(c) 2022, The Washington Post – Jacqueline Alemany, Devlin Barrett, Matt Zapotosky, Josh Dawsey
Algunos de los documentos de la Casa Blanca que Donald Trump llevó indebidamente a su residencia de Mar-a-Lago estaban claramente marcados como clasificados, incluidos documentos de nivel “ultrasecreto”, según dos personas familiarizadas con el tema.
Es probable que la existencia de documentos claramente marcados como clasificados dentro de este valioso lote de documentos, de los cuales no se había informado anteriormente, intensifique la presión legal que Trump o su personal podrían enfrentar, y plantee nuevas preguntas sobre por qué los materiales salieron de la Casa Blanca.
Si bien no está claro cuántos documentos clasificados se encontraban entre los recibidos por la Administración Nacional de Archivos y Registros (“Archivos Nacionales” o los “Archivos”), algunos tenían distintivos de que la información era extremadamente confidencial y sería de acceso limitado a un pequeño grupo de funcionarios autorizados, aseguraron las dos personas con quien hablamos.
Los distintivos fueron descubiertos por los Archivos Nacionales, que el mes pasado organizaron la recolección de 15 cajas de documentos de la residencia del expresidente en Mar-a-Lago. Los funcionarios solicitaron al Departamento de Justicia que investigara la materia, aunque hasta el jueves por la tarde los agentes del FBI aún no habían revisado los materiales, según dos personas familiarizadas con la solicitud.
No estaba claro si el Departamento de Justicia iniciaría una investigación en detalle. Los archivos se almacenaron en una instalación de información confidencial compartimentada, también conocida como SCIF, mientras los funcionarios del Departamento de Justicia debaten cómo proceder, dijeron las fuentes.
Al igual que otros en este informe, las personas hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar de algo políticamente delicado. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar.
El portavoz de Trump, Taylor Budowich, dijo: “Está claro que un proceso normal y rutinario está siendo utilizado como un arma por fuentes gubernamentales anónimas y políticamente motivadas para vender noticias falsas. La única entidad con la capacidad para cuestionar de manera creíble este informe falso, los Archivos Nacionales, no han emitido ningún comentario.”
El desafío de Trump durante años a la Ley de Registros Presidenciales, que requiere la conservación de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos, faxes y otras comunicaciones escritas relacionadas con los deberes oficiales de un presidente, y otras prácticas inusuales de mantenimiento de registros, ha sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo. En 2018, por ejemplo, Politico informó sobre la afición de Trump por romper documentos oficiales. Pero en las últimas semanas, las costumbres del expresidente han generado una nueva atención, en gran parte debido a la investigación del comité especial de la Cámara de Representantes para el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EEUU.
El Washington Post informó a fines del mes pasado que algunos de los documentos de la Casa Blanca que los Archivos Nacionales entregaron al comité parecían haber sido desgarrados y luego pegados nuevamente. El Post informó más tarde que los funcionarios habían recuperado 15 cajas de documentos presidenciales de Mar-a-Lago y que sospechaban que Trump posiblemente había violado las leyes relacionadas con el manejo de documentos gubernamentales, incluidos aquellos que podrían considerarse clasificados.
Se aplica una clasificación de “ultrasecreto” a la información cuya divulgación no autorizada “podría causar un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional”, según la Oficina de Supervisión de Seguridad para la Información de los Registros.
Los funcionarios incluso mantienen en secreto algunos de los mecanismos sobre cómo el gobierno clasifica y almacena sus documentos, pero en la práctica diaria a menudo se refieren a los sistemas clasificados como “el lado alto” y a los sistemas gubernamentales no clasificados como “el lado bajo”. En el lado alto, hay diferentes tipos de información clasificada dentro de la categoría de “ultrasecreto” que están restringidas a grupos menores de funcionarios según sea necesario, incluida una categoría amplia denominada Programas de Acceso Especial, o SAP.
