El fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros siete fiscales generales, presentaron una demanda el viernes en la que pidieron a un juez federal detener un programa de inmigración de la administración Biden que permite que algunos niños centroamericanos emigren legalmente a los Estados Unidos para reunirse con sus padres o tutores legales, incluidos aquellos que tienen solicitudes de asilo pendientes.
Contexto: La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en la ciudad de Amarillo, Texas, afirma que el Programa de Refugiados y Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (CAM) “desafía el sentido común” y está recompensando a “aquellos que violan la ley”.
- El programa fue creado en 2014 bajo la administración de Obama para permitir que los niños de El Salvador, Guatemala y Honduras se reúnan con sus padres en los EE. UU., en lugar de usar contrabandistas para ingresar ilegalmente al país.
- La administración de Trump puso fin al programa en 2017, pero la administración de Biden la retomó en 2021.
- Los fiscales generales dicen que la administración de Biden no tiene autoridad para ejecutar el programa porque no fue aprobado por el Congreso y además, argumentan que el programa impone una carga financiera a sus estados porque tienen que brindar servicios a los niños, como educación y atención médica.
- Los otros estados que se han unido a la demanda son Arkansas, Alaska, Florida, Indiana, Missouri, Montana y Oklahoma.
Qué es el CAM: El Programa de Refugiados y Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (CAM) fue creado por la Administración del ahora ex presidente Barack Obama (2009-2017) como parte de la estrategia para detener la ola de menores centroamericanos no acompañados que se inició en 2014.
- Con Obama, el programa se limitó a los hijos de padres biológicos o padrastros que tenían un estatus migratorio legal. La administración de Biden lo amplió para incluir a los tutores legales de los niños y a los padres con casos de asilo pendientes.
- Los hijos deben tener 21 años o menos y no estar casados para calificar para el programa. Tanto los padres como sus hijos deben proporcionar muestras de ADN, y los tutores también deben proporcionar documentación para mostrar evidencia de su relación con el representado.
- El proceso de aprobación puede tomar de seis meses a un año. Si se aprueba, los niños pueden ingresar legalmente a los EE. UU. como refugiados, lo que crea un camino hacia la ciudadanía, o como personas en libertad condicional, lo que ofrece un permiso de trabajo. Ambos requieren una verificación de antecedentes y autorización del gobierno federal.
Las cifras: Más de 13.000 familias presentaron una solicitud mientras el programa estuvo en funcionamiento. De acuerdo al Migration Policy Institute, un think tank que estudia los procesos migratorios, de los 6.300 casos que recibieron una decisión, 29% recibió estatus de refugiado y 70% recibió un permiso especial, hasta marzo de 2017.
- Casi 3.000 peticiones estaban siendo procesadas cuando la Administración de Trump detuvo la emisión de documentos de viaje en enero de 2017. No obstante, el Gobierno siguió recibiendo el dinero de las solicitudes y solo hasta agosto de ese año anunció el fin del programa.
- Al momento de la terminación del programa, en agosto de 2017, 1,627 niños y otros miembros de la familia habían entrado a Estados Unidos como refugiados y 1.465 con el permiso especial.
- Como consecuencia, se generó una batalla legal en la que 12 padres y menores beneficiados por el programa y la Organización CASA, exigieron en una corte federal la restauración de la medida.
- Esta es la novena demanda en la que participa Texas que intenta bloquear una medida de inmigración de Biden.
Con información de: The Texas Tribune y Los Angeles Times.
