(c) 2022, The Washington Post - Anthony Faiola
En el sitio web de la campaña Biden-Harris 2020, el dúo Demócrata que ocuparía la Casa Blanca se comprometió a "reafirmar el compromiso de Estados Unidos con los solicitantes de asilo y los refugiados". Los críticos liberales repudiaron a la administración el año pasado por aparentemente incumplir esa promesa al deportar indiscriminadamente a miles de inmigrantes haitianos de regreso a una patria plagada de violencia. Ahora la administración enfrenta las mismas críticas nuevamente, esta vez por intentar detener a una oleada de migrantes venezolanos que buscan cruzar la frontera de los EEUU.
Las deportaciones ocurren al aumentar nuevamente la inmigración ilegal a lo largo de todo un mundo occidental políticamente polarizado. Desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta el Mediterráneo central, la disminución de los cruces ilegales que se evidenció durante el comienzo de la pandemia ha empezado a revertirse, manifestándose en la aparición de nuevas y masivas olas de migrantes. Los cruces fronterizos irregulares hacia la Unión Europea el año pasado aumentaron a casi 200.000, un 57% más que las cifras de 2020, y alcanzaron niveles no vistos desde 2017. Las autoridades estadounidenses detuvieron en diciembre a 178.840 migrantes en la frontera suroeste, casi dos veces y media más que el número de detenciones registrado el año pasado durante el mismo mes.
No todos esos migrantes son solicitantes de asilo en busca de un refugio contra la persecución. Pero los que lo son se han visto amenazados a ambos lados del Atlántico por una creciente retórica, sistemas de asilo cada vez más descoordinados y medidas represivas cada vez más controversiales.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron, de cara a su anticipada candidatura a la reelección contra los rivales de extrema derecha que han convertido la lucha contra la inmigración en un grito de guerra nacional, está defendiendo su propia postura de línea dura, pidiendo un fortalecimiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Ahora que Francia ocupa la presidencia rotativa del bloque, utilizó esa posición la semana pasada para presionar por la creación de un nuevo consejo europeo de migración que supervise la política regional en esa materia, así como una "fuerza de rápida reacción" para enfrentar las repentinas oleadas de inmigrantes en las fronteras de Europa.
Varias naciones europeas, incluida Polonia, que comenzó a trabajar el mes pasado en un nuevo muro fronterizo de $400 millones luego de un enfrentamiento con Bielorrusia a raíz del cruce de miles de inmigrantes provenientes del Medio Oriente, están pidiendo reglas más restrictivas para los solicitantes de asilo. En medio de una oleada de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha, la ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, aprobó el año pasado un plan para usar patrullas en motos acuáticas para forzar a los inmigrantes de regreso a Francia, una medida que, aunque no se ha implementado aún, resulta tan polémica que los agentes fronterizos han amenazado con iniciar una huelga al respecto y la Royal Navy se ha negado a llevarla a cabo.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los críticos dicen que, una vez más, la pandemia se está utilizando como un arma contra los solicitantes de asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional, y más tarde la Casa Blanca, confirmaron la semana pasada que Estados Unidos comenzará a devolver a Colombia a los migrantes venezolanos que ya se habían establecido previamente en ese país, el cual alberga la mayor diáspora venezolana. La administración Biden, como informó mi colega del Washington Post Nick Miroff, está expulsando a los venezolanos basándose en el Título 42, una controvertida disposición de emergencia utilizada anteriormente por la administración Trump que cita preocupaciones de salud relacionadas a la pandemia para deportar a los migrantes sin darles primero la oportunidad de solicitar protección de asilo bajo la ley de EEUU.
Para algunos venezolanos, Colombia equivale a un país lo suficientemente seguro dada la promesa que se ha hecho de darles estatus legal a más de 1,7 millones de inmigrantes provenientes de su vecino socialista. Pero la semana pasada, un reporte de Telemundo indicó que la administración Biden pudo haber ido aún más lejos al deportar a los venezolanos de regreso a las duras condiciones que se viven en su autoritario estado a través de un tercer país, exactamente la táctica por la cual el presidente Joe Biden había criticado personalmente al presidente Donald Trump, cuando éste la utilizó antes de las elecciones de 2020.
