En las ciudades mexicanas de Tijuana y Reynosa, fronteriza con los estados California y Texas respectivamente, los campamentos de migrantes que esperan entrar a Estados Unidos se han multiplicado en los últimos meses, según un último reportaje de AP. Dos políticas implementadas por la Casa Blanca han prolongado la espera de quienes buscan protección y mejores condiciones de vida: la obligación de esperar en México las audiencias en la corte de inmigración (Remain in Mexico, 2019) o por la expulsiones —sin un criterio claro— en el marco de un mandato de salud pública para evitar la propagación del covid-19 (Título 42, 2020).
La mayoría de los migrantes no se retiran esperando las actualizaciones de las políticas migratorias de Estados Unidos, otras prefieren tomar la oportunidad que les ofrecen los funcionarios mexicanos para irse a un albergue. Particularmente en Tijuana, describe AP, el campamento “es muy visible y perturbador”, a diferencia de otras ciudades donde están más alejados de la ciudad. En Tijuana es distinto porque bloquea uno de los tres pasos peatonales a San Diego, por donde antes de la pandemia cruzaban una media de 12.000 personas.
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Los campamentos de migrantes parecen ser un problema que nadie quiere encarar, según el testimonio de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, quien ha denunciado la falta de colaboración del Estado mexicano para controlar los asentamientos. “Por ser un caso tan público, las autoridades de todos los niveles tuvieron miedo de equivocarse, miedo de hacer algo mal y que su carrera política se hubiera afectada”, recogió AP.
¿Por qué es importante? Aunque no se ha vuelto a implementar formalmente, la política Remain in Mexico está en discusiones con el gobierno mexicano para su reimplementación, y se espera que sea uno de los puntos en agenda de este jueves entre el presidente Joe Biden y Manuel Lopez Obrador. Un informe federal de cuatro páginas publicado el lunes indica que podría comenzar nuevamente “en las próximas semanas”, informó Border Report.
- El documento señala que Homeland Security (DHS) ha sostenido “reuniones periódicas y de alto nivel con el gobierno de México para discutir las preocupaciones del gobierno de México sobre la implementación previa del MPP y trabajar en posibles soluciones”. Las partes han “logrado un progreso significativo y están cerca de finalizar estas discusiones”.
El contexto. Si bien la administración de Joe Biden afirmó que trabajaría para deshacer las políticas implementadas por la administración Trump, esto no se ha cristalizado aún. Su promesa de campaña se enfocó en hacer un “sistema mucho más humano”.
- Biden solicitó a la vicepresidenta Harris que abordara las “causas fundamentales” de la migración desde las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Aunque sostuvo algunas reuniones a mediados de este año, se desconoce el avance de esta asignación.
- Cifras del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que depende del Departamento de Seguridad Nacional, indican un aumento histórico en las en la frontera sureste con 1.734.686 “encuentros”, que se refieren a detenciones y expulsiones, durante el año fiscal 2021, que comprende desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021.
- Un análisis de Pew Research Center señala que desde abril —el primer mes completo de implementación del Título 42, que expulsaba a los migrantes sin posibilidad de asilo para evitar la propagación de covid-19— hasta septiembre de 2021, 66% de los “encuentros” resultaron en expulsión. El 34% restante fueron detenidos.
- Aún las cifras muestran que la administración Biden ha seguido expulsando migrantes bajo el Título 42, aunque en menor medida que la administración Trump.
Con información de Associated Press y Border Report.
