Especial para The Washington Post - Jeremy Best
Una encuesta reciente de Quinnipiac encontró que el 66 porciento de los Republicanos no considera que la insurrección del 6 de enero fuera un ataque al gobierno. Aunque ampliamente condenado por los Republicanos en ese momento, durante los últimos nueve meses, Donald Trump y sus aliados han insistido en sus falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron ilegítimas, argumentando que lo que sucedió el 6 de enero fue, como mínimo, un arrebato de entusiasmo excesivo de lealtad a Estados Unidos y, como máximo, un intento patriótico de proteger a la nación contra sus enemigos.
Los hechos muestran una historia diferente. El proceso en curso del Comité Selecto para Investigar el Ataque del 6 de enero al Capitolio de EEUU continúa revelando evidencia sobre los vínculos entre los políticos Republicanos y las personas que invadieron el Capitolio para amenazar la vida de la policía del Capitolio, miembros, personal y empleados del Congreso, periodistas, el vicepresidente y otros en el edificio ese día.
Sin embargo, una narrativa se ha afianzado en la política dominante del Partido Republicano clasificando la insurrección política como resistencia patriótica. Hemos visto esto antes. La historia nos muestra que el resultado puede ser una escalada de violencia política, el debilitamiento de las instituciones democráticas y el eventual colapso del gobierno republicano.
Derrotado en la Primera Guerra Mundial y colapsando ante la rebelión popular, el Imperio Alemán perdió a su emperador Wilhelm II el 9 de noviembre de 1918, dos días antes del Armisticio. Una coalición de partidos liberales y centristas, incluido el moderado Partido Católico del Centro, los partidos liberales de la clase media y los socialdemócratas formaron un gobierno provisional, redactaron una nueva constitución democrática y, después de ganar una fuerte mayoría en las elecciones parlamentarias de enero de 1919 y nuevamente en junio de 1920, se hicieron cargo de la nueva república.
Desde sus inicios, la República de Weimar enfrentó una oposición que frecuentemente resultó en violencia política. La derecha intentó derrocar a la Coalición de Weimar y a la nueva república para establecer una dictadura. Por otro lado, la izquierda buscaba una república obrera de inspiración bolchevique. Los asesinatos y los enfrentamientos callejeros siguieron siendo endémicos en el país hasta finales de la década de 1920.
Para la derecha, la violencia política se basaba en la violencia retórica. Para ellos, la república era una "república de traidores", un usurpador ilegal. Como argumentó un juez anti-Weimar, la nueva república era ilegítima porque había nacido de una revolución ilegal y de la leyenda de la "puñalada en la espalda", que vilipendiaba a la república como un trato hecho por liberales, católicos, socialistas y judíos para destruir al pueblo alemán. La leyenda se basó en los prejuicios existentes entre los conservadores y archi nacionalistas en Alemania y fue un elemento central en la "Gran Mentira" de los nazis: que los judíos y sus aliados eran los culpables de todos los males que sufrían los alemanes y eran una amenaza para el futuro de la nación.
Creyendo que los partidos de Weimar habían golpeado primero contra la nación alemana, la derecha asoció la resistencia violenta con el patriotismo, refiriéndose a éste como el deber de los alemanes ostensiblemente leales. Entre 1920 y 1922, una entidad terrorista de derecha denominada la "Organización Consul" actuó basándose en esta creencia y asesinó a cientos de personas, incluido el líder del partido centro católico Matthias Erzberger y el ministro de relaciones exteriores judío Walther Rathenau, un liberal. La declaración de misión de la "Cónsul" proclamó que sus "objetivos espirituales" son el cultivo y la difusión de ideas nacionalistas y el terror para derrocar la constitución "antinacionalista" de Weimar.
