Especial para The Washington Post – Teri Kanefield
¿Fue la certificación de la votación del colegio electoral – que tuvo lugar en una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021 – un “procedimiento oficial” según la ley estadounidense?
La respuesta a lo que parece una pregunta oscura tiene enormes consecuencias para los acusados hasta ahora por la insurrección del 6 de enero, y para los que aún están siendo investigados. La razón: “Quien corruptamente… obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial o intente hacerlo” ha violado el U.S.C. 1512 (c) (2) – y la violación de este estatuto es un delito que conlleva una pena de hasta 20 años de prisión federal.
Más de 275 acusados por el 6 de enero ya han sido acusados de obstruir un procedimiento oficial en virtud de dicha ley. Los abogados defensores han intentado, hasta ahora sin éxito, desestimar los cargos en virtud de esta sección del Código de EEUU por varios motivos. Algunos acusados, por ejemplo, argumentaron que la ley no se aplica a los votos del recuento electoral. Otros argumentaron que el estatuto es inconstitucionalmente vago.
Estos argumentos tienen cierto fundamento, pero parecen sumarse hacia la pila de basura de defensas fallidas.
Los argumentos de la defensa se centran en la historia legislativa y la finalidad de la ley. La ley se promulgó en 2002 tras el escándalo por el fraude contable de Enron. El 17 de octubre de 2001, la Comisión Nacional de Valores (SEC por sus siglas en inglés) informó a Enron Corporation que había iniciado una investigación formal sobre sus prácticas contables. Dos días más tarde, la empresa de contabilidad de Enron, Arthur Andersen, puso en marcha lo que los fiscales denominaron una “destrucción masiva” de documentos. Más tarde, defendieron la destrucción de documentos alegando que, según la ley de entonces, la destrucción de pruebas sólo era ilegal si había un procedimiento oficial pendiente.
Así que el Congreso aprobó la Ley Sarbanes-Oxley, que incluyó la sección sobre la obstrucción de los procedimientos oficiales, como parte de una revisión exhaustiva de las prácticas contables de las empresas. Desde entonces, se utiliza el lenguaje legal para preservar las pruebas en las investigaciones de los delitos de cuello blanco y penalizar a quienes destruyen dichas pruebas.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, los demandados del 6 de enero han argumentado que un “procedimiento oficial” según este estatuto se limita a las audiencias en las que se presentan pruebas y se determinan hechos o derechos. El recuento de los votos electorales, argumentan, fue un “acto ceremonial y administrativo” y no un “procedimiento oficial” según la ley. Por lo tanto, afirman que los cargos presentados contra sus clientes por obstruir el recuento de los votos electorales deben ser desestimados.
Hasta ahora, los tribunales han rechazado estas objeciones. La semana pasada, por ejemplo, el juez de distrito de EEUU, John Bates rechazó el alegato del acusado Sean Michael McHugh de que la ley no estaba pensada para aplicarse a formalidades como la certificación del voto del colegio electoral. El tribunal sostuvo que los “procedimientos oficiales” en el estatuto se definen para incluir “procedimientos del Congreso”, y que no hay ningún requisito en el lenguaje claro del estatuto que requiera que el procedimiento sea probatorio o de investigación. Del mismo modo, los tribunales han rechazado los alegatos de los acusados de que el estatuto es constitucionalmente vago y que se aplica sólo a conductas como la destrucción de pruebas y no a los tipos de actos cometidos por los insurrectos.
Estas oscuras victorias judiciales tienen importantes implicaciones para los procesos federales en el futuro. En su discurso del 5 de enero sobre el ataque al Capitolio, Merrick Garland explicó cómo funcionan las investigaciones complejas: “Resolvemos primero los casos más sencillos porque proporcionan la base probatoria para los casos más complejos”, dijo. “La investigación de los delitos más evidentes genera vínculos con otros menos evidentes. Los actores públicos y las pruebas que aportan pueden llevarnos a otras personas que también pueden haber estado implicadas. Y esas pruebas pueden servir de base para otras pistas y técnicas de investigación”.
Una de las muchas ventajas que tiene para los fiscales pasar de los delitos más manifiestos a los menos evidentes es que pueden resolver este tipo de impugnaciones en las fases iniciales del proceso, de modo que cuando pasan a casos más difíciles, los tribunales ya han dado luz verde al uso de la ley para obstruir un procedimiento oficial en los casos relacionados con la insurrección y el intento de interferir en el recuento de los votos electorales por parte del Congreso.
Esa ley ofrece claras ventajas a los fiscales. Acusar a los insurrectos en virtud del 1512(c)(2), por ejemplo, permite a los fiscales eludir la cuestión de si los organizadores de la manifestación tenían intención de actuar violentamente. Para ser procesado en virtud de esta ley, el acusado sólo tiene que haber tenido la intención de “obstruir, influir o impedir” el recuento de los votos electorales.
La fiscal general adjunta Lisa Monaco confirmó recientemente que el Departamento de Justicia está investigando las certificaciones falsas del colegio electoral que declararon al presidente Donald Trump como ganador de los estados en los que perdió. En vista de que los tribunales ya han rechazado los alegatos de que el U.S.C. 1512(c)(2) no se aplica a la certificación del voto, los fiscales sólo necesitan determinar si la creación de los certificados de elector falsos tenía la intención de “obstruir, influir o impedir” el recuento de los votos electorales. El abogado de Trump, Rudolph W. Giuliani, ha sido vinculado a la creación de los electores falsos y el esquema, y el comité del 6 de enero supuestamente está tratando de explorar si la Casa Blanca estaba coordinando el esfuerzo y si se violó alguna ley.
La representante Liz Cheney, Republicana de Wyoming, vicepresidenta del comité de la Cámara que investiga la insurrección, insinuó que el estatuto podría aplicar a Trump. El mes pasado, declaró sobre exdirector de gabinete de Trump, Mark Meadows: “El propio testimonio del Sr. Meadows se referirá a otra cuestión clave ante esta comisión: Acaso Donald Trump, por acción u omisión, ¿buscó corruptamente obstruir o impedir el procedimiento oficial del Congreso para contar los votos electorales?”
No puede ser una coincidencia o un accidente que haya utilizado el lenguaje exacto de la Sección 1512(c)(2).
Dada la frecuencia con la cual los fiscales federales han estado presentando cargos en virtud de este estatuto (y la facilidad con la que están derrotando las impugnaciones a este estatuto por parte de la defensa), se puede esperar que se utilice para presentar más cargos en el futuro.
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Teri Kanefield es autora y graduada de la Facultad de Derecho de UC Berkeley. Durante 12 años, practicó derecho de apelación en California.
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