La congresista de Florida, Maria Elvira Salazar, podría ser la única republicana que alguna vez presentó un proyecto de ley de reforma migratoria integral con importantes programas de legalización.

La congresista de Florida, Maria Elvira Salazar, podría ser la única republicana que alguna vez presentó un proyecto de ley de reforma migratoria integral con importantes programas de legalización. Se llama la “Ley Dignidad” y dice que aseguraría la frontera, brindaría una solución digna para los inmigrantes indocumentados y apoyaría a los trabajadores estadounidenses. Conoce aquí cinco claves sobre este proyecto de ley.

1.Antecedentes: La Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA en inglés) Como señala en el texto del proyecto de ley, la última vez que Estados Unidos vio una reforma migratoria seria fue a través de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) de 1986, aprobada y convertida en ley bajo el presidente Ronald Reagan. La IRCA declaró ilegal contratar a inmigrantes indocumentados, a sabiendas de su condición, mientras legalizaba a la mayoría de inmigrantes sin papeles que habían llegado antes de 1982.

  • Con este programa, solo un tercio de los casi 3 millones de inmigrantes indocumentados que la IRCA legalizó se convirtieron en ciudadanos: los otros 2 millones estaban satisfechos con tener un estatus legal que les permitiese vivir y trabajar en los Estados Unidos sin temor a ser deportado.
  • La falta de implementación de las disposiciones para aplicación de la seguridad en la  frontera de la IRCA permitió que la población indocumentada volviera a crecer. Los programas de legalización se establecieron de inmediato, pero las medidas de control y seguridad fronteriza nunca se implementaron. Los 2,7 millones de inmigrantes indocumentados que IRCA legalizó fueron reemplazados por un nuevo grupo de más de 5 millones de inmigrantes indocumentados en 10 años.

2.El programa dignidad: “Una solución práctica para los indocumentados”

Según explica el proyecto de ley, a través de su “Programa Dignidad”, los inmigrantes indocumentados que han estado en los EE. UU. por más de 5 años tienen la oportunidad de trabajar, pagar una restitución, cumplir con la ley y obtener un estatus legal.

  • Se trata de un programa de 10 años que brinda autorización de trabajo y protección contra procedimientos de deportación, pero sólo mientras se cumplan las condiciones.
  • Entre estas condiciones están: cumplir con todas las leyes federales y estatales, pasar una verificación de antecedentes penales, pagar impuestos adeudados y comenzar a pagar impuestos sobre la renta. También deberán reportarse ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagar una multa inicial y contribuir al American Worker Fund, un fondo que se creará y cuyos recursos estarán destinados a incentivos y formación técnica y profesional de ciudadanos americanos. 
  • Los participantes del programa Dignity pagarán $10,000 en restitución durante los 10 años que dura el mismo y no tendrán acceso a los beneficios o derechos federales con verificación de recursos.
  • Al final del período de 10 años, los participantes tendrían la opción de recibir una “Visa de Dignidad” de cinco años renovable indefinidamente que mantendría sus permisos de trabajo y estatus legal, o de participar en un “Programa de Redención” de cinco años. 
  • El Programa de redención requiere que los participantes, entre otras cosas, aprendan inglés y educación cívica estadounidense y hagan contribuciones al American Worker Fund, un fondo que será creado en el marco del proyecto de ley,  o completen 200 horas de servicio comunitario. Al completarlo, se harán candidatos para la residencia permanente, y con ello, asegurar un camino a la ciudadanía. 

3.Protección para los Dreamers y DACA: Los beneficiarios del programa Dreamers y DACA (Consideración de Acción Diferida para los llegados en la Infancia) serían elegibles para el estatus de residente permanente condicional, con una protección contra la deportación durante 10 años, si llegaron antes del 4 de julio de 2016 y tenían menos de 18 años cuando ingresaron a los Estados Unidos.

  • El estatus condicional se ajustaría al de un residente permanente legal si la persona permanece en los EE. UU. y obtiene un título universitario o de posgrado, sirve al menos tres años en el ejército o está empleado y trabajando durante cuatro años.
  • También deben cumplir con los requisitos básicos de inglés y demostrar una comprensión de la historia y la educación cívica de los EE. UU.

4.Caminos para los beneficiarios de TPS: El TPS (Temporary Protected Status) se puede otorgar cuando los ciudadanos extranjeros que viven en los EE. UU. no pueden regresar de manera segura a sus países de origen debido a disturbios civiles, violencia o desastres naturales. En algunos casos, las personas pueden estar en estado de TPS durante décadas.

  • El proyecto de ley proporciona opciones para ajustar este estatus a residente permanente  a los destinatarios de TPS que han vivido en los EE. UU. durante un período prolongado de tiempo o que recibieron una condición de salida forzosa diferida (DED) por no poder regresar a su país de origen debido a un peligro claro y presente.
  • Los candidatos a esta opción serían quienes fueron elegibles para TPS hasta julio de 2016 o recibieron un DED hasta enero de 2021. Esto se aplica principalmente a los venezolanos que no pueden regresar al actual estado fallido bajo el régimen de Nicolás Maduro.
  • Se deben acumular 5 años de presencia continua en los Estados Unidos para poder optar al ajuste de estatus de residencia permanente.

5.¿Tiene chance de ser aprobada? Según reseña The Hill, no es realista esperar un apoyo republicano significativo para la Ley Dignidad si no se le hace una revisión que exija una certificación significativa de seguridad fronteriza que venga antes de la implementación de los programas de legalización de indocumentados. Y las tasas de detención, como lo plantea el proyecto de ley,  no son una métrica apropiada para determinar si la frontera ha sido asegurada.

  • Muchos republicanos se negarán a apoyar otro programa de legalización con la promesa de seguridad fronteriza y medidas de cumplimiento interior sin garantías de que esta vez los programas de legalización no se implementarán hasta después de que se haya demostrado que las medidas de seguridad fronteriza y cumplimiento están funcionando. Quieren que el próximo programa de legalización sea el último.
  • La Ley Dignidad de Salazar proporcionaría un estatus legal temporal durante 10 años antes de que se requiera que la Patrulla Fronteriza determine si las medidas de seguridad fronteriza de la Ley se han implementado con éxito.
  • El otro problema que enfrenta este proyecto es que la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no podría procesar las solicitudes de legalización que generaría la Ley  Dignidad. A fines del año fiscal 2021, USCIS tenía una acumulación de 8 millones de solicitudes.

Con información de: The Hill