(c) 2021, The Washington Post - Nick Miroff, Maria Sacchetti
Los arrestos migratorios en el interior de Estados Unidos cayeron en el año fiscal 2021 al nivel más bajo en más de una década, hasta cerca de la mitad de los totales anuales registrados durante la administración Trump, según datos obtenidos por el Washington Post del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Los oficiales que trabajan para el cuerpo de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE ejecutaron unos 72.000 arrestos administrativos durante el año fiscal que terminó en septiembre, comparado con 104.000 durante el año fiscal 2020 y un promedio anual de 148.000 entre 2017 y 2019.
Los datos de arrestos administrativos del ERO se consideran uno de los mejores indicadores de la actividad del ICE porque la aplicación doméstica de la ley de inmigración está bajo control total de la agencia, a diferencia de las deportaciones y otros parámetros que aumentan y disminuyen con las tendencias migratorias en la frontera con México.
Los arrestos del ICE en el interior se desplomaron después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo y estableciera nuevos límites a la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo una "pausa" de 100 días en la mayoría de las deportaciones. Un juez federal bloqueó rápidamente esa orden. Pero si bien los arrestos del ICE han aumentado en los últimos meses, los niveles de ejecución bajo el nuevo sistema de prioridades de Biden siguen siendo más bajos que en años anteriores.
Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, los 6.000 agentes del ERO promediaron cada uno alrededor de 12 arrestos de inmigración por año, o uno por mes. El pico de la actividad del ICE durante la última década fue en el año fiscal 2011, cuando el ICE ejecutó 322.093 arrestos administrativos, aproximadamente 4,5 veces el total de 2021, según datos históricos.
La portavoz del ICE, Paige Hughes, dijo que la agencia "está en el proceso de finalizar nuestros números fiscales de fin de año, y estos números se compartirán públicamente cuando se complete la revisión. La integridad de los datos es de suma importancia para la agencia y las estadísticas aprobadas por el ICE demuestran contundentemente la efectividad de nuestro enfoque actual de priorizar la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública".
El secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, emitió nuevas y amplias directivas al ICE a finales de septiembre, indicando a los funcionarios que el hecho de que alguien esté viviendo ilegalmente en Estados Unidos "no debería ser el único fundamento" para decidir detenerlo y deportarlo. Las nuevas directivas entran en vigor el 29 de noviembre.
Pero la agencia hace meses se alejó de las prioridades de la administración Trump, y los funcionarios del ICE dijeron que los oficiales están enfocados en arrestar a criminales más peligrosos.
Bajo el presidente Donald Trump, los oficiales del ICE tenían amplia libertad para hacer cumplir las leyes de inmigración y realizar arrestos, y muchos de los que fueron categorizados como sospechosos "criminales" eran delincuentes no violentos o tenían condenas por violaciones de inmigración como reingreso ilegal al país.
Aproximadamente el 90% de los detenidos por agentes del ICE durante el año fiscal 2020 eran delincuentes condenados o tenían cargos penales pendientes, según datos de la agencia. Esa cifra cayó al 65% durante el año fiscal 2021. El tercio restante son "infractores de inmigración", según muestran los datos.
Los funcionarios del ICE ofrecieron otros datos que, según dicen, reflejan su nuevo enfoque. Entre el 18 de febrero y el 31 de agosto, el ICE arrestó a 6.046 personas con condenas por delitos graves agravados, en comparación con 3.575 en el mismo período en 2020, dijeron las autoridades.
También señalaron el arresto de 363 delincuentes sexuales durante una operación selectiva este verano, en comparación con 194 durante ese período el año anterior. Casi el 80% de estos delitos involucraron niños como víctimas, dijo el ICE.
Las nuevas pautas de Mayorkas para el ICE instruyen a los oficiales a seguir dando prioridad a los inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional y para la seguridad pública, así como a los que han cruzado recientemente la frontera y a los que entraron ilegalmente a Estados Unidos.
"¿Vamos a gastar tiempo arrestando y deportando al trabajador agrícola que se está rompiendo la espalda para recoger las frutas que todos ponemos en nuestras mesas?" Mayorkas le dijo al Post en una entrevista en septiembre. "Porque si perseguimos a ese individuo, no gastaremos esos mismos recursos en alguien que, de hecho, amenaza nuestra seguridad. Y de eso se trata".
Mayorkas les dio a los oficiales del ICE mayor poder de decisión para determinar si arrestar a alguien, relajando las restricciones provisionales emitidas en febrero que requerían que los supervisores superiores firmaran todas las órdenes de arresto llevadas a cabo en la vía pública.
Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración, que favorece la reducción de la inmigración, acusó al ICE de un "colapso en la aplicación de la ley interna", incluso cuando la agencia continúa recibiendo miles de millones de dólares por detenciones y deportaciones.
"Éste es un problema de seguridad pública que no necesitamos tener", dijo, y agregó que un oficial le dijo que "la parte más difícil de mi trabajo ahora es fingir estar ocupado".
Los cruces fronterizos ilegales se han disparado desde que Biden asumió el cargo, y los 1,7 millones de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza durante el año fiscal 2021 fueron un récord histórico. Los críticos de la administración Biden dicen que la aplicación laxa de la ley al interior de EEUU ha incentivado las entradas ilegales.
El ICE frenó algunas actividades de detención en 2020 para evitar la propagación del coronavirus dentro de las congestionadas cárceles de inmigración. En los meses siguientes, la población de detenidos cayó a los niveles más bajos en más de una década. La población actual de detenidos es de unos 22.000, según las estadísticas más recientes de la agencia, muy por debajo del pico de más de 56.000 durante la administración Trump.
La administración Biden también se enfrenta a las críticas de los grupos de defensa de los inmigrantes. Están enojados por la expulsión masiva de migrantes haitianos el mes pasado de un campamento improvisado en Del Rio, Texas, así como por los planes para reiniciar la política de "Permanecer en México" de la era Trump en noviembre, que ordenó un tribunal federal.
Los activistas protestaron con una "huelga" virtual, al salirse de una reunión con los principales asesores de inmigración de Biden este mes, y muchos dijeron que el enfoque del actual gobierno no es diferente al de su predecesor.
Y aunque quienes defienden a los inmigrantes dicen que se sienten alentados por el cambio en la aplicación de la ley interna, no están seguros de cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) supervisará el cumplimiento del ICE en cuanto a las medidas que entrarán en vigencia el próximo mes.
Maru Mora Villalpando, una ciudadana mexicana de 50 años que vive en el estado de Washington, dijo que algunas de las nuevas políticas significaron "una gran victoria" para las organizaciones de inmigración de base que han estado luchando para limitar los arrestos.
Dijo que el gobierno de Trump decretó su deportación luego de que ella filmara las protestas de detenidos en su estado, aunque no tenía antecedentes penales y su hija es ciudadana estadounidense. Dijo que se quedó más allá del tiempo permitido por su visa y decidió quedarse a vivir aquí desde 1996.
La administración Biden, por el contrario, ejerció su discreción administrativa para revertir este año esa deportación, despejando el camino para que su hija la patrocine para la residencia legal, explicó. Hace unos días, dijo, llegó su tarjeta de residencia.
El DHS también dijo este mes que la agencia suspendería las redadas masivas en los lugares de trabajo y atacaría de manera más agresiva a los patrones sin escrúpulos que explotan a los inmigrantes indocumentados.
"Este trabajo que hemos hecho durante tantos años está dando sus frutos hoy", dijo Mora Villalpando, quien todavía está organizando ayuda para los detenidos en el estado de Washington, donde recientemente se aprobó una ley para eliminar gradualmente los centros de detención privados.
"Soy una de las afortunadas", dijo. Ella piensa regresar pronto a su hogar en México para visitar a sus hermanos que no ha visto en 25 años; sus padres ya han muerto.
"Simplemente no podía creerlo", dijo sobre la obtención de su tarjeta de residencia, pero agregó: "Esto no termina con que yo tenga una tarjeta de residencia ... El trabajo finalizará cuando el ICE deje de existir".
Información de los Autores:
Nick Miroff cubre la aplicación de la ley de inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional para el Washington Post. Fue corresponsal extranjero del Post en América Latina de 2010 a 2017, y ha sido redactor de plantilla desde 2006.
Maria Sacchetti cubre los temas de inmigración para el Washington Post, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU y el sistema judicial. Anteriormente reportó para el Boston Globe, donde su trabajo condujo a la liberación de varios inmigrantes de la cárcel. Vivió varios años en América Latina y habla español con fluidez.
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