ENTREVISTA. Para la directora de REDIM, Tania Ramírez: México se convirtió en el muro de EEUU./ ETL

Ciudad de México (México).- Sin causar revuelo mediático, México detuvo a más de 48 mil niños migrantes y los mantuvo separados de sus padres, familias o cuidadores en 2021, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Son ampliamente conocidos los casos de familias migrantes separadas de sus hijos durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos, pero no ocurre lo mismo con las acciones de México. Para comprender esta situación El Tiempo Latino conversó con Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

REDIM aglutina a unas 75 organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos de niños y adolescentes migrantes en México. Elaboran informes, brindan consejos a instituciones públicas y ejercen presión. Según este conglomerado, la Ley de Migración, con sus últimas reformas efectuadas el 4 de mayo del 2021, reconoció principios como el interés ''superior de la niñez'', el principio de no devolución y de reunificación de familias, pero ello no ha trascendido del papel.

"Un año después seguimos observando una dinámica de niñez migrante contraria, no solo a la ley, sino también a lo que vimos años antes", expuso.

Los datos que alertan

Desde enero hasta octubre de 2021, de acuerdo con el boletín de política migratoria de REDIM, 19 mil 793 menores de 0 a 17 años fueron repatriados desde Estados Unidos hacia México.

“Eso representó un aumento del 105% respecto a la cantidad de repatriaciones que se dieron en el mismo período del 2020”, pero al mismo tiempo las autoridades mexicanas realizaron “48 mil 707 detenciones de niños y adolescentes migrantes”, señaló Ramírez.

Explicó que esos casos no se documentan de forma oficial como detenciones, pese a que la atención del Instituto Nacional de Migración (INM) es de ese tipo, “sino como niñas, niños y adolescentes 'bajo protección'”.

Las cifras de México dejan pequeñas las de Estados Unidos. Durante la política de “tolerancia cero” del expresidente Trump, organizaciones de derechos humanos llegaron a contar aproximadamente 5 mil separaciones y detenciones de menores, de las cuales unas 1 mil 700 aún hoy buscan resolverse.

La defensora de derechos humanos señaló que el objetivo de los albergues es “tenerlos encerrados; los esfuerzos no se orientan a la reunificación familiar ni la elaboración de un plan de vida ni de restitución” para los migrantes.

Las detenciones de menores, por parte de México, representaron un incremento exponencial para 2021 de 402% frente el período de enero a octubre de 2020.

Los datos de la organización también demuestran que México deportó a 8 mil 181 menores para esas fechas, que representaron un incremento de 12% en esta acción. 

En su mayoría, los deportados son ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, países del “Triángulo Norte”. La activista sentenció que no ha habido suficiente coordinación, a nivel nacional o regional, para cambiar la dinámica de los niños y adolescentes migrantes.

La crisis no está en la migración

“Vemos una política orientada a la persecución, sobre todo del INM, enfocada en una criminalización de la inmigración; como si fuera una gestión de crisis. Según nosotros y otras organizaciones, la crisis no está en la migración; está en una gestión sin un enfoque de derechos humanos”, denunció Ramírez, quien es la primera directora ejecutiva de REDIM. 

La activista aclara que los Estados pueden tener intereses y preocupaciones legítimas en cualquier materia, "pero no se puede priorizar un tema de seguridad por encima del interés superior de la niñez".

“Según los datos, en la realidad lo que está sucediendo es que México se convirtió en el muro; se ha ido convirtiendo, con esta cantidad de repatriaciones y deportaciones, en el muro (en referencia al que Trump se propuso edificar)”, argumentó la activista. 

Añadió: “Con el dinero público de los impuestos de las personas, que pagan el funcionamiento de las instituciones, estas (políticas) agudizan las prácticas de persecución. Esto hace que los migrantes tomen otras rutas y acuerdos; es ponerlos en una precondición de víctima para la delincuencia y el crimen organizado”.

Tania Ramírez. Foto: Cortesía.

Xenofobia y aporofobia

Al comentar sobre posibles actos de xenofobia desde instituciones del estado, Tania Ramírez recordó sumar la aporofobia a la ecuación.

Aporofobia fue un término acuñado por la filósofa Adela Cortina, quien lo definió como: “el miedo, la aversión y el rechazo a los pobres”, según una reseña de El País.

“Eso (xenofobia) no lo vemos -en México- con gente que viene de Europa o Estados Unidos. No solo hay miedo por desconocimiento, es una falta de comprensión, porque es lo mismo lo que vive quien viene del sur que lo que viven los connacionales a medida que se acercan a la frontera norte”, ejemplificó Ramírez.

“Se está reforzando un estigma sobre la migración y la pobreza. Ese estigma de asociarlo todo con la inseguridad es una muestra de que no hay una gestión con enfoque de derechos sobre las migraciones”, afirmó.

Para ella, las migraciones no deben tomarse como algo de novedoso y la institucionalidad mexicana debe verla como algo que enriquece a la nación. “Lo que es nuevo son estas crisis en la atención humanitaria o atención con enfoque de derechos”, aseguró.

En México viven, según publica la ONU, 1 millón 060 mil 707 inmigrantes, lo que supone un 0,84% de una población total de 128 millones.

Hay más que albergues

Ramírez explicó que si un menor huye de la violencia, en lugar de encerrarlo el deber es darle la oportunidad de vivir libre. Si su situación es de precariedad, lo que se debe buscar es la reunificación con familias dentro o fuera de México.

“Hablamos con el Estado para demostrarlo. Hay muchas opciones, desde la permanencia hasta la reunificación familiar y no únicamente la institucionalización, que es meterlos a todos en albergues. Se tiene que buscar una política integral. En cada caso hay que hacer un análisis teniendo al interés superior de la niñez como principio”, argumentó.

Los encierros prolongados, que no permiten a los niños vivir con familias temporales o las de origen, no solo provocan afectaciones al desarrollo psicoemocional, también al integral, advirtió Ramírez y expertos consultados.

El desarrollo de los niños y adolescentes tiene estadíos veloces, de un año o meses, por eso "no es lo mismo para un niño estar dos meses encerrado en una estación migratoria que para una persona adulta”, aseveró.

Los impactos en términos psicosociales de estas separaciones se ven posteriormente en habilidades blandas como la empatía, la capacidad de trabajo en equipo, entre otros; y también en las competencias duras útiles laboralmente, comentó. El trauma de la separación puede deteriorar el desarrollo integral e incapacitar "para lograr vivir una vida digna, no de lujo, pero sí adecuada".

“Recordemos que la niñez migrante no migra, huye”, sentenció Ramírez.