(c) 2021, The Washington Post – Ann E. Marimow, Spencer S. Hsu
Como presidente, Donald Trump obstaculizó a los legisladores que buscaban sus registros financieros y el testimonio de un asesor cercano empleando una estrategia legal que funcionó a su favor, incluso habiendo después de perder en la corte.
Trump ha recurrido de nuevo a estas conocidas tácticas en un intento por frustrar a los investigadores de la Cámara de Representantes que buscan esclarecer quiénes son los responsables de la insurrección del 6 de enero contra el Capitolio de EEUU;, pero expertos legales opinan que, en esta nueva prueba del poder ejecutivo, ése enfoque podría no alcanzar el objetivo deseado.
“El manual de estrategia de Donald Trump incluye una sola jugada. la dilación. Lo intenta en todos los casos”, dijo el abogado de Washington Neal Katyal, exprocurador general interino. “Le era más fácil cuando su gente controlaba el Departamento de Justicia, pero ahora que no tiene ese control, es una estrategia mucho más compleja”.
Trump presentó una demanda el mes pasado para evitar que el comité de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero obtenga los registros de la Casa Blanca en cuanto a visitantes, correos electrónicos, borradores de discursos y otros registros oficiales del gobierno relacionados con la certificación de las elecciones de 2020. Sus abogados alegan que la solicitud del comité equivale a acoso, “nada menos que una operación de tanteo ilegal y vejatoria”.
Los observadores notan las inconfundibles similitudes a las batallas del expresidente mientras estuvo en el cargo, cuando luchó para bloquear el acceso de los legisladores a sus declaraciones de impuestos e impedir el interrogatorio al consejo de asesores de la Casa Blanca en torno al intento de Trump por socavar la investigación de Robert Mueller sobre Rusia. En efecto, se agotó el tiempo en ambos casos, aun cuando el Congreso finalmente obtuvo parte de lo solicitado.
La historia de Trump de escándalos empresariales y quiebras le ha permitido perfeccionar su estrategia. Gwenda Blair, una biógrafa de Trump, recuerda cómo contrademandó al Departamento de Justicia por $100 millones en la década de 1970 en respuesta a la demanda del gobierno conta los complejos de viviendas de su familia en Nueva York por discriminación racial.
“Prolonga las cosas indefinidamente” y aspira a ser percibido como el ganador “devolviendo el golpe de inmediato” y colocando a sus oponentes a la defensiva, dijo Blair. “Éste es un sistema legal en el cual quien puede pagar un abogado a menudo prevalece”.
Después de casi dos años de batallas legales, Trump y su padre llegaron a un acuerdo con el gobierno que les exigía anunciar oportunidades de vivienda para las minorías y educarse acerca de la Ley de Vivienda Justa. Pero Trump también declaró la victoria ya que el acuerdo no reconocía ninguna irregularidad de su parte.
En el caso de los impuestos, que se centra en el deseo de los legisladores de examinar las prácticas comerciales de Trump, Trump logró blindar sus registros del Congreso, aun cuando perdiera en el tribunal de distrito y en el tribunal de apelaciones. Demandó al Comité de Supervisión de la Cámara, y a su antigua firma de contabilidad, Mazars USA – en abril de 2019, pero el caso no llegó a la Corte Suprema sino al cabo de más de un año después, con un fallo en julio de 2020.
Aunque el tribunal superior rechazó las audaces afirmaciones de Trump de inmunidad ante la investigación del Congreso, el Congreso aún no ha visto sus registros. Los jueces remitieron el caso a los tribunales inferiores, que redujeron el conjunto de documentos que el Congreso puede revisar, y ahora está nuevamente en apelación con alegatos establecidos para el próximo mes.
En el caso del 6 de enero, la dilación podría volver a funcionar en beneficio de Trump si la disputa legal no se resuelve antes de las elecciones intermedias del próximo año, cuando los Republicanos esperan tomar el control del Congreso. Pero hay motivos para estimar que los tribunales actuarán con mayor rapidez, ya que, a diferencia del caso fiscal, en el cual la Casa Blanca y los legisladores estaban en desacuerdo, el Congreso y el presidente en funciones concuerdan en que los documentos deben ser entregados a los investigadores de la Cámara.
El mes pasado, el presidente Joe Biden rechazó la solicitud de Trump de bloquear su divulgación. La jueza federal de distrito Tanya S. Chutkan estuvo de acuerdo, y concluyó la semana pasada que “el interés público radica en permitir, no en prohibir, la voluntad combinada de las ramas legislativa y ejecutiva de estudiar los hechos que condujeron a los sucesos, y los propios eventos que ocurrieron el 6 de enero, y considerar una legislación para evitar que tales eventos vuelvan a ocurrir”.
