendo a muchos que han vivido aquí por años. El último gran proceso de legalización de la inmigración fue un proyecto de ley bipartidista firmado por el presidente Ronald Reagan en 1986.
MacDonough debía decidir si conceder la ciudadanía a los inmigrantes es un asunto esencialmente presupuestario, con méritos suficientes para ser incluido en el proyecto de ley de reconciliación de presupuesto de $3,5tn, el cual sólo requeriría de una mayoría simple para su aprobación en el Senado en vez de los 60 votos requeridos para la mayoría de otras leyes. La probación bajo el proceso normal requeriría del apoyo de los Republicanos.
Pero a ella le pareció que dar residencia legal a millones de inmigrantes sería un “cambio de política inmenso y duradero; mucho mayor que su impacto presupuestario”.
Alertó que la decisión de proceder con la medida para este asunto en particular “establecería un precedente” que podría exponer a cualquier inmigrante a perder su estatus legal a través de una medida legislativa similar.
“Eso sería algo impactante pero podría ser un resultado lógico de la legislación si se permite incluir el cambio en la reconciliación, lo cual también evidencia que los cambios a las políticas que implicaría la propuesta van mucho más allá del impacto presupuestario asignado a ella y por tanto no debe incluirse en un proceso de reconciliación”, escribió.
Su sentencia pudiera cerrar la posibilidad de estatus legal para millones de inmigrantes indocumentados a través de un paquete de reconciliación de presupuesto, el cual los Demócratas liberales han dicho que quieren aprobar junto con un proyecto de ley bipartidista de infraestructura.
Los Demócratas del Senado y defensores de los inmigrantes dijeron el domingo en la noche que ellos seguirán intentando incluir el punto migratorio en el plan de presupuesto, y pronto ofrecerán medidas alternativas a la propuesta de la consejera parlamentaria. Entre las propuestas que han circulado en las últimas semanas estaría la de asignar una “fecha de registro” más reciente para que gente que haya entrado después de la fecha actual del 1 de enero de 1972 pueda comenzar su aplicación para legalizar su situación.
“Estamos profundamente decepcionados con esta decisión pero la lucha por proveer de estatus legal a los inmigrantes a través del proceso de reconciliación de presupuesto continúa”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Charles E. Schumer, D-NY, a través de una declaración tarde el domingo. “Los Demócratas del Senado han preparado propuestas alternativas y van a estar manteniendo reuniones adicionales con la consejera parlamentaria del Senado en los próximos días”.
Pero los Republicanos alabaron la decisión, indicando que el gobierno de EEUU no debería aprobar una “amnistía” cuando al mismo tiempo está teniendo que contener una nueva oleada de inmigrantes indocumentados en la frontera del suroeste.
“Después de décadas de fracasos intentando establecer su agenda de amnistía, los Demócratas probaron esta maniobra sin precedentes”, dijo el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, Republicano por Kentucky, a través de una declaración. “Fue inadecuado y me alegro de que fracasara”.
El senador Lindsey Graham, R-SC, escribió en Twitter: “Sería una terrible idea proveer estatus legal sin antes asegurar la frontera y reformar el proceso de inmigración, el cual está siendo actualmente abusado”.
La decisión de la consejera parlamentaria intensifica la presión sobre los Demócratas del Senado y la Casa Blanca para decidir si hacerle caso o no. Los oficiales la acataron cuando recomendó no incluir un incremento al salario mínimo en un proyecto de ley presupuestario hace algunos meses.
Pero el futuro de millones de inmigrantes está en juego, y muchos temen que un presidente Republicano podría reanudar su represión contra los inmigrantes indocumentados, como ocurrió de manera abierta durante la administración Trump.
“Yo todavía creo que éste es el año en el cual finalmente podremos alcanzar profundas, audaces, inclusivas y humanitarias reformas de inmigración para millones, y no dejaré de luchar hasta que logremos justamente eso”, declaró el senador Robert Menéndez, D-NJ. “La comunidad inmigrante ha esperado demasiado tiempo y ha trabajado demasiado duro por el bien de este país, y no voy a aceptar un ‘no’ como respuesta”.
Aunque los Demócratas del Senado se están preparando para presentar propuestas alternativas a la de la consejera parlamentaria, tarde el domingo se intensificaron los llamados para que los líderes Demócratas ignoren las recomendaciones de la consejera e incluyan el camino hacia la ciudadanía en el plan de presupuesto.