Incluso habiendo encontrado documentos denominados como clasificados en sitios donde no pertenecen, los fiscales tienen una barra legal alta para presentar cargos penales. Los fiscales tendrían que probar que alguien manejó mal el material intencionalmente o que fue muy negligente al hacerlo, lo que puede ser un gran obstáculo en sí mismo. Y Trump, como presidente, habría tenido una libertad ilimitada para desclasificar documentos, lo que podría plantear desafíos aún mayores para presentar un caso en su contra.
El exfiscal federal Brandon Van Grack dijo que algunas de las leyes sobre información clasificada requieren que alguien actúe “sin autorización, y potencialmente el presidente podría argumentar que él mismo se dio esa autorización”.
Pero, independientemente de si se puede fundamentar un caso penal, Van Grack dijo que “el FBI querría y necesitaría revisar la información y realizar una investigación para determinar qué ocurrió, y saber si fuentes y métodos se pusieron en riesgo”.
No está claro con precisión quién empacó los materiales clasificados en Mar-a-Lago, o cómo llegaron hasta allí en primer lugar. Trump fue muy reservado sobre el embalaje de las cajas que se recuperaron de Mar-a-Lago el mes pasado y no permitió que otros asistentes, incluidos algunos de sus asesores más importantes, las miraran, según personas cercanas a él.
Durante su tiempo en la Casa Blanca, Trump a menudo llevaba documentos oficiales a su residencia para revisarlos, acumulando montones de documentos con el tiempo, según personas familiarizadas con las prácticas de mantenimiento de registros de Trump.
Aunque eso no es necesariamente inusual en sí mismo, los documentos se acumulaban. Un miembro del personal de la Casa Blanca dijo que se había convertido en un problema tan grande que eventualmente llevó al personal de registros a tener que buscar materiales en bolsas utilizadas para la quema de materiales.
“Por todas las cosas escritas sobre su aversión a la lectura, a menudo se llevaba los documentos para leerlos en su residencia o los traía de allá”, dijo un segundo funcionario de la Casa Blanca de Trump. “Pero no sé si eso está fuera de lo común”.
Los funcionarios tuvieron que apresurarse a empacar antes de que Joe Biden asumiera el cargo, y una persona familiarizada con los eventos supuso que algunos de los documentos internos probablemente llegaron a cajas destinadas a Mar-a-Lago en lugar de ser entregados como se debió haber hecho. Un asesor dijo que Trump comenzó a revisar los materiales en diciembre después de que el personal recibió las solicitudes de Gary Stern, un abogado de los Archivos.
Durante el verano, los Archivos se comunicaron para solicitar documentos de alto perfil que no parecían estar entre los entregados, dijo una persona familiarizada con el asunto. Estos incluían correspondencia con el líder norcoreano Kim Jong Un que Trump una vez describió como “cartas de amor”, así como una carta que el presidente Barack Obama le dejó a Trump, aseguró la persona. Los Archivos Nacionales también preguntaron sobre un mapa del huracán Dorian que Trump había alterado con un marcador negro en un intento fallido por demostrar que no se había equivocado sobre la trayectoria de la tormenta, dijo la persona.
El mes pasado, los funcionarios de los Archivos recuperaron esas y otras cajas, y dijeron en un comunicado que los representantes de Trump “continuaban buscando” registros adicionales que aún no se habían entregado.
David Laufman, un exfuncionario de contrainteligencia del Departamento de Justicia que ha participado en juicios e investigaciones sobre el mal manejo de información clasificada, dijo que el hecho de que Trump fuera presidente “presenta factores de riesgo de litigio adicionales, en la medida en la cual, como presidente, tuviera autoridad para desclasificar documentos o potencialmente incluso determinar a dónde podrían transferirse los documentos clasificados”.
Pero, agregó, “no hay duda de que fue inapropiado que la información clasificada fuera llevada o residiera en Mar-a-Lago”.
