(c) 2022, The Washington Post - Sean Sullivan, Maria Sacchetti
Beatriz apenas tenía 3 años cuando las autoridades estadounidenses la separaron de su padre, Jairo, poco después de que llegaron de Guatemala a la frontera de EEUU en visperas de Navidad de 2017. Jairo fue detenido y desarrolló una neumonía. A Beatriz la enviaron a Nueva York, donde según le dijo a su papá, la mujer que la acogió la golpeó tan fuerte con un cinturón que le dejó una cicatriz.
Ana huyó de Guatemala unos meses después con sus hijos Jaime, de 8 años, y Mateo, de 7, y dice que los funcionarios estadounidenses los separaron durante siete semanas, y agregó que, después de todo eso, Mateo hoy en día todavía no puede bañarse solo, dormir solo o estar separado de su madre.
Éstas son dos de las muchas acusaciones detrás de al menos 19 demandas, y cientos de quejas administrativas, presentadas contra el gobierno federal por migrantes que dicen que sus hijos fueron separados de ellos por la administración Trump. Los demandantes, que utilizan seudónimos en sus presentaciones legales para proteger su privacidad, buscan una compensación financiera después de sufrir lo que fue ampliamente considerado como una de las políticas más crueles del presidente Donald Trump.
Pero ahora, gran parte de la ira que rodea el tema se ha redirigido hacia el presidente Joe Biden, con amenazas de que aumente el furor hacia el a principios de este segundo año en el cargo. Las negociaciones entre la administración y los abogados de las familias sobre un acuerdo monetario fracasaron en diciembre, y las demandas se han empezado a reanudar en los tribunales, algunas esta semana.
Eso enfrenta a los abogados de la administración con los inmigrantes cuyos hijos fueron secuestrados, un escenario peligroso tanto legal como políticamente para un presidente cuyo apoyo por parte de latinos y liberales ya es inestable.
En una señal de la difícil lucha que se avecina, los abogados de un caso volvieron a presentar mociones el martes para obligar al gobierno a entregar "decenas de miles" de documentos internos, incluidas 10.000 páginas de "correos electrónicos, registros y notas escritas a mano" del Departamento de Justicia sobre la política de separación de familias implantada por Trump. Las mociones se habían dejado a un lado mientras se llevaban a cabo las conversaciones que buscaban un acuerdo.
Estos enfrentamientos podrían contribuir a una dinámica política ya de por sí difícil. A la izquierda, los activistas a favor de los migrantes acusan a Biden de no cumplir su promesa de reparar el daño infligido por Trump. A la derecha, los críticos se basan en un informe en el cual se detalla la administración estaba en conversaciones para pagar a cada migrante afectado hasta $450.000, diciendo que eso equivale a recompensar personas que intentaron cruzar la frontera ilegalmente.
Un año después de asumir el cargo, los esfuerzos de Biden por deshacer políticas de inmigración de Trump que condenó tan duramente han sido hasta ahora confusos, esporádicos y políticamente tensos. Después de actuar rápidamente para frenar algunos de los enfoques más controvertidos de su predecesor, Biden ha adoptado en los últimos meses, en muchas áreas esenciales, posturas cada vez más restrictivas hacia los migrantes.
Algunos activistas acusan a la administración de cobardía.
"Su instinto es muy defensivo", dijo Julián Castro, quien se desempeñó como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en la administración Obama y se postuló para presidente contra Biden. "Tiende hacia un enfoque basado en la aplicación de la ley y un enfoque que ve la inmigración como un tercer carril de la política. Generalmente, la administración le tiene miedo al tema".
A los ojos de Castro, eso fue evidente en los comentarios iniciales de Biden sobre los casos de separación de familias, cuando tildó de “basura” un informe sobre las negociaciones. Posteriormente, Biden dijo que sólo había rechazado la noción de que las personas pudieran obtener hasta $450.000, como se informó en el Wall Street Journal, no la idea básica de compensar a las familias.
La Casa Blanca ha guardado silencio desde entonces sobre las conversaciones en torno al acuerdo. Pero los funcionarios de Biden defienden su enfoque hacia la inmigración de manera más amplia, diciendo que el presidente está desmontando metódicamente las duras políticas de Trump mientras lidia con un imprevisto y desafiante aumento de migrantes.
