Nicaragua protestas

Estados Unidos no permitirá la entrada de funcionarios del gobierno de Nicaragua a su territorio, incluido el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por la violación de derechos humanos y la socavación a la democracia de este país. La orden también incluye a cualquier funcionario que formule, implemente o se beneficie de las políticas que dañan las instituciones democráticas.

La decisión pretende “impulsar procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia”, dice el texto.

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¿A quiénes impacta? Afectará a miembros del gobierno de Nicaragua y su personal, así como alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos que ayudaron o cometieron violaciones de derechos humanos. Los cónyuges, hijos e hijas de estas personas también están incluidos en la restricción.  

  • La orden, publicada ayer y firmada por Biden, señala que el secretario de Estado, Antony Blinken, o alguien designado por él será quien se encargará de identificar a las personas que estarán bajo esta medida.  
  • La restricción permanecerá en vigor hasta que el presidente de Estados Unidos la de por terminada y el secretario de Estado podrá recomendar su continuación, modificación o culminación.

¿Por qué es importante? En anteriores ocasiones, la Casa Blanca ha dicho que la situación en Nicaragua “representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

  • Esa afirmación se debe a “la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen de Ortega, su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población civil, así como su corrupción que condujo a la desestabilización de la economía de ese país”, dice en un comunicado de la Casa Blanca.

El contexto. El 7 de noviembre Nicaragua celebró unas elecciones, cuyas garantías electorales fueron dudosas, pues desde hace meses las autoridades detuvieron a los principales opositores que podían darle contienda a Ortega en el cargo. Daniel Ortega, de esa forma, obtuvo el tercer mandato consecutivo en la silla presidencial.

  • La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución con 25 votos en la que afirma que estas elecciones "no fueron libres, justas ni transparentes y carecen de legitimidad democrática".
  • El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que estas elecciones fueron una “pantomima que no fue libre ni justa, y ciertamente no democrática”. Hizo un llamado al régimen de Ortega para que “tome medidas inmediatas para restaurar la democracia en Nicaragua y para que libere inmediata e incondicionalmente a los encarcelados injustamente por hablar en contra de los abusos y clamar por el derecho de los nicaragüenses a votar en elecciones libres y justas”. Mientras tanto, Estados Unidos y la comunidad internacional, usaran “todas las herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al pueblo de Nicaragua”.
  • El lunes el Departamento de Tesoro impuso sanciones a funcionarios del gobierno de Nicaragua, que incluye al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro. También se incluyó al Ministerio Público de Nicaragua como entidad. Las sanciones implican que todos los bienes e intereses económicos de los sancionados, y de cualquier entidad que sea de su propiedad, que estén en EE UU o en posesión o control de personas estadounidenses, son bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
  • Ya a mediados de este año, el Departamento de Tesoro había impuesto sanciones a la hija de Daniel Ortega, Camila Ortega Murillo; Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central; el diputado Edwin Castro Rivera, leal operador político del régimen en la Asamblea Nacional; y Julio Rodríguez Balladares, general del Ejército de Nicaragua.
  • Acciones similares ha llevado a cabo Estados Unidos contra países como Venezuela, cuyas instituciones democráticas han sido debilitadas y donde la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal para determinar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2017.
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