Un sistema de inmigración, seguro, ordenado y humano que defienda las leyes y valores. Esa fue la promesa de la administración Biden al tomar el poder, y comenzó con la firma de tres órdenes ejecutivas en febrero para mejorar el sistema migratorio.
Con la primera orden ejecutiva creó un grupo de trabajo, presidido por el secretario de Seguridad Nacional, para reunificar familias separadas por la administración Trump. La segunda orden buscó desarrollar una estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración hacia Estados Unidos e incluyó instrucciones al DHS para poner fin al programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en inglés). La tercera promovió la integración e inclusión de inmigrantes.
Pero a punto de cumplir un año al frente de la Casa Blanca, inmigración ha sido uno de los aspectos que se ha topado con más trabas que aciertos. Te presentamos una selección de los tres eventos más significativos en esta materia durante el 2021.
RESTABLECIMIENTO DE REMAIN IN MEXICO (MPP, EN INGLÉS)
EL 21 de enero el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security, DHS en inglés) anunció que dejaría de inscribir personas en el Programa de Protección al Migrante (MPP), mejor conocido como Remain in Mexico, que se lanzó en diciembre de 2018 y obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México a su suerte.
Ya el 1 de junio el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas —el primer inmigrante en estar frente a esta agencia— anunció el fin del programa. Pero en agosto un tribunal dijo que debía restaurarse porque el memorando de Mayorkas, que anunciaba la terminación de este programa, violó la ley de procesos administrativos.
Así el 6 de diciembre empezó su reimplementación en El Paso (Texas). La idea es que se realice de forma progresiva por la frontera sur. Otros seis puntos de entrada se reincorporarán: San Diego, Calexico, Nogales, Eagle Pass, Laredo y Brownsville. Algunas personas que sean procesadas en Eagle Pass, Laredo y Brownsville pueden ser trasladadas al interior de México para esperar sus audiencias.
El programa se modificó ligeramente en conversaciones con el gobierno de México. Se amplío su aplicación, pues bajo la administración Trump solo aplicaba a países del hemisferio de habla hispana; es decir, que países como Brasil estaban exentos. Haitianos, por ejemplo, que no hablan español, ahora están sujetos al programa.
Tras esas conversaciones, aseguran que las familias no serán separadas y se preservará la integridad familiar y se les preguntará a las personas si tienen algún tipo de temor de regresar a México. La promesa es que todas las personas inscritas en el programa recibirán vacunas por el gobierno estadounidense, también tapabocas siempre que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienden su uso.
Los defensores de migrantes ven con recelo la reimplementación. “Aunque el gobierno ha realizado algunas modificaciones en la forma en que se implementará la política, modificar los límites no conducirá a resultados fundamentalmente diferentes”, dijo Judy Rainovitz, asesora especial Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una organización sin fines de lucro con base en New York.
El MPP estará activo y un memorando que pone fin al programa será letra muerta solo hasta que finalmente una Corte dicte lo contrario.
MANTENER ESTATUTO DE SALUD PÚBLICA, TÍTULO 42
Con la pandemia de covid-19, en 2020 la administración Trump impuso una política, conocida como Título 42, que permite las expulsiones de migrantes en la frontera sin ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones humanitarias como una medida para evitar la propagación del coronavirus.
Antes de la administración de Trump, los migrantes que llegaron a Estados Unidos y buscaron asilo u otras protecciones humanitarias fueron detenidos o liberados en el país en espera de una decisión final de la corte de inmigración, lo que podría llevar años en medio de una creciente acumulación de casos. Bajo el Título 42, los migrantes ni siquiera reciben una orden formal de deportación.
Defensores de migrantes demandaron el año pasado a la administración de Trump por el uso del Título 42. Cuando el presidente Biden comenzó su mandato en enero, el nuevo gobierno federal continuó con la política, sosteniendo que es “necesario limitar la propagación del coronavirus”. Aún se mantiene vigente y reiteradamente grupos de defensores de migrantes han pedido su anulación. 1,2 millones de expulsiones se han llevado a cabo bajo esta medida desde que inició la pandemia.
Una antigua funcionaria de los CDC, Anne Schuchat, dijo que la medida que permitió expulsiones masivas de migrantes a partir de marzo de 2020 carecía de una justificación de salud pública suficiente. “La mayor parte de la evidencia en ese momento no respaldaba esta propuesta de política”, señaló a un Comité de la Cámara que investiga la respuesta de la administración Trump a la pandemia.
LEGISLACIÓN EN MIGRACIÓN EN PUNTO MUERTO
Al menos tres propuestas de los demócratas para beneficiar a los inmigrantes han visto su fin en el Senado durante este año, sobre todo por la parlamentarian de este ente, Elizabeth MacDough, que ejerce como árbitro no partidista sobre las reglas y procedimientos.
Primero, los demócratas propusieron que la ley incluyera una medida para proporcionar 8 millones de tarjetas verdes a inmigrantes en cuatro grupos: "Dreamers", que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños; titulares de estatus de protección temporal (TPS); trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales. Pero MacDonough afirmó que no era apropiado.
El segundo plan de los demócratas fue cambiar la fecha de registro para ciertos inmigrantes indocumentados y beneficiarios de programas de libertad condicional humanitaria. También fue rechazado.
El tercero permitiría que aproximadamente 6,5 millones de migrantes en los Estados Unidos, desde al menos 2010, busquen permisos de trabajo que les permitan tener trabajos y evitar la deportación por un total de hasta 10 años. Para ser aprobados, tendrían que pasar verificaciones de antecedentes y cumplir con otros requisitos.
La guía del parlamentarian indicó que la tercera propuesta de inmigración de los demócratas "no es muy diferente en su efecto a las propuestas anteriores que hemos considerado".
¿AHORA QUÉ SIGUE?
Algunos demócratas están considerando otras opciones. En el caso de las iniciativas migratorias en el Senado, es posible anular las recomendaciones del parlamentarian, pero requeriría 50 votos unánimes, incluyendo los de Joe Manchin y Kyrsten Sinema, que han sido claves en las negociaciones intrapartidistas.
De igual forma, el año que viene será crucial para los demócratas, ya que en noviembre es la renovación completa de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, por lo que les quedará poco tiempo para poder intentar mover sus iniciativas antes de que el balance de poder se reconfigure.
