Desde las entrañas de las oficinas gubernamentales de un departamento en Bolivia, se estructuraron redes de desinformación para desacreditar a rivales políticos o enaltecer la gestión del ex gobernador. Suplantación de identidad de medios de comunicación, cuentas falsas manejadas por empleados del gobierno y noticias falsas fueron financiadas con dinero público.
Por Jesús Vargas para Verdad con Tinta y CONNECTAS
Con una buena dosis de desinformación camuflada como una “noticia de último momento” fueron utilizados videos, canciones dobladas, memes y hasta una escena de la película del Guasón en las redes sociales para atacar a rivales políticos durante el pasado periodo electoral de Tarija, el departamento boliviano con el ingreso per cápita más alto del país andino y por cuyo control hay varios grupos políticos en disputa.
Las campañas sucias en redes sociales no son cosa nueva. Pero esta investigación de Verdad con Tinta y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), logra documentar por primera vez cómo se han financiado con el erario de uno de los departamentos más importantes de Bolivia. Los ataques de desinformación salían directamente de las oficinas del propio Gobierno Departamental de Tarija, de acuerdo con testimonios de personas implicadas, cotejos de direcciones IP, análisis de redes sociales y documentos oficiales.
Además, esta investigación tuvo acceso a un informe solicitado por la Asamblea Legislativa tarijeña a la Gobernación, que refleja contratos irregulares con once medios que figuran en los presupuestos oficiales, entre servidores públicos trabajando al mismo tiempo para medios de comunicación, medios inexistentes y hasta páginas simples de Facebook que se hacen pasar por medios establecidos.
La Dirección de Comunicación del Gobierno Departamental de Tarija gastó, en la gestión del gobernador Adrián Oliva Alcázar, más de 879.705,46 dólares en publicidad y propaganda entre los años 2020 y 2021. De estos recursos, 64.655 dólares fueron directamente a publicidad en Facebook, lo que viene a ser el 5% del total del presupuesto de esos dos años, según información oficial.
Aunque el porcentaje no suene estratosférico, esta proporción se otorgó a una sola empresa, Cisneros Interactive, con quien se tercerizó el contrato y por lo cual no es posible saber cuáles publicaciones se promocionaron. También se detectó otra inversión de 64.527 dólares en publicidad en el primer trimestre de la gestión 2021 mediante órdenes de servicio que no pasan por filtros de fiscalización. El tiempo en el que se utilizaron estos recursos coincidió con el periodo electoral y, en el caso de Tarija, el gobernador de ese entonces iba por la reelección.
Aquí se presentan los detalles de esta fábrica de desinformación operada con recursos públicos.
Páginas clonadas
Con el nombre de “La Voz de Tarija”, uno de los periódicos digitales más reconocidos de esta ciudad, se difundieron notas donde se denunciaba a los rivales políticos del entonces gobernador. Lavado de dinero, vacunas vip y negocios familiares, eran los temas recurrentes en esta página, pero la mayoría de estas historias fueron desmentidas en diferentes oportunidades por chequeadoras como Bolivia Verifica.
Sin embargo, se trataba de una página clonada en Facebook que utilizaba la misma línea gráfica del diario La Voz de Tarija, uno de los medios mejor establecidos y más antiguos de la región, para confundir a los usuarios en esta red social, intentando suplantar su identidad.
Por ejemplo, una de estas publicaciones aseguraba la “clausura” del restaurante “Swipe Up” en el Megacenter, perteneciente a la hija del entonces candidato Óscar Montes Barzón por no tener licencia de funcionamiento. “¿Es correcto que la hija de un candidato no cumpla las normas? ¿Usted qué opina?”, se preguntaba a los usuarios en la publicación que era promocionada en febrero con publicidad en Facebook. Pero la supuesta clausura nunca había ocurrido.
“Es una página clonada, ya la denunciamos”, dice fastidiada la jefa de prensa de La Voz de Tarija, Gabriela Flores Romero.
En su denuncia, revelada aquí por primera vez, La Voz de Tarija identificó el IP del Gobierno Departamental. Para este reportaje se contactó a un perito informático que ya había realizado un rastreo a esta página a encargo de una empresa en particular, la cual también había sido perjudicada por sus publicaciones. El perito informático confirmó que esta página clonada era administrada desde las oficinas del Gobierno Departamental de Tarija ubicadas en el edificio principal.