La representante Ilhan Omar, Demócrata por Minnesota, quien ya había hecho un llamado al Senado para que despidiera a la consejera parlamentaria después de su decisión de no recomendar el incremento al salario mínimo, tuiteó el domingo que la Casa Blanca “puede y debe ignorar” su consejo.
“No podemos perder esta oportunidad que se da una sola vez en la vida para hacer lo correcto”, tuiteó.
Inmigrantes reunidos en Washington DC para una marcha el lunes también urgieron a los Demócratas a que continuaran con su plan hacia la garantía de ciudadanía.
“La consejera parlamentaria nos está empujando contra la pared”, dijo Oscar Rodríguez, un conductor de camiones de 48 años y padre de dos, proveniente de Honduras, quien vive en Queens y ha tenido “Estatus de Protección Temporal” (TPS por sus siglas en inglés) desde 1998 después de que un gran huracán arrasara con su país, pero quien no es elegible para aplicar a ciudadanía.
“Schumer sabía que esto podría pasar. Él debe hacer lo que tiene en su poder hacer”.
En el pasado, algunos críticos de las decisiones de los consejeros parlamentarios han hecho llamados para que sean despedidos. Pero el consejero parlamentario retirado, Alan Frumin, dijo el domingo que dicha decisión sería “ridícula” en este caso.
“La consejera parlamentaria simplemente da su consejo y quien sea que esté presidiendo el Senado no tiene necesariamente que asumirlo”, dijo Frumin, quien se retiró en 2012 después de haber trabajado en la oficina de consejería parlamentaria por más de 35 años.
Frumin dijo que ignorar a la consejera parlamentaria es raro porque ella interpreta las leyes del propio Senado y ofrece el mejor consejo posible. El Senado, dijo, es su cliente. “Tiene un excelente expediente de decisiones acertadas”, aseguró.
MacDonough, quien fue abogada de la agencia gubernamental encargada del control migratorio antes de unirse a la oficina parlamentaria en 1999, expresó su simpatía por los trabajadores indocumentados en su decisión de más de 1.300 palabras. Señaló que no pueden obtener licencias de conducir en muchos estados, ni pagar las inscripciones en universidades estadales, o siquiera traer a sus familiares a Estados Unidos. Muchos son explotados en el trabajo, temen buscar asistencia médica en el país, y viven bajo el constante miedo de ser deportados.
Pero señaló que todos éstos son asuntos relacionados con las políticas – no cuestiones de presupuesto.
“Las razones por las cuales las personas ponen sus vidas en riesgo para venir a este país – para escapar de la persecución religiosa o política, del hambre, la guerra, de la espantosa violencia y falta de oportunidades en sus países de origen – no pueden ser cuantificadas en dólares federales”, escribió.
El presidente Joe Biden ha hecho llamados repetidos a proveer de ciudadanía a los inmigrantes indocumentados y ha apoyado la propuesta de que el asunto sea incluido en el proyecto de ley de reconciliación de presupuesto después de que el proyecto de ley de ciudadanía fracasara en un diálogo bipartidista.
Biden dijo el viernes que estaba “seguro” de que este año Estados Unidos finalmente permitirá que los inmigrantes indocumentados inicien su proceso de solicitud de ciudadanía, especialmente aquellos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos como niños, aquellos con TPS por guerras o desastres naturales en sus países de origen, trabajadores de la agricultura y trabajadores de las áreas esenciales, quienes, dijo él, “cargaron a nuestro país sobre sus espaldas durante la pandemia”.
Un vocero de la Casa Blanca describió la decisión de la consejera parlamentaria como “profundamente decepcionante, pero contamos plenamente con nuestros aliados en el Senado, quienes van a presentar una propuesta alternativa para el asunto de la inmigración de forma que la consejera parlamentaria la considere”.
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Mike DeBonis y Seung Min Kim, del Washington Post, contribuyeron con este artículo.
Información de la Autora:
María Sacchetti cubre temas de inmigración para el Washington Post, incluyendo la Agencia de Inmigración y Aduanas y el sistema judicial. Previamente trabajaba para el Boston Globe, donde ayudó a la liberación de muchos inmigrantes de prisión. Vivió por muchos años en Latinoamérica habla castellano fluido.
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