No había un consenso entre la prensa sobre cómo denominar lo que estaba sucediendo en la tarde del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Ataque, asalto, asedio, insurrección, motín, turba fueron algunos de los sustantivos que utilizaron para intentar informar los hechos: el Congreso entró en sesión para contar los votos de los colegios electorales y confirmar al demócrata Joe Biden como 46° presidente de la Nación, y en medio de la reunión, simpatizantes de Trump, tras forzar la barrera, irrumpieron violentamente en el Capitolio causando múltiples destrozos en el edificio.

Videos en redes sociales mostraron a algunos que caminaban con la bandera de la Confederación por las instalaciones del edificio y otros que incluso entraron a la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En su mayoría, animados por un mitin previo con el presidente de ese entonces Donald Trump, que se lanzó a la reelección, pero que ante la victoria de Biden por 306 votos ante los 232 de su contrincante, alegó que la elección había sido robada, denunció fraude y puso en duda el sistema electoral de Estados Unidos. Sus seguidores le creyeron y encuestas recientes muestran que aún seguidores de Trump y del partido republicano sostienen que hubo fraude electoral.

La sesión se suspendió temporalmente. Legisladores fueron evacuados de emergencia, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, antes de que los manifestantes entraran al Senado. Algunos trabajadores se escondieron debajo de sus escritorios. Trump no se pronunció sino horas después de que inició el suceso. En un video de un minuto les dijo: “Conozco tu dolor, sé que estás herido (…) Pero tienes que ir a casa ahora. Necesitamos tener paz. Tenemos que tener ley y orden. No queremos que nadie resulte herido”. Aún así en ese video no dejó de dudar de la integridad de las elecciones. “Tenemos una elección que fue robada. Fue una elección aplastante y todo el mundo lo sabe. Especialmente los del otro lado”. A finales de 2021, se reveló que varios allegados de Trump, entre ellos su hijo, Donald Trump Jr., presionaban a su jefe de gabinete, Mark Meadows, para que Trump se pronunciara sobre los hechos en el Capitolio.

Foto EFE

Declararon toque de queda en Washington DC esa noche y antes de las 4 de la mañana del 7 de enero, los legisladores confirmaron que Biden ganó las elecciones. También condenaron los hechos. “Para aquellos que causaron estragos en nuestro Capitolio hoy, ustedes no ganaron”, dijo el vicepresidente Pence que participó en la sesión. Incluso el republicano Adam Kizinger propuso que se invocara la 25ª Enmienda de la Constitución para destituir a Trump de su cargo: “El presidente causó esto”, dijo.

“Nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, diferente a todo lo que hemos visto en los tiempos modernos. Un asalto a la ciudadela de la libertad”, dijo Biden ese miércoles. En un comunicado Trump cedió y prometió una transición ordenada el 20 de enero. Biden tomó posesión y el hecho que lo precedió marcó la historia americana.

El saldo se supo después: 5 fallecidos, entre ellos un policía de el Capitolio, 140 oficiales heridos y múltiples destrozos con valor de $1,5 millones. Otros sucesos vinieron después: el segundo impeachment a Trump, el inicio del trabajo de la Justicia por responsabilizar a los manifestantes, la revisión de la policía del Capitolio y una comité en la Cámara de Representantes dedicado a determinar los hechos.

SEGUNDO IMPEACHMENT A TRUMP

Trump sostiene una copia del periódico USA Today al frente de su absolución de acusación | Foto EFE

El mandato de Trump finalizó con un hito: ser el primer presidente de la Nación en pasar dos veces por un proceso de impeachment. El segundo proceso de destitución se haría después de que dejara la Casa Blanca por “incitación a la insurrección”, que se aprobó en una resolución de la Cámara con todos los demócratas y el apoyo de 10 republicanos. Entre ellos, estuvo Liz Cheney, que señaló que “nunca ha habido una mayor traición por parte de un presidente de Estados Unidos”.

Los demócratas intentaron construir un caso contra el expresidente utilizando horas de evidencia de video y audio, cientos de páginas de documentos y capturas de pantalla de las publicaciones del presidente en las redes sociales, tanto de días anteriores como el mismo 6 de enero.

Los abogados de Trump alegaron que el juicio político es un truco político de los demócratas que temen postularse contra Trump en otras elecciones y que las afirmaciones falsas que hizo Trump sobre el robo de las elecciones están protegidas bajo la libertad de expresión.

Al final, el Senado absolvió a Trump el 13 de febrero. El procedimiento está concebido para destituir a presidentes en el cargo, aunque este se buscaba algo más simbólico: responsabilizar a Trump del ataque. “Las acciones del ex presidente Trump que precedieron a los disturbios fueron una vergonzosa y vergonzosa negligencia en el cumplimiento del deber. Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los acontecimientos del día”, dijo el líder de la minoría, el republicano Mitch McConnell ese día.

Algunos sondeos de opinión pública dejaban ver una idea del pensamiento general: 

  • 51% de los estadounidenses estaba a favor de la condena Trump en el Senado, 37% se oponía y 12% no estaba seguro, señaló una encuesta de Reuters/Ipsos. 55% de los estadounidenses apoyaron que el Senado impidiera a Trump ocupar un cargo federal en el futuro. 
  • Otro estudio, pero de ABC News, mostraba que 56% de los estadounidenses estaban a favor de que el Senado condenara a Trump y lo impidiera de ocupar un cargo federal en el futuro, con 43% en contra.

JUSTICIA BUSCA RESPONSABLES: 725 ACUSADOS

Partidarios del presidente estadounidense Donald J. Trump en la Rotonda del Capitolio después de violar la seguridad del Capitolio | Foto EFE

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia encabeza las acciones para buscar a los responsables. Al menos 725 han sido detenidas y acusadas en casi todos los 50 estados del país, detalló el fiscal general Merrick Garland. Han emitido más de 5.000 citaciones y órdenes de allanamiento, incautado aproximadamente 2.000 dispositivos, revisado más de 20.000 horas de metraje de vídeo y buscado aproximadamente 15 terabytes de datos. 

145 acusados se han declarado culpables de delitos menores, en su mayoría acusados ​​que no causaron lesiones ni daños. Más de 325 han sido acusados ​​de delitos graves, muchos por agredir a oficiales y muchos por obstruir o intentar obstruir de manera corrupta un procedimiento oficial. 20 acusados ​​de delitos graves ya se han declarado culpables.

71 han sido condenados. La condena más larga hasta la fecha se dio en diciembre, cuando un hombre que atacó a agentes de policía con un extintor fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.

“Construimos investigaciones sentando las bases. Primero resolvemos casos más sencillos porque proporcionan la base probatoria para casos más complejos (…) Seguimos la evidencia física. Seguimos la evidencia digital. Seguimos el dinero. Pero lo más importante, seguimos los hechos, no una agenda o una suposición. Los hechos nos dicen adónde ir a continuación”, afirmó Garland ayer. 

CÁMARA QUIERE DETERMINAR HECHOS: EL COMITÉ SELECTO

Miembros del comité de la Cámara que investigan el ataque al Capitolio el 6 de enero. De izquierda a derecha: el presidente del comité Bennie Thompson (D-MS), la vicepresidenta Liz Cheney (R-WY), Adam Kinzinger (R-IL), y Jamie Raskin (D-MD) | Foto Washington Post por Jabin Botsford

El partidismo también tuvo su puesto en la discusión de cómo evitar que un suceso así pase de nuevo. Ante el rechazo republicano de realizar una comisión bicameral que indagara sobre los hechos del 6 de enero, se formó como alternativa un Comité Selecto en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata. 

Está compuesto por siete demócratas y los dos republicanos que votaron para establecer el comité, los representantes Liz Cheney y Adam Kinzinger. Su presidente es el demócrata Bennie Thompson. Su objetivo: investigar hechos, circunstancias y causas del ataque del 6 de enero para identificar y evaluar las lecciones aprendidas y recomendar leyes correctivas, políticas, reglas de procedimientos o reglamentos.

En sus seis meses de trabajo han entrevistado a más de 300 testigos, anunciado más de 50 citaciones, obtenido más de 35.000 páginas de registros y recibido cientos de pistas telefónicas a través de la línea de información del 6 de enero. Entre las citaciones se encuentran personas estrechas al entorno de Trump como el exasesor de Trump, Steve Bannon, quien fue el primero en desafiar su citación y ahora enfrenta cargos penales por desacato ante el Departamento de Justicia.

El exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, también desafió al panel, luego de un breve periodo de cooperación, y fue remitido por desacato. Aún el Departamento de Justicia debe decidir si presentará cargos. El exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, también iría por el mismo camino, pero el panel le ha dado una oportunidad para comparecer, aunque la fecha se ha pospuesto.

Pero el trabajo no ha sido sencillo, muchos de los allegados de Trump han evitado colaborar con el panel por el “privilegio ejecutivo”, un poder que protege las comunicaciones del presidente del Congreso. Trump también ha emprendido una lucha para evitar que información llegue al Comité Selecto, por ejemplo, los documentos de su administración.

Más 800 páginas de los registros oficiales y comunicaciones de Trump relacionadas con el 6 de enero están en disputa. El Comité las pidió y antes de que Archivo Nacional las enviara, un tribunal las suspendió. En un último movimiento, Trump le pidió a la Corte Suprema que bloqueara la publicación. En diciembre, se conoció de un acuerdo entre el Comité y la administración Biden para frenar temporalmente este pedido ya que hay algunos documentos no vinculados con el 6 de enero que podrían comprometer la seguridad nacional.

Pero más allá de su labor principal, el panel busca pruebas de criminalidad que el Departamento de Justicia tal vez no haya descubierto. De esta forma, podrían realizar una remisión penal, es decir, recomendarle al DOJ que investigue un caso.

Se prevé que durante este año el Comité publique informes con los hallazgos de su investigación.