Ayer primero de marzo, el Presidente Biden pronunció su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Resumimos aquí algunas afirmaciones dudosas.
El discurso del Estado de la Unión suele ser producto de muchas manos y es revisado cuidadosamente. Pero los discursos del Estado de la Unión suelen ser muy políticos, un argumento a favor de las políticas del presidente, por lo cual a veces les falta contexto. En el discurso del año pasado ante el Congreso, el presidente Joe Biden se metió en problemas cuando improvisó algunas líneas algo ajenas a la verdad. Este año se ha ceñido más al guión. Este es un resumen de siete afirmaciones que nos han llamado la atención.
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“Nuestra economía creó más de 6,5 millones de nuevos puestos de trabajo sólo el año pasado, más empleos creados en un año que nunca antes en la historia de Estados Unidos”.
“El único presidente que ha recortado el déficit en más de 1tn (millón de millones) de dólares en un solo año”.
Ambas cifras son engañosas debido al contexto – el impacto de la pandemia – única en un siglo – sobre el empleo y las finanzas federales. El empleo se desplomó y el déficit se disparó en 2020, cuando el coronavirus golpeó y cerró la economía mundial.
Ahora, Estados Unidos está saliendo de una pandemia que provocó una enorme pérdida de empleos en 2020: de hecho, fueron 9 millones de puestos de trabajo. Las rondas de incentivos -aprobadas bajo el mandato de Trump y Biden- ciertamente tuvieron un impacto. Pero también aumentaron el déficit. A medida que la economía se recupera, las finanzas públicas también vuelven a la normalidad, con un rápido crecimiento de los ingresos. En los primeros cuatro meses del año fiscal 2022, el gobierno federal tuvo un déficit de $259 mil millones, $477 mil millones (65 por ciento) menos que en este punto del año fiscal 2021.
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“Estados Unidos solía tener las mejores carreteras, puentes y aeropuertos de la Tierra. Y ahora nuestra infraestructura ocupa el puesto número trece del mundo”.
Biden cita las clasificaciones del Foro Económico Mundial (FEM) que abarcan 140 países de todos los niveles económicos. Según la clasificación de 2019, Singapur tenía la mejor infraestructura y la economía más competitiva en general. Si bien Estados Unidos se sitúa en el segundo puesto en el plano económico y en el decimotercero en cuanto a infraestructura, la clasificación en infraestructura se desmorona un poco al mirarla de cerca.
De las 12 economías que el FEM clasificó por delante de Estados Unidos, tres -Singapur, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos- son pequeñas ciudades-estado costeras. Esa no es una comparación relevante.
Además, como señaló Charles Lane, del Post, si bien Estados Unidos quedó por detrás de los Países Bajos, Suiza, Japón, Corea, España, Alemania, Francia, Austria y el Reino Unido, “es más realista tratar a los seis países europeos continentales de este grupo como una unidad, ya que las mercancías y las personas circulan por ellos libremente, a través del área sin fronteras de Schengen”.
Entre los 10 países geográficamente más grandes, incluidos Canadá, Australia, China y Rusia, Estados Unidos ocupa el primer lugar, según los criterios del FEM. Estados Unidos también ocupa el primer puesto entre los 10 países más poblados, y ha subido unos 10 puestos desde el estudio del FEM de 2011-2012.
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“Miren, deroguen el escudo de responsabilidad. Hace que los fabricantes de armas sean la única industria de Estados Unidos que no puede ser demandada”.
El lenguaje de Biden es demasiado amplio. Los fabricantes de armas sí pueden ser demandados, y otras industrias tienen algunas protecciones de responsabilidad. Pero tiene razón al afirmar que el Congreso otorgó a la industria de las armas algunas protecciones exclusivas – pero que podrían estarse erosionando.
Biden parece referirse a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005, que se aprobó tras una oleada de demandas presentadas contra los fabricantes de armas por municipios y defensores del control de armas.
La ley de 2005 no garantiza una inmunidad general, y tiene algunas excepciones. Los fabricantes o distribuidores pueden ser demandados si venden a sabiendas un producto que se utilizará para cometer un delito. Se les puede demandar si fueron negligentes al vender el producto a alguien que sabían que no era apto (es decir, un niño o alguien que estaba borracho). Pueden ser demandados por otro tipo por negligencia técnica (“negligencia per se”) relacionada con la violación de un estatuto de seguridad.
El Tribunal Supremo de Connecticut había dictaminado hace dos años que las leyes no protegían a los fabricantes contra las demandas por publicidad errónea que provocaban lesiones o muertes. Eso dio paso a un acuerdo de $73 millones entre los familiares de los fallecidos en el tiroteo de Sandy Hook de 2012 y las aseguradoras de la ahora quebrada Remington Arms, el fabricante del rifle Bushmaster utilizado en la matanza. En el juicio las familias argumentaron que Remington promocionaba el arma semiautomática específicamente entre hombres jóvenes y de alto riesgo, utilizando publicidad sugerente y colocando el producto en videojuegos violentos.
Antes de este fallo, la ley parecía proporcionar un escudo legal federal relativamente único. Las demandas por negligencia en el derecho de responsabilidad civil generalmente permiten a los consumidores demandar por negligencia causada por un descuido, que no siempre implica una violación de la ley o a sabiendas confiar a alguien no apto en el manejo del producto.