“Está muy claro que no tiene en cuenta el sufrimiento del pueblo venezolano”, dijo Biden sobre Trump en 2020 después de los reportes de que los venezolanos estaban siendo deportados a su país a través de Trinidad y Tobago.
Al indagar con la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, me informaron que estaban investigando el reportaje de Telemundo pero que no podían brindar más detalles.
“Los recientes reportes de que la administración Biden está expulsando a los venezolanos a través de terceros países son extremadamente preocupantes”, dijo en un comunicado la semana pasada el senador Robert Menéndez (D-NJ). “Al continuar usando una medida salida directamente del libro de jugadas de Trump para su lucha contra la inmigración, esta administración está dando la espalda a los inmigrantes que más necesitan nuestra protección”.
Todavía hay razones para creer que el enfoque de Biden para resolver el asunto de los solicitantes de asilo sigue siendo más humano que el de la administración anterior. El Post informó la semana pasada que la Casa Blanca ha ajustado cuidadosamente su respuesta a una decisión de las cortes de EEUU que le exige restablecer la política de la administración Trump, la cual obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras sus solicitudes son evaluadas por funcionarios estadounidenses. A pesar de la condena generalizada por parte de los defensores de los inmigrantes que querían que Biden ejerciera más presión contra la decisión judicial, la administración restableció el programa "con un alcance limitado y sin el celo demostrado por los funcionarios de Trump".
La administración Biden también ha sido, en algunos aspectos, víctima de su propia bondad. La administración se había abstenido en gran medida de usar el Título 42 contra los haitianos durante la primera parte de 2021, lo que permitió que miles fueran obtuvieran una decisión favorable sobre sus solicitudes de asilo entraran libres en los Estados Unidos, en particular familias con niños. A medida que estos rumores se extendieron a los haitianos residentes en países como Chile y Brasil, el número de haitianos que intentaron entrar a Estados Unidos desde esos países aumentaron. Fue sólo después de que miles de personas se amontonaran debajo de los puentes y a los bordes de las carreteras en Del Rio, Texas, y que Biden fuera atacado salvajemente en Fox News y otros medios con la narrativa de “fronteras descontroladas”, que la administración recurrió a las deportaciones sumarias de los haitianos bajo el Título 42.
Un aumento similar de la inmigración está ocurriendo ahora con los venezolanos. Estados Unidos detuvo a 24.819 venezolanos en diciembre, frente a los 206 del mismo mes en 2020. Ese salto se produjo después de un año en el cual la administración mostró una moderación extrema al usar el Título 42, según datos de la agencia fronteriza.
La administración ha defendido el uso del Título 42, argumentando que las grandes oleadas de inmigrantes plantean riesgos pandémicos. Sus partidarios también insisten en que la medida no viola el derecho internacional, en parte debido a una exención para quienes temen ser torturados si son devueltos. Pero los informes han sugerido que sólo una pequeña cantidad de inmigrantes son evaluados para recibir protección, lo que ha llevado a críticas que dicen que bloquea el acceso al sistema de asilo de EEUU, yendo en contra del derecho internacional.
De cualquier manera, la táctica parece diseñada en gran medida con un verdadero propósito: ser una amenaza inminente, y por lo tanto disuasoria, para los migrantes y solicitantes de asilo.
"La realidad es que, si bien la administración clasifica esto como un problema de salud, el Título 42 se está utilizando para tener efectos sobre la inmigración", dijo Jessica Bolter, analista asociada de políticas para el Instituto de Políticas Migratorias. Al señalar que la administración ya había reabierto las fronteras terrestres a los viajeros vacunados en noviembre, agregó que "es bastante difícil ver algún tipo de justificación de salud pública en este momento".
Información del Autor:
Anthony Faiola es columnista de la sección de noticias extranjeras del Washington Post, donde es el presentador interino del boletín informativo y la columna Today's WorldView. Se está retirando de su cargo como jefe de la oficina para América del Sur/Caribe, donde servirá hasta abril de 2022. Desde que se unió al periódico en 1994, se desempeñó como jefe de la oficina en Berlín, Londres, Tokio, Buenos Aires y Nueva York.
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