"Esta administración está tan comprometida hoy como lo estábamos en el Día 1 a traer humanidad a nuestro sistema de inmigración", dijo la asesora principal de migración de Biden, Tyler Moran, quien sin embargo piensa abandonar la Casa Blanca pronto. "Hemos enfrentado una serie de desafíos este año debido a los cambios en los patrones de migración, y realmente hemos buscado enfrentarlos de manera responsable y consciente, y continuaremos trabajando para implementar un sistema que creemos que represente los valores estadounidenses".
Los casos de separación de familias muestran cómo la política de inmigración ha cambiado enormemente en el primer año de Biden. El senador Thom Tillis (R-NC), quien en 2018 se pronunció en contra de la separación de las familias migrantes, ahora ha presentado un proyecto de ley para impedir que Biden les compense.
"Continuaré evaluando al Departamento de Justicia a medida que avanzan en litigar estos casos individualmente y rechazaré cualquier resultado que implique la entrega de millones de dólares a inmigrantes ilegales", dijo Tillis en un comunicado el mes pasado después de que se rompieron las conversaciones del acuerdo.
Biden, quien durante un debate en 2020 con Trump calificó la política de separación de familias como "criminal" y luego publicó un anuncio destacando ese momento, está diciendo poco sobre el asunto. Pero algunos Demócratas alegan que si la administración termina pagando a las familias daños significativos, sería políticamente menos complejo para Biden explicarlo si los tribunales le obligan a hacerlo.
"Si requiere de más de una o dos frases para explicar pagos a personas que ingresaron a Estados Unidos sin permiso, ya ha perdido la batalla", dijo Leon Fresco, funcionario del Departamento de Justicia de la administración Obama. "Es más fácil, en una oración, decir que el juez les hizo pagar".
Cuando Biden asumió el cargo, ganó algunos elogios por rechazar enérgicamente la ampliamente impopular política de separación de familias llevada a cabo por Trump, la cual había sido incluso criticada por algunos Republicanos. Biden también había sido elogiado por crear un grupo de trabajo para ayudar a reunir a las familias migrantes que aún viven separadas.
Pero las complicaciones surgieron rápidamente cuando las familias comenzaron a exigir una compensación, algunas pidiendo pagos por millones. Describieron dolor y sufrimiento remanente que incluían pesadillas, ansiedad y pensamientos suicidas, según muestran los documentos judiciales.
Ambas partes presionaron por un acuerdo global en lugar de una serie de juicios individuales, con la esperanza de evitar meses de costosas batallas legales. Si acudían a los tribunales, las familias se enfrentaban a la posibilidad de un litigio prolongado con pocos beneficios, y el gobierno corría el riesgo de que los jurados ordenaran a la administración hacer pagos aún más grandes.
Sin embargo, las conversaciones se estancaron a fines de octubre, según personas con conocimiento de la situación, cuando el Journal informó que se estaban discutiendo pagos con montos de $450.000 por persona, y que algunas familias podrían recibir $1 millón o más.
Seis días después, Biden pareció haber sido tomado fuera de base cuando un periodista le preguntó sobre la posibilidad de tales pagos, diciendo que la noción era "basura" y que los pagos "no iban a suceder".
Pero al día siguiente, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden estaba de acuerdo con la idea de una compensación monetaria. Su reacción se refería sólo a la cantidad en dólares, ya que le pareció excesiva, dijo.
El presidente se hizo eco de ese sentimiento dos días después. Biden dijo que las familias separadas "merecen algún tipo de compensación" y que "el monto es a lo que [se] refería".
Esos intercambios resaltan cuán desconcertante se ha vuelto el tema de la inmigración para Biden. Reemplazó a un presidente que prometió prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos, que prometió construir un muro fronterizo y que insultó a los países de origen de los inmigrantes con frases vulgares. Pero si bien Biden ha suavizado drásticamente su retórica con respecto a la de Trump, revertir sus políticas ha sido más difícil.
Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que Biden ha trazado un camino muy distinto al de Trump, citando su revocación de la prohibición a los viajeros de algunos países de mayoría musulmana, su orden de que las agencias dejen de usar términos como "extranjero ilegal", la relajación de las tácticas de detención dentro de Estados Unidos y la creación del grupo de trabajo para reunificar a las familias separadas.