Tales sentimientos ardieron con fuerza entre los nacionalsocialistas emergentes y entre los conservadores tradicionales en el ejército, la burocracia y, lo que es más importante, en el poder judicial. De hecho, la mayoría de los jueces alemanes pusieron en práctica estas creencias en sus tribunales, y en última instancia inclinaron la balanza de la justicia para apoyar a quienes "defienden la nación" contra la República de Weimar. Por ejemplo, en marzo de 1920, un grupo de archi nacionalistas, monárquicos y miembros del ejército alemán lanzaron un intento fallido para derrocar a la república tomando Berlín. Los esfuerzos del gobierno para procesar a los involucrados en el "Kapp Putsch" (llamado así por Wolfgang Kapp, uno de sus líderes) fueron notablemente ineficaces. Sólo uno de los 705 civiles participantes fue declarado culpable, y de 775 participantes militares procesados en cortes marciales, apenas 48 oficiales fueron destituidos de sus puestos.
Repetidas veces, quienes cometieron delitos políticos de derecha por razones "patrióticas" recibieron una leve amonestación, mientras que los culpables de delitos políticos de izquierda, incluso cuando esos delitos eran menores, sufrieron castigos más severos. Por ejemplo, en 1923, los comunistas de Hamburgo intentaron tomar el poder en esa ciudad. A diferencia de sus actos frente al Kapp Putsch, la policía respondió con tácticas violentas. Más de 1.000 personas fueron detenidas y 443 fueron juzgadas en un tribunal especial. La gran mayoría fue declarada culpable y recibió condenas de entre uno y cinco años. Esta respuesta contrasta claramente con la respuesta policial y judicial a los crímenes políticos de la derecha.
El ejemplo más famoso de esto fue el juicio dictado contra Adolf Hitler y sus asociados después del "Beer Hall Putsch" en Múnich. El 8 de noviembre de 1923, aproximadamente 2.000 nazis intentaron tomar por la fuerza control del estado de Baviera, en el sur de Alemania. Hitler y sus aliados de derecha esperaban usar Múnich como base desde la cual tomar el control de toda Alemania. Derrotado en breves pero mortales enfrentamientos con la policía de Múnich, Hitler y sus cómplices fueron arrestados y juzgados.
Hitler fue condenado por alta traición por su liderazgo en el intento de golpe, que dejó 20 muertos. Aunque un castigo común por traición era (y sigue siendo) la muerte o un largo encarcelamiento, Hitler no recibió ninguna de las dos. El futuro Führer fue "confinado a fortaleza`", es decir, recibió arresto domiciliario. La leve sentencia reflejó la opinión del juez de primera instancia Georg Neithardt de que Hitler tenía motivos honorables incluso si estaban equivocados. Neithardt también descartó la opción de deportar a Hitler de regreso a su país natal de Austria, diciendo que las leyes relevantes no se pueden aplicar a un hombre "que piensa y se siente tan alemán como Hitler" y muestra un "espíritu patriótico puro y una voluntad noble".
El hecho de que el poder judicial de Weimar no castigara adecuadamente los delitos políticos graves tuvo un efecto profundo en el apoyo a la república. La aplicación débil de las leyes alentó la oposición de la derecha a la democracia liberal y apoyó tácitamente la violencia como una expresión apropiada de los puntos de vista políticos. Mientras tanto, los votantes - especialmente los comunistas opuestos a la "república burguesa" - vieron en los fallos del poder judicial una clara evidencia de que la república y sus sistemas de justicia estaban quebrantados. Por tanto los votantes de la izquierda también se rebelaron contra la república, frustrados por un sistema legal que parecía no estar dispuesto a detener la violencia terrorista de la derecha que aumentaba cada vez más.
Bajo la República de Weimar, los traidores de derecha al gobierno fueron tratados como patriotas, y eso significó la ruina para la república.
En resumen, muchos conservadores alemanes querían ver caer la República de Weimar y trabajaron activamente para socavarla. La pregunta es si los líderes políticos de nuestro tiempo quieren ver caer la República de los Estados Unidos de América. Los políticos se equivocan al querer restarle importancia a esto o excusar los intentos violentos de cambiar los resultados políticos. Si clasifican eventos como los del 6 de enero como expresiones equivocadas de lealtad patriótica, entonces ponen en riesgo la legitimidad de la república estadounidense. Ya sucedió en el pasado en otro lugar. Sólo podemos esperar que los estadounidenses vean el peligro que tenemos ante nosotros y reconozcan que el patriotismo "excesivamente entusiasta" no es una excusa para la violencia política.
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Información del Autor:
Jeremy Best es profesor asistente de historia en la Universidad Estatal de Iowa.
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