Laufman, quien participó en la investigación del uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton, dijo que una investigación del Departamento de Justicia se centraría no sólo en Trump, sino también en quienes empaquetaron los materiales clasificados y los trasladaron a Mar-a-Lago, para ver si sabían lo que estaban haciendo. Dijo que el siguiente paso sería que los agentes del FBI fueran a la instalación segura donde se almacenan los documentos, revisaran las marcas por sí mismos y luego “ampliaran su investigación para saber cómo estos documentos llegaron a trasladarse de la Casa Blanca a Mar-a-Lago y si alguien asociado con eso tiene una posible responsabilidad penal”.
Los expresidentes a veces reciben y conservan información clasificada, según personas familiarizadas con los registros presidenciales. Por ejemplo, los expresidentes pueden recibir documentos informativos clasificados antes de una reunión con un líder extranjero. Pero se supone que deben salvaguardar cuidadosamente dichos documentos, manteniéndolos en una caja fuerte o en alguna otra instalación segura.
Si un documento ha sido etiquetado como “ultrasecreto”, las reglas federales explican un procedimiento para su manejo y para cualquier esfuerzo por desclasificarlo. A menudo, la información no proviene de la Casa Blanca sino de otra agencia.
En el pasado, cuando se discutía la desclasificación de un documento militar o de inteligencia, se consultaba a la agencia que lo originó antes de tomar una decisión. Las reglas también requieren que los documentos desclasificados se marquen visiblemente como “desclasificados”.
Una novedad adicional a las preguntas que giran en torno a los registros de Trump es que, mientras era presidente, Trump se quedaba con frecuencia en Mar-a-Lago y manejaba documentos oficiales mientras estaba allí, lo que significa que podría ser difícil en algunos casos establecer la cadena de custodia de documentos clasificados específicos.
La preocupación de que el expresidente o su círculo íntimo puedan haber llevado documentos clasificados a un lugar no seguro proporciona una línea potencial de ataque político para los críticos de Trump, quien durante la campaña de 2016 criticó repetidamente a Clinton por su manejo de material clasificado e insistió en que debería estar en la cárcel. El FBI investigó a Clinton por el posible mal manejo de información clasificada en relación con su uso de un servidor de correo electrónico privado mientras era secretaria de estado.
Los investigadores encontraron 110 correos electrónicos que contenían información clasificada en el momento en que fueron enviados o recibidos en el grupo de 30.000 que Clinton luego entregó para su revisión, incluidas ocho cadenas de correos electrónicos que contenían información que era “ultrasecreta” en el momento en que fue enviada. Pero el Departamento de Justicia finalmente decidió no acusar a Clinton, luego de que el FBI determinara que no podía probar que tenía la intención de manejar el material confidencial de manera indebida.
Algunos analistas dijeron que Trump ahora podría encontrarse en el punto de mira de una investigación similar. Pero otros recomendaron cautela.
“Hay un montón de incógnitas aquí”, dijo Van Grack. “Así que parte de esto es que la gente simplemente no necesita sacar conclusiones precipitadas”.
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Los reporteros del Washington Post Tom Hamburger y Ashley Parker contribuyeron con este reportaje.
Información de los Autores:
Devlin Barrett escribe sobre el FBI y el Departamento de Justicia, y es el autor de “Sorpresa de octubre: cómo el FBI intentó salvarse y arruinó una elección”. Formó parte del equipo que ganó el Premio Pulitzer en la categoría de Reportaje Nacional en 2018, por la cobertura de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.
Josh Dawsey es reportero del Washington Post para investigaciones y emprendimientos políticos. Se sumó al periódico en 2017 y anteriormente cubría la Casa Blanca para Politico y el Ayuntamiento de Nueva York y el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, para el Wall Street Journal.
Jacqueline Alemany es la autora de The Early 202, un boletín matutino que presenta noticias críticas hacia los muchos centros de poder de la nación, incluida la Casa Blanca, el Capitolio, las agencias gubernamentales, el Pentágono y más. Se unió al Washington Post en 2018 después de seis años en CBS News.
Matt Zapotosky cubre el Departamento de Justicia para el equipo de seguridad nacional del Washington Post. Anteriormente trabajó en la cobertura el juzgado federal en Alexandria y la policía local en el condado de Prince George y el sur de Maryland.
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