Pero los activistas a favor de los migrantes dicen que otras medidas de Biden demuestran un enfoque de línea-dura que en algunos casos incluso extiende las políticas de Trump, como el continuo uso de una orden de salud pública para expulsar a los inmigrantes indocumentados de la frontera, incluso a países en crisis, como Haití. También señalan que la administración ha restaurado y ampliado el programa "Permanece en México" de Trump para solicitantes de asilo, aunque Biden intentó poner fin al programa antes de que un tribunal federal le ordenara reiniciarlo.
Para muchos conservadores, mientras tanto, es indignante que Estados Unidos pague grandes sumas de dinero a personas que, según dicen, causaron sus propios problemas al intentar ingresar ilegalmente al país.
"Es inconcebible que la Administración Biden haya considerado este pago astronómico que fue un insulto para todos los trabajadores estadounidenses que posteriormente financiarían estas grandes compensaciones [a los migrantes] con sus dólares pagados en impuestos y ganados con esfuerzo", dijo Tillis en su declaración el mes pasado.
Y los liberales están igualmente molestos por la noción de que el gobierno podría apoderarse de los hijos de alguien y luego negarse a hacer lo correcto por ellos, particularmente cuando algunos padres nunca fueron formalmente acusados de ningún delito.
"Es profundamente decepcionante", dijo Castro. "Parece que la administración está operando por miedo a las implicaciones políticas de esto en lugar de operar en base a los valores que compartimos como Demócratas".
Ahora que las conversaciones se han estancado, esas políticas están a punto de volver a salir a la luz.
El 16 de diciembre, tres de los abogados de las familias dijeron que el Departamento de Justicia les había notificado que las negociaciones habían finalizado
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"Nos gustaría continuar las negociaciones del acuerdo. El gobierno las rompió", dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que ayuda a las familias. "No había ninguna oferta sobre la mesa. Estaríamos felices de seguir hablando con el gobierno, pero no si nos van a arrastrar de nuevo durante meses a perder el tiempo".
El Departamento de Justicia, aunque confirmó que no había un acuerdo a la mano, lo enmarcó de manera diferente.
"Si bien las partes no han podido llegar a un acuerdo de solución global en este momento, seguimos comprometidos a relacionarnos con los demandantes y llevarle justicia a las víctimas de esta política abominable", dijo el departamento después de que se rompieran las conversaciones sobre el acuerdo. El Departamento de Justicia se negó esta semana a comentar en mayor detalle.
Ahora, parece probable que la administración se encuentre en la incómoda posición de tener que luchar judicialmente contra las familias que fueron separadas y al mismo tiempo tener que enfatizar que se opone firmemente a la política de Trump.
El gobierno separó a más de 5.500 niños y adolescentes migrantes de sus padres en la frontera suroeste durante el mandato de Trump, según estimaciones del gobierno. Los funcionarios de Trump crearon la política de "tolerancia cero" que condujo a las separaciones porque los padres migrantes se estaban rindiendo en la frontera con sus hijos con la esperanza de eludir las cárceles de inmigración y entrar al país.
Según la política de Trump, los padres a menudo eran llevados a los tribunales, generalmente para una rápida declaración de culpabilidad por una infracción menor, mientras que los niños eran enviados a refugios supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Los abogados defensores de los migrantes argumentaron que muchos tenían legítimas solicitudes de asilo, como Ana y sus hijos, que ganaron su caso en la corte de inmigración y ahora viven en Florida.
Para Jairo, el proceso significó que fue deportado a su Guatemala natal en enero de 2018. Esperaba que los funcionarios enviaran a su hija Beatriz poco después, según la demanda a la que se unió, pero ella no llegó en cinco meses. Cuando lo hizo, ya no hablaba fluidamente el Mam, el idioma maya que habla su madre.
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Los periodistas del Washington Post, Nick Miroff, en Washington, y Kevin Sieff, en Ciudad de México, contribuyeron con este reportaje.
Información de los Autores:
Maria Sacchetti cubre inmigración para el Washington Post, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) y el sistema judicial. Anteriormente reportó para el Boston Globe, donde su trabajo condujo a la liberación de varios inmigrantes de la cárcel. Vivió varios años en América Latina y habla español fluido.
Sean Sullivan cubre la Casa Blanca para el Washington Post.
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