Desde páginas como esta se lanzaron una serie de desinformaciones que se difundieron con publicidad pagada en Facebook e Instagram. En esta investigación se pudo establecer que los recursos para generar la desinformación venían de la Gobernación, así como la publicidad directa en supuestos medios de comunicación.
Sin embargo, faltaría saber si los recursos pagados a Cisneros Interactive también se usaron para promocionar el contenido replicado por terceros y, así, fuera más visto en Facebook. Se trató de contactar varias veces a Cisneros Interactive, pero no se tuvo respuesta hasta la publicación de esta investigación.
Funcionarios públicos y guerreros digitales a la vez
En las entrevistas realizadas con seis exfuncionarios de la Gobernación se constató que se ejercía presión laboral sobre ellos para publicar, denunciar y compartir en redes sociales la información que salía de esas páginas, no solo en la Dirección de Comunicación, sino en todas las dependencias del gobierno departamental.
Un extrabajador de la Secretaría de Coordinación dice que cada funcionario debía compartir y comentar contenido desde tres cuentas diferentes en Facebook.
“Nos reunieron y nos dijeron que cada uno debía crear dos perfiles aparte del suyo”, contó el exfuncionario. No había un instructivo oficial, solo la voz de las encargadas de recursos humanos, cuyo condicionante lo tenían claro.
A los funcionarios se les recordaba que “los estaban vigilando”. El joven trabajador no compartió contenido político ni creó dos perfiles como le habían instruido y no le renovaron el contrato. Por seguridad, esta persona pidió reserva de su nombre.
Otro exfuncionario mostró las capturas de pantalla de los grupos donde se les daban estas instrucciones.
“Comentar en la publicación frases como: Mientras algunos dan barbijos y cuidan la salud, otros hacen aglomeraciones ¿Exponen a los niños y así pretenden gobernar?”, decía el texto de la instructiva en el grupo de WhatsApp. Adjunto había un enlace a la nota de prensa donde debían colocarse los citados comentarios. Casualmente, en esa nota de prensa iba la fotografía del frente opositor al gobernador de turno.
Además, según revelaron estas fuentes, después de comentar o compartir el contenido indicado, debían mandar una captura de pantalla a otro grupo de WhatsApp creado para ese único fin, siendo una constancia de cumplimiento. Verdad con Tinta y CONNECTAS verificaron que estas fuentes eran verdaderos trabajadores de la gobernación al revisar sus contratos.
Con base en estas declaraciones, se hizo el análisis de una de las publicaciones de la página de Facebook de Adrián Oliva en la recta final de su candidatura. De 397 interacciones, al menos 20 son de cuentas falsas o perfiles dudosos, que tienen entre 13 y 180 amigos, pocas interacciones y escasos datos.
Tanto un bajo número de amigos como actividad anormal en periodos de elecciones son signos de alerta sobre cuentas sospechosas, de acuerdo con los estándares de la International Fact-Checking Network (IFCN).
Además, en esta investigación se encontraron medios de comunicación que tenían contratos de publicidad y a la vez, sus miembros eran funcionarios de la misma Gobernación, lo cual es ilegal de acuerdo con la ley de funcionarios públicos de Bolivia.
Este es el caso del “Estado Digital”, un periódico que no produce contenido propio y que solo replicaba notas de prensa de la Gobernación, de otros medios y material propagandístico. Aun así, este medio se benefició con un total de 6.896 dólares en contratos por publicidad.
Por ejemplo, una de sus periodistas era también funcionaria de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Gobernación, según se constató con la Dirección de Recursos Humanos, contratada como consultor en línea desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2020.
Esa misma persona fue implicada este 2021 en un caso de desobediencia a las restricciones por la pandemia de covid-19, quien en su intento de evitar su arresto mostró su credencial de “periodista”, donde se presenta como parte del “Estado Digital”.
Consultada por Verdad con Tinta, la propietaria de El Estado Digital, Silvia Correa, argumentó que la funcionaria en cuestión no trabajaba dentro de este medio de comunicación, sino que les “colaboraba” para “algunas cosas de marketing”.
Se llamó al número de la exfuncionaria Milagro G. y también se le envió un mensaje, pero no se tuvo respuesta hasta el cierre de edición.
En el informe presentado a la Asamblea también puede verse otro tipo de irregularidades en los contratos, con medios que solo tienen su página de Facebook y no producen contenido propio, sino que replican de agencias o comparten notas institucionales e incluso desinformación. Hay beneficiarios que administran entre dos o tres páginas en Facebook y por cada una de ellas tenían un contrato. Una vez más, pese a que no producían contenido.
