Este miércoles 3 de noviembre, durante su último día de visita a Caracas, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, abrió la fase formal de investigación contra el régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad. La acción de la fiscalía, que no tiene precedentes en el continente hispano, quedó validada también por Maduro en un memorando que compromete al Estado a colaborar.
Esto despeja las dudas que tenían defensores de derechos humanos y opositores a Maduro sobre la finalidad y resultados de la visita del fiscal de origen británico. A nombre de su régimen, Maduro declaró que no comparte “la decisión, pero la respetamos”.
El contexto: El anuncio se hizo en el Palacio presidencial de Miraflores, durante la firma de un memorándum de entendimiento con Nicolás Maduro, en el que este se compromete a cooperar con el proceso.
- “El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, se lee en el documento.
- El proceso preliminar abierto en 2018, por numerosas denuncias de violación a los derechos humanos de disidentes antigubernamentales desde 2017, pasó a etapa de investigación sin “ningún sospechoso ni ningún objetivo”.
- Explica el documento que su objeto será “determinar la verdad y si existen o no de motivos para formular cargos contra alguna persona”.
- “Esta Corte es la Corte de ustedes, y según la Constitución de Venezuela esta Corte forma parte de la Constitución. Sus valores, sus principios, están arraigados en el suelo de este país, porque estos valores forman parte del valor y del espíritu de todos los seres humanos”, expresó Khan en la rueda de prensa.
¿Qué dicen?: En redes sociales los defensores de derechos humanos han calificado la decisión como un enorme progreso en la búsqueda de justicia.
- “Esto es lo que todos estábamos esperando”, declaró Tamara Suju, directora del Instituto Casla y una de las abogadas ante la corte de La Haya. “Se profundizará en las investigaciones que se habían venido realizando para determinar la incriminación de los responsables”.
- Las facultades de la CPI le permiten dar orden de aprensión internacional si se determina que los crimines continúan cometiéndose dentro del Estado, si se cree que hay obstaculización para la obtención de pruebas para la investigación o cuando no hay interés de que se realice la investigación.
Este miércoles, antes de la firma del memorando, la organización por los derechos humanos, Provea ya pedía a la CPI que se “realice un seguimiento a las amenazas y retaliaciones contra quienes han colaborado en su labor” y hacían responsable a las autoridades venezolanas por cualquier acción “contra la vida, integridad física y libertad de quienes vienen siendo criminalizados por acompañar a las víctimas”.
Fuente principal de la noticia: El País.
