Diseño: Gabriela Navarro

En 2020, la pandemia amenazó las elecciones presidenciales y legislativas. En respuesta, cientos de millones de dólares fluyeron a las agencias electorales estatales y locales para garantizar que tuvieran los recursos para unos comicios justos y accesibles, lo que finalmente permitió a los administradores gestionar una participación récord con pocos percances.

Para 2022, estos recursos ya no están y el panorama ha cambiado drásticamente con nuevos desafíos, dentro de los cuales están crecientes amenazas a la seguridad, interrupciones en la cadena de suministro y costos crecientes de materiales básicos como boletas de papel, que han aumentado por hasta un 50% en todo el país.

The Washington Post consultó a expertos y funcionarios electorales, quienes concluyeron que más fondos son necesarios para evitar problemas en las midterms de noviembre.

¿Por qué es importante?

El impulso para obtener más ayuda federal para las administraciones electorales se debe a la preocupación de funcionarios estatales y locales por el aumento de costos en una variedad de frentes. Entre los más importantes, está la crisis en la cadena de suministro de papel, que se necesita para las boletas, los sobres de votación por correo, los formularios de registro de votantes y otros insumos.

  • Otras presiones financieras incluyen la necesidad de ofrecer salarios más competitivos a los trabajadores electorales, para llenar las vacantes en un momento en que las amenazas a los empleados han alcanzado máximos históricos tras las acusaciones de fraude de Trump y el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
  • La creencia de que las elecciones de 2020 fueron amañadas, incluidas acusaciones sin fundamento de que las máquinas tabuladoras fueron pirateadas y programadas para favorecer a Biden, también ha provocado un aumento en la demanda de nuevos equipos electorales.

¿De dónde salió el dinero en 2020?

  • “La escala de la necesidad es literalmente de decenas de miles de millones de dólares”, dijo Tiana Epps-Johnson, directora ejecutiva del Center for Tech and Civic Life (CTCL), un grupo no partidista, sin fines de lucro, que distribuyó más de $300 millones en subvenciones a las agencias electorales en 2020, financiado con donaciones del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan.
  • Hay sectores conservadores que argumentan que los fondos de la CTCL favorecieron desproporcionadamente a jurisdicciones demócratas, lo cual ayudó a la victoria de Biden. Por ejemplo, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, afirmó que la oficina electoral estatal había sido “profundamente infiltrada” por “organizaciones sin fines de lucro de izquierda”, en aparente referencia a estas subvenciones.
  • Para Scott McDonell, secretario del condado de Dane (Wisconsin), es fácil entender por qué sus colegas toman capital privado: “Han estado lidiando con la pandemia. Han estado lidiando con mayores costos y han estado lidiando con límites fiscales a nivel estatal durante años, por lo que no han podido aumentar los impuestos. Realmente no me gusta el dinero privado para las elecciones, pero hay que encontrar otra forma de financiarlas, como subvenciones federales”.

¿Y qué dice el Congreso?

El martes, un grupo de 33 demócratas del Senado encabezado por Amy Klobuchar, pidió al presidente Biden que incluyera $5 mil millones en su presupuesto de 2023 para “garantizar que los funcionarios electorales estatales y locales continúen recibiendo los recursos necesarios para administrar, mejorar y modernizar nuestras elecciones”. No obstante, el dinero sería aprobado para usarse en las elecciones presidenciales de 2024.

  • Por las reglas del Senado, cualquier acción para financiar las midterms tendría que ser bipartidista, y los republicanos no parecen estar de acuerdo. El senador James Lankford, quien ayudó a diseñar una inversión federal de $380 millones en las elecciones de 2018, dijo que simplemente había demasiado dinero federal sin gastar en los estados para considerar rondas adicionales de financiamiento.
  • El Congreso podría aprobar un nuevo proyecto de ley de asignaciones generales tan pronto como el próximo mes, gastando más de $1 billón para mantener las agencias gubernamentales financiadas hasta septiembre. Pero es poco probable que ese acuerdo incluya dinero significativo para ayudar a los funcionarios electorales estatales y locales.

¿Entonces, cómo queda 2022?

Con un panorama incierto, aún no se sabe si habrá una cantidad significativa de dinero privado para repartir este año como lo hubo en 2020. Al menos 10 estados se han movido desde entonces para prohibir que las agencias electorales acepten subvenciones privadas, y varios más estados que están considerando prohibiciones este año.

Con información de The Washington Post