Se llamó al exdirector de Comunicación, Marcelo Sánchez Campero, para preguntar su postura. Pero aseguró que todo lo elaborado en esta instancia fue “institucional” y negó que se haya creado contenido para golpear a los enemigos políticos del gobernador: “La Dirección de Comunicación no hacía ese trabajo que usted afirma” (lea la respuesta completa aqui.
Contrariamente a la postura de Sánchez Campero, otra exdirectora de esta dirección en la gestión de Oliva, Daniela Rodríguez quien estuvo entre 2017-2018, afirma que sí se tenían funcionarios públicos que se dedicaban a generar contenidos y desinformación en las redes sociales.
“Había un guerrero digital que se encargaba de las respuestas políticas, de hacer memes y viralizarlos”, revela.
Rodríguez asegura que en la Dirección de Comunicación había un equipo de redes sociales dividido en quienes administraban las páginas oficiales, otros a cargo del Facebook del gobernador y un grupo de dos funcionarios “que se encargaban de la guerra sucia”.
También se buscó al mismo exgobernador Adrián Oliva, quien no respondió las consultas enviadas a su cuenta oficial y cuyo entorno derivó la entrevista al exdirector de Comunicación.
El origen: La degradación de los guerreros digitales de Evo
El duro revés del entonces presidente Evo Morales Ayma en 2016 con los resultados del referendo que impedían su reelección hizo que este culpara a los medios de comunicación y a las redes sociales de desprestigiarlo a él y a su gestión. “Estamos mejorando y hay que seguir mejorando, guerra digital, una guerra mediática es una obligación”, manifestó en 2018.
Con base en los discursos de Morales, surgió la denominación de “guerreros digitales” a los militantes cuyo fin, según el Movimiento Al Socialismo (MAS) era combatir “la mentira” en las redes sociales.
El docente y consultor en Tecnología de la Información, Marcelo Durán, contó a Verdad con Tinta que fue convocado en 2015 y 2016 por Juventudes del MAS para capacitar técnicamente a jóvenes militantes.
El especialista explica que estas personas fueron capacitadas en el manejo de redes sociales para crear una página, un perfil, un grupo, cuántos amigos pueden tener, cómo comprar publicidad, cómo segmentar anuncios, cómo crear contenido, cómo usar alguna aplicación para gestionar usuarios, como aparecer en Google, manejo de Wordpress, cómo funcionan los hashtags. “Todo lo que tienes que saber para estar en internet”.
Pero considera que quienes antes capacitó — algunos de los primeros guerreros digitales — ahora tienen un objetivo comunicacional que es “disminuir al opositor” para amplificar su propio mensaje.
Uno de los problemas que identificó Durán en este proceso es la jerarquía, es decir, había personas que solicitaban informes. “Se pedían desde arriba. Por ejemplo, si yo te digo que tu publicación ha sido compartida 5.000 veces, tú dices: ‘¡wow qué bien!’, claro, una compartí yo y 4.999 en grupos, pero mi informe dice que fueron 5.000”, ejemplifica.
Acota que el tema de “inflar seguidores” o de crear cuentas falsas no era por estrategia, sino por el informe que debían presentar los funcionarios estatales para decir “mire jefe mire todo lo que he logrado”.
Al culminar estas capacitaciones, esos grupos se fueron “multiplicando”. El académico revela que se fue alejando de este proceso cuando el objetivo estaba “cambiando”, pues más que luchar contra la desinformación, se empezaba a “propagarla”.
Con el pasar de los años, la lógica de los guerreros digitales se fue utilizando en los gobiernos regionales, incluso aquellos opositores al propio MAS, como fue el caso de Tarija. Aquí, la nube digital terminó por esfumarse: el gobernador más popular de Bolivia en las redes sociales quedó tercero en la elección regional, lejos del resultado esperado y de lo que las redes supuestamente decían, pero a la vez más cerca de la realidad.
El virus de la desinformación se esparce en Bolivia, con variantes cada vez más agresivas. Pero en este caso el costo no lo pagó el gobernador ni sus secretarios, sino cada uno de los habitantes de esta región, que vio escapar miles de dólares para dañar a enemigos políticos y alimentar ambiciones políticas personales en plena escasez por la pandemia.
Si le interesa conocer más de las publicaciones falsas y propagandísticas realizadas por funcionarios de la gobernación, puede ingresar aquí al especial periodístico.
Este trabajo fue realizado por Jesús Vargas Villena con colaboraciones de Carolina Méndez para Verdad con Tinta y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas
