Gideon Long en el Parque Nacional Canaima, Venezuela
Visto desde el aire, el Parque Nacional Canaima en el sureste de Venezuela presenta un paisaje magnífico. Montañas inmensas con cimas aplanadas como mesas emergen de la frondosa jungla verde. Ríos oscuros serpentean bajo la maleza.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el parque es un refugio de biodiversidad y el hogar del Salto Angel, la cascada ininterrumpida más alta del mundo.
La vista aérea hacia el oeste, sin embargo, es bastante menos atractiva. La tierra muestra una virulencia de parches de tierra marrón y pelada – símbolos de actividad minera. Carreteras de tierra Cruzan los bosques hasta campamentos improvisados. La destrucción ambiental, claramente visible desde el aire, ha alheñado la bancada oeste del Río Caroní, el cual forma la frontera del parque.
“Las minas se encuentran justo al borde del parque, dentro de la zona de colchón que la Unesco requiere para los sitios que son Patrimonio de la Humanidad”, comenta Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco – una Organización No Gubernamental (ONG) que busca proteger la zona amazónica de Venezuela. “En muchos casos, hasta están dentro del parque”.
Canaima está amenazado pero no por si solo, añade Burelli. Durante dos décadas en el poder, el gobierno revolucionario, socialista de Hugo Chávez primero y ahora Nicolás Maduro, han presidido sobre lo que ella denomina “el desmantelamiento sistemático de las instituciones ambientales de Venezuela”.
Se han documentado en detalle durante los últimos años las crisis, política, económica y humanitaria. Los medios se han enfocado en la lucha de poder entre Maduro y la oposición respaldada por EEUU; en el monumental colapso económico de la nación; en el impacto de las sanciones estadounidenses, y en el resultante éxodo de unos seis millones de migrantes.
Las tribulaciones ecológicas del país han sido menos documentadas, pero quienes le buscan soluciones indican que deberían preocupar a la comunidad internacional tanto como las otras.
A medida que la economía se ha desplomado y los ingresos petroleros han ido desapareciendo, el régimen de Maduro ha buscado ingresos financieros por otras vías, incluyendo la explotación de los abundantes recursos naturales del país. Ha promovido la minería en partes de la Amazonia – delimitando una amplia porción en 2016 para fungir como un arco minero – principalmente para el oro, pero también para diamantes, coltán, bauxita, mineral de hierro y cobre.
Paralelamente, la infraestructura petrolera está cada vez más dilapidada. Son comunes los derrames y las fugas que causan daños a una de las naciones más biodiversas de la tierra.
El venezolano Francisco Dallmeier, director del Centro para la Conservación y Sostenibilidad del Instituto de la Smithsonian para la Conservación Biológica, en Washington, describe lo que está ocurriendo en Venezuela como un “ecocidio”.
“Tenemos uno de los sitios de mayor riqueza en la tierra, unos recursos naturales fantásticos, un sistema entero de zonas protegidas que se creo para salvaguardar esos recursos, y llega ahora el comienzo de una ola de destrucción, y no hay indicios de que eso vaya a cambiar”.
La deforestación no comenzó en la época de Chávez y Maduro, pero durante los últimos veinte años se han destruido unos 3.800 kilómetros cuadrados de cobertura arbórea – lo cual equivale al uno porciento de ese territorio; o un área de tamaño comparable a Rhode Island aproximadamente.
Adicionalmente, el ritmo de destrucción se está acelerando. Casi la mitad del daño ha ocurrido en los últimos cinco años.
Cicatrices en la tierra
Venezuela alberga únicamente una parte modesta de la selva amazónica– menos del 6 por ciento. Y sin embargo, tal es la escala de la Amazonía que un porcentaje tan bajo representa una extensión inmensa de tierra. La mitad del territorio total de Venezuela – casi toda la zona al sur del río Orinoco – es, o alguna vez fue, selva tropical. Es un área, en tamaño, mayor que California.
Hasta hace muy poco, la selva venezolana había escapado de la destrucción derivada de la explotación forestal, agraria y minera en partes del vecino Brasil y en otras zonas selváticas de la región. Según la Red de Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG por sus siglas en inglés), un consorcio de la sociedad civil que utiliza imágenes satelitales para monitorear la Amazonía, el 82,9 por ciento de la zona venezolana está intacta, en comparación a un 74,5% de la región amazónica en su totalidad.
Pero eso está cambiando. La minería ha surgido como una amenaza potente. RAISG dice que la cantidad de tierras utilizadas para minería al sur del Orinoco se ha triplicado en las últimas dos décadas. Entre 2015 y 2020, aumentó un veinte por ciento.
En 2016, Maduro estableció el “arco minero” en el banco sur del río, una zona rica en oro, diamantes, coltán, y otros minerales. Se extiende desde la frontera occidental con Colombia hasta la frontera oriental con Guyana y cubre un doce por ciento del territorio nacional, una extensión del tamaño de todo Portugal.
El gobierno alega que la minería en el arco está bien regulada, pero hay numerosos reportes que sugieren que se ha convertido en una refriega en la cual grupos criminales e insurgentes colombianos luchan por control de recursos lucrativos que son saqueados ilegalmente.
El año pasado, la OCDE lo describió como “un experimento descontrolado y a menudo violento en la explotación de recursos, regiones y comunidades”.
En 2020, la ONU publicó un informe sobre el arco basado en entrevistas con locales. Resaltó los casos de “un minero golpeado en público por robarse un cilindro de gas, un joven a quien le dispararon en ambas manos por robarse un gramo de oro, una mujer golpeada a palos por robarse un teléfono… y un minero al cual le cortaron la mano por no declarar una roca de oro”.
El arco ha dejado un efecto duradero en la tierra misma. “La técnica más utilizada es la minería de superficie o a cielo abierto, bajo la cual se hacen recortes o huecos inmensos en la tierra”, indicó el informe de la ONU.
Los ambientalistas dicen que la minería a cielo abierto destruye la biodiversidad y puede provocar escapes de gases peligrosos y contaminar el agua subterránea.
Si bien la minería supuestamente está limitada al arco, los grupos ecológicos dicen que se ha esparcido a las afueras de este y que está adentrándose en parques nacionales, incluyendo Canaima.
Utilizando imágenes satelitales y fotografías aéreas, SOS Orinoco ha levantado planos de 27 áreas mineras a la orilla del parque, muchas sobre el mismo río Caroní, y otras 32 dentro del parque. Una de ellas se encuentra a solo 24 kilómetros del Salto Angel.
Igual de inquietante para los activistas ecológicos es la amenaza que supone que el mercurio, utilizado en le minería de oro, se filtre al agua. SOS Orinoco estima que hasta 70 por ciento del Caroní, - el segundo mayor río de Venezuela con casi mil kilómetros de distancia – “podría estar en riesgo de contaminación derivada del uso de mercurio en las operaciones de minería aurífera”.
La ONG ha hecho pruebas a la comunidad Pemón – la principal etnia indígena de la zona – y éstas han determinado que “en la mayoría de los casos” sus niveles de mercurio “exceden los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud” para consumo humano.
“Las mayores concentraciones se encontraron en muestras tomadas a niños menores de 18 años que no trabajan en las minas”, resaltó la ONG, lo cual indica que los Pemón están a riesgo, aún cuando no estén conectados con la industria.
Trabajo brutal
En las comunidades mineras, no se explotan solamente los recursos, sino también los trabajadores.
El turismo solía ser una de las principales fuentes de empleo en Canaima, pero eso ha desaparecido a medida que la economía venezolana ha decaído en años recientes. Un guía turístico Pemón quien pasó varias semanas trabajando en una mina de oro a orillas del parque describió al Financial Times las condiciones de trabajo. Ha solicitado anonimato por temor a represalias.
Trabajaban en equipos de seis – cinco mineros y un cocinero – y dormían en literas en campamentos rudimentarios justo al lado de la mina. El equipo recibía el 40 por ciento de las ventas de todo el oro que encontraban y los dueños se quedaban con el resto.
“Te pagan en oro. Puedes intercambiarlo por efectivo en el sitio, pero a una tasa de cambio muy mala”, explicó. “Alternativamente, lo puedes llevar a Puerto Ordaz, [una ciudad al norte de Canaima] y pedir que lo fundan y lo conviertan en un pequeño lingote. Así lo puedes vender a mejor precio”.
“Estábamos bajo observación cercana todo el tiempo”, dijo, sentados en la orilla del Lago Canaima, donde caen las cascadas desde las rocas superiores. “Los dueños le decían a un minero, ‘te pagaré mejor si vigilas a los demás y te aseguras de que no roben’. Pero nos lo decían a todos. Nos ponían a unos en contra de los otros”.
“El trabajo era brutal – turnos de 24 horas algunas veces – y había tanta violencia en el campamento. Me salí apenas pude”.
Otro guía Pemón dijo que cientos de jóvenes habían dejado Canaima para trabajar en las minas de oro, abandonando sus pequeños proyectos de agricultura y turismo. “Nosotros los Pemones nos somos gente minera, pero con todos los problemas que tiene Venezuela, colapsó la industria turística. No tuvimos alternativa”.
Es complicado medir el impacto que tiene la minería sobre el parque y sus alrededores. “Es muy difícil – y peligroso - llegar hasta algunos de estos sitios y obtener información”, comenta Dallmeier.
Pero hay mucho que perder. Canaima reboza con vida salvaje – armadillos, osos hormigueros, pumas, jaguares, perezas, tapires, monos, sapos, culebras, guacamayas, colibríes y tucanes, además de un estimado de 500 especies de orquídeas y una extravagante gama de plantas.
Los distinguidos picos de montaña en formación de meseta – los tepuys – están entre las formaciones geológicas más antiguas del mundo, y cada una alberga un ecosistema único.
Según un informe preparado por World Heritage para la Unesco, “Hay una riqueza extraordinaria de especies en estas cimas de montaña aisladas. Tienen uno de los mayores coeficientes de flora endémica en la zona norte de Suramérica”.
Crudo despertar
Si bien la amenaza a la Amazonía proviene de la minería y la agricultura, un poco más al norte, en la costa caribeña de Venezuela, la amenaza proviene del petróleo.
Desde que se descubrió el petróleo hace un siglo en el Lago de Maracaibo, Venezuela ha producido millones de millones de barriles de crudo y han ocurrido derrames y fugas. En 1997, por ejemplo, el tanquero Nissos Amorgos encalló en el lago, derramando 25.000 barriles de petróleo.
Pero los ecologistas dicen que la situación ha empeorado en años recientes, aún cuando el país está produciendo muchos menos petróleo.
Las empresas de EEUU y Europa han dejado el país o reducido sus operaciones a un mínimo, dejando la industria casi totalmente en manos de PDVSA, la empras nacional del país, la cual está corta de caja y no tiene los recursos para hacer mantenimiento a una infraestructura en deterioro. Los sindicalistas dicen que los incendios y explosiones en las refinerías son relativamente comunes, al igual que los oleoductos reventados y las fugas.
Klaus Essig, un oceanógrafo venezolano que anteriormente trabajó como director ambiental en el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, una agencia gubernamental, determinó que según las estadísticas propias de PDVSA, entre 2010 y 2016 se dieron 46,080 derrames de crudo – pequeños y grandes – derivados de operaciones de la empresa; un promedio de 18 al día.
Desde entonces, PDVSA ha dejado de reportar dichas cifras, pero poco indica que la situación haya mejorado.
“Con toda seguridad, en años recientes, ha habido un incremento en los derrames de crudo”, dice Eduardo Klein, profesor asociado en el departamento de estudios ambientales de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. “Aun cuando estemos produciendo apenas un tercio del petróleo que solíamos extraer, la situación ha empeorado”.
Klein destaca una serie de tres derrames en sólo tres meses del 2020 cerca de la refinería de El Palito al oeste de Caracas.
El primero por si solo arrojó un estimado de 22.000 barriles de crudo mediano al océano, parte de los cuales luego llegó hasta los manglares del parque nacional Morrocoy.
“Se puede observar la manera en la cual los manglares han muerto debido al petróleo”, dice Kelin. “De haber llegado el derrame entero hasta Morrocoy habría sido un desastre total”.
En el lago de Maracaibo, domicilio de las instalaciones petroleras más antiguas de Venezuela, el problema son las fugas provenientes de unos 10.000 kilómetros de oleoductos submarinos.
“Es como un plato de espagueti, con tuberías entrelazadas, la mayoría de las cuales tiene más de cincuenta años”, indica Klein.
Falta de datos
Uno de los principales retos para los ecologistas venezolanos es la falta de información oficial confiable.
El gobierno de Maduro ya no publica ni los datos económicos básicos, para no hablar de estadísticas ambientales complejas referentes a junglas lejanas y profundidades oceánicas. La información que detalla el Ministerio del Ambiente en su página web data de hace casi una década.
Para este artículo, el FT solicitó declaraciones al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Minas, al presidente del Servicio Nacional de Parques y a PDVSA. No obtuvimos respuesta de nadie
“En mi opinión, sencillamente no les importa el medio ambiente”, declara Klein.
Esta indiferencia oficial se vió desplegada en la conferencia sobre cambio climático COP26 el año pasado en Glasgow, donde gran parte del mundo se comprometió a detener y revertir la deforestación para 2030. De las naciones amazónicas, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam firmaron el compromiso. Venezuela no lo hizo.
Tal es el velo de secretismo y temor sobre informar de la degradación ecológica que SOS Orinoco debe proteger la identidad de sus investigadores por miedo a represalias provenientes del gobierno y de mineros; y cuando Klein y la Sociedad Venezolana de Ecología – un ente independiente – solicitaron permiso del estado para evaluar el daño causado en Morrocoy por el derrame de crudo, les fue denegado.
“Tenemos que basarnos en ciencia ciudadana”, dice Klein. “Hemos abierto una página web y le solicitamos a personas de la zona que publiquen fotos del siniestro”.
El primero de los tres derrames cerca de El Palito en 2020 fue el doble del tamaño de uno que ocurrió en Islas Mauricio pocas semanas después, cuando un tanquero japonés encalló en un arrecife de coral. Y sin embargo, mientras que el derrame en Mauricio generó protestas internacionales y esfuerzos de limpieza, el de Venezuela pasó prácticamente inadvertido. El régimen de Maduro no lo ha reconocido formalmente.
El gobierno ocasionalmente ha tomado nota de la expoliación ecológica en sus parques naturales. En 2018, en un pronunciamiento inusual sobre Canaima, Maduro describió lo que estaba ocurriendo allí como un “ecocidio”, culpando a grupos armados, gente indígena y “una mafia política de derechas”.
“El daño hecho al parque de Canaima y el sistema de ríos aledaños es terrible, doloroso”, dijo, y se comprometió a que su gobierno tomaría medidas contra los perpetradores. Cuatro años más tarde, poco parece haber cambiado.
Unesco, agencia que ha expresado preocupación por Canaima, ha pedido al gobierno que presente un informe detallado sobre el estado del parque para diciembre de este año.
Algunos ecologistas dicen que a pesar de la destrucción en años recientes, todavía hay tiempo de salvar a la Amazonía venezolana y hasta revertir la deforestación, pero el reloj sigue su curso.
Dicen que el gobierno debe asegurar que la minería se limite al arco minero únicamente y que cese en los parques. Provita, una ONG ambiental venezolana, promueve “políticas de gerencia que respeten a los pueblos indígenas”. Otros ambientalistas indican que una de las respuestas está en promover proyectos agrarios sostenibles a pequeña escala, los cuales permitirían que los locales le den la espalda a la minería.
“La Amazonía venezolana, al igual que la Amazonía en Guyana y Surinam, está en mejor estado que en otros países de la región”, dice Irene Zager, directora de investigación de Provita.
“Pero debemos actuar ahora y tomar medidas drásticas para protegerla”.
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