La administración Biden está proponiendo una versión más “justa y humana” de la regla de “carga pública” que eliminaría muchas de las barreras impuestas por la administración Trump a los no ciudadanos que buscan calificar para un estatus legal.
¿Qué es “carga pública”? Según las regulaciones actuales establecidas en 1996, el término “carga pública” se define como alguien que “depende principalmente” de la asistencia del gobierno, lo que significa que el gobierno proporciona más de la mitad de sus ingresos, reseña The Hill.
- La administración Trump amplió la regla y estableció que cualquier persona que necesitara beneficios como Medicaid, cupones de alimentos o cupones de vivienda durante más de 12 meses se consideraba una “carga pública” y era más probable que se le negara la green card. Esa política ya no está en vigor.
- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso el jueves una nueva regla de “carga pública” que reduciría drásticamente aquellos beneficios que los inmigrantes legales pueden usar y que se toman en cuenta cuando estos aplican a residencia permanente, de manera que ya no les serán imputados al solicitarla, incluidos los cupones de alimentos y Medicaid.
- “La regla de carga pública de 2019 no fue consistente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. “Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.
Los beneficios: Con el cambio, la administración de Biden dijo que su objetivo es centrarse principalmente en los beneficios en efectivo.
- A diferencia de la administración Trump, el DHS dijo que ya no tiene la intención de considerar los beneficios que no son en efectivo, como la asistencia alimentaria, los beneficios de Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños, los beneficios de vivienda y los vales de transporte.
- Tampoco se considerará el uso de asistencia por desastre o pandemia, Seguro Social, pensiones del gobierno y otros beneficios ganados.
- La nueva propuesta tendrá un período de comentarios públicos de 60 días, dijo el DHS.