Pocas industrias tienen inmunidad federal de responsabilidad, pero Biden se equivoca al decir que los fabricantes de armas son los únicos. Los fabricantes de vacunas tienen una pequeña protección frente a las demandas si su vacuna ha provocado una lesión. El gobierno federal promulgó esta inmunidad para animar a las empresas a producir más vacunas sin miedo a las demandas, debido al beneficio que suponen para la salud pública. Otro ejemplo es la protección federal del sector aéreo frente a las demandas derivadas de los atentados terroristas del 11-S. Pero a diferencia de la ley de armas, en ambos casos se estableció un plan de compensación para que las víctimas recuperaran el dinero por daños y perjuicios.
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“Contando sólo el año pasado, 55 corporaciones de la lista Fortune 500 obtuvieron ganancias por $40 mil millones y pagaron cero dólares de impuesto federal sobre la renta”.
Esta es una de las estadísticas favoritas de Biden. Según factba.se, que da seguimiento a sus declaraciones, el presidente la ha utilizado en discursos o entrevistas 18 veces desde abril. No es necesariamente errónea, pero tiene algunas limitaciones: la cifra no se basa en las declaraciones de impuestos reales, sino que es una estimación de los impuestos pagados basada en los informes de las empresas.
La cifra procede de un informe publicado en abril por el Instituto de Fiscalidad y Política Económica (ITEP por sus siglas en inglés), de tendencia de izquierda. El grupo estudió las declaraciones corporativas ante la Comisión Nacional de Valores (SEC) presentadas por las empresas que figuran en la lista Fortune 500, centrándose en las compañías que obtuvieron ganancias.
En 2020, el ITEP determinó que 55 empresas rentables indicaron que no pagaron impuesto federal sobre la renta a pesar de que colectivamente ganaron casi $40,5 mil millones en ingresos antes de impuestos. Anteriormente el ITEP había informado que 91 empresas no pagaron impuestos federales en 2018, por tanto la situación ha mejorado.
Las declaraciones de impuestos de las empresas generalmente no se hacen públicas, por lo cual las cifras del ITEP son producto de su propia investigación y análisis de las declaraciones públicas.
Pero es un parámetro imperfecto. El informe anual 10-K de una empresa en marzo generalmente sólo tendrá cifras estimadas, ya que la declaración de impuestos real generalmente no se presenta hasta más tarde en el año. Las cifras totales de impuestos pueden determinarse a partir de los estados de flujo de caja, pero no hay garantía de que los cálculos reflejen la obligación fiscal real.
Sin embargo, la idea de que entre el 10 y el 20 por ciento de las empresas de la lista Fortune 500 no pagan impuestos federales sobre la renta es coherente con un informe de 2020 del Comité Conjunto de Impuestos (JCT), que no es partidista. El JCT pudo analizar las declaraciones de impuestos reales, pero no revelar los nombres de las empresas. Se descubrió que alrededor del 20 por ciento de las 50 empresas estudiadas no reportaron ninguna obligación fiscal en sus declaraciones de impuestos. Eso refleja el análisis del ITEP de la lista Fortune 500.
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“Diecisiete premios Nobel de Economía dicen que mi plan aliviará las presiones inflacionarias a largo plazo”.
Biden se refirió a una carta firmada por 17 economistas galardonados con el Premio Nobel, en la cual se afirmaba que su plan de gasto reduciría la inflación con el tiempo. La carta se publicó en septiembre, cuando el plan de Biden Build Back Better (Reconstruir Mejor) buscaba gastos por $3.5tn adicionales a un plan bipartidista de infraestructura. Incluía esta oración: “Dado que esta agenda invierte en la capacidad económica a largo plazo y mejorará la capacidad de más estadounidenses para participar de manera productiva en la economía, aliviará las presiones inflacionarias a más largo plazo”.
Pero el plan de Biden ha cambiado significativamente desde entonces. El plan bipartidista de infraestructura se convirtió en ley, pero el resto de la propuesta de gasto se ha reducido a $1.75tn. Los cambios fiscales que se alababan en la carta -subir los impuestos a los ricos y a las empresas- se han eliminado en gran medida.
En noviembre, preguntamos a los firmantes si habían cambiado de opinión, y algunos indicaron que los cambios propuestos han disminuido el impacto potencial sobre las presiones inflacionarias.
Además, es engañoso que Biden sugiera que el proyecto de ley tendría un impacto en la inflación actual, algo que hizo al comenzar el punto al declarar: “Mi plan para luchar contra la inflación reducirá sus costos y disminuirá el déficit”.
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“La mayor inversión de la historia fue un esfuerzo bipartidista”.
Aunque ciertamente es el mayor paquete de gasto en infraestructura en décadas, el proyecto de ley aprobado en 2021 no podría calificarse como el mayor de la historia de Estados Unidos, según diversos análisis.
El New Deal entre 1933 y 1937 gastó una media del 1,36 por ciento del producto interno bruto, según un análisis de Brookings Institution. Esto se compara con el 1,25 por ciento del proyecto de ley de Biden, que autorizó unos $566 mil millones de la autoridad presupuestaria bruta (y recortes fiscales) que se gastarán en su mayor parte, pero no en su totalidad, a lo largo de cinco años.
(El texto preparado por Biden tenía un lenguaje diferente, pero en su discurso, Biden hizo la afirmación más específica y menos real)
(c) 2022, The Washington Post – Glenn Kessler
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