La opinión de Chutkan citó una frase memorable del fallo contra Trump hace dos años, cuando otra jueza de la corte distrital, Ketanji Brown Jackson, tomó el lado del Congreso en la contienda por el testimonio de Donald McGahn, exabogado de Trump en la Casa Blanca.
“Los presidentes”, declaró Jackson, “no son reyes”. Recientemente, Biden la ascendió a la Corte de Apelaciones de EEUU por el circuito de DC.
La corte de apelaciones retuvo temporalmente el fallo de Chutkan, y se agendó la revisión de la solicitud de Trump por parte de un panel de tres jueces, para el día siguiente al Día de Acción de Gracias. El panel incluye a Jackson y dos jueces nominados por el presidente Barack Obama. Se estima que este panel podría emitir su fallo antes del año nuevo.
Si Trump pierde en el circuito de DC, es casi seguro que le pida a la Corte Suprema que intervenga.
Se necesitan cinco de los nueve jueces para suspender un fallo, pero no está claro si la Corte Suprema estaría dispuesta a evaluar la controversia del 6 de enero. El tribunal podría considerar que el tema de la separación de poderes es menos importante debido a que el Congreso esta bajo control del partido del actual presidente. Los magistrados también podrían querer evitar la decisión sobre una disputa política de tan alto perfil, sobre una base de emergencia y en un momento en el cual la corte ha sido criticada por la frecuencia con la cual toma decisiones sustantivas a través de lo que se conoce como el expediente paralelo de casos.
En la demanda del antiguo mandatario, Donald J. Trump v. Bennie G. Thompson, sus abogados alegan que un expresidente conserva el derecho de hacer valer el privilegio ejecutivo y que la oficina del presidente se vería irreparablemente perjudicada si los documentos se entregan al comité de la Cámara. Dicen que el caso presenta asuntos constitucionales novedosos sobre los derechos de un expresidente.
Pero en 1977, en el proceso de reformas emanadas del escándalo de Watergate, la Corte Suprema rechazó el intento del expresidente Richard M. Nixon de detener la publicación de las cintas y documentos de la Casa Blanca, encontrando que el privilegio ejecutivo “no es para beneficio del presidente como individuo, sino en beneficio de la República”. El Congreso entonces aprobó la Ley de Registros Presidenciales, la cual establece que los registros oficiales de un presidente pertenecen al pueblo, no al ocupante de la oficina, y contiene un proceso para canalizar las disputas.
Los Archivos Nacionales han identificado cientos de documentos de la Casa Blanca de Trump considerados relevantes para la investigación del comité de la Cámara respecto al 6 de enero. Según se requirió, el material fue revisado primero por la Casa Blanca de Biden y los abogados de Trump.
En su fallo de la semana pasada, Chutkan dijo que es el presidente en ejercicio, no el expresidente, quien está “en la mejor posición para evaluar los intereses a largo plazo del poder ejecutivo y para equilibrar los beneficios de la divulgación con cualquier efecto sobre la capacidad de los futuros asesores del poder ejecutivo para brindar un asesoramiento completo y franco”.
Saikrishna Prakash, profesor de derecho de la Universidad de Virginia, dijo que la posición del presidente en funciones será relevante para los tribunales, pero que las cuestiones legales en disputa son importantes y están lejos de estar resueltas.
“Si el motivo del privilegio es dar un consejo sincero, entonces sería razonable que el privilegio se extendiera más allá del mandato de un presidente”, escribió en una columna del Washington Post. “Hay que entender que ningún asesor de Trump le habría aconsejado francamente si corrían el riesgo de que sus recomendaciones se iban a publicar a los cuatro vientos cuando Trump ya no fuera presidente. El presidente Biden enfrenta el mismo problema con las recomendaciones que ahora le brindan sus asesores”.
Frente a la posibilidad de otra batalla legal prolongada, los Demócratas de la Cámara están respaldando una propuesta legislativa que requeriría que los tribunales revisen expeditamente los casos que involucran citaciones del Congreso.
Para cuando el Congreso finalmente escuchó al exabogado de Trump en la Casa Blanca en junio, Trump había perdido las elecciones de 2020 y los legisladores estaban comenzando a investigar el ataque al Capitolio. La mayor parte del relato de McGahn, que detalla cómo Trump intentó revertir la investigación de Mueller sobre las elecciones de 2016, ya era público y anticlimático.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, Demócrata por Nueva York, cuyo panel emitió la citación y luchó en la corte durante dos años para hacerla cumplir, dijo que la era litigiosa de Trump había dado una lección a los legisladores. “El Congreso”, dijo, “ya no puede depender de la cooperación de buena fe” por parte del poder ejecutivo.
Información de los Autores:
Ann Marimow cubre asuntos legales para el Washington Post. Se incorporó al Post en 2005 y ha cubierto la política y el gobierno estadal en California, New Hampshire y Maryland.
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