Dificultades en la reimplementación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en inglés) desde unidad familiar hasta la cantidad de personas que son inscritas en el programa fueron los cuestionamientos que hicieron los miembros del Subcomité de Seguridad Fronteriza, Facilitación y Operaciones de la Cámara de Representantes a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), dos entes involucrados —el segundo depende del primero— en el funcionamiento del programa que ha sido severamente criticado por los defensores de migrantes.
El programa, conocido también como Remain in Mexico, ordena a las personas que buscan asilo a permanecer en México mientras esperan sus audiencias en inmigración. La administración Biden lo derogó el año pasado, pero en diciembre fue reimplementado por el Departamento de Seguridad Nacional por orden de la corte con algunos cambios, previo acuerdo con el gobierno de México.
Inició en El Paso, Texas, y actualmente funciona en los puertos de entrada de San Diego, Río Grande y recientemente se implementó en Laredo. Entre los cambios está la ampliación de las personas que pueden estar sujetas al programa, agregando a países como Haití y Brasil; vacunas para los migrantes inscritos en el programa, así como información de asesoramiento legal y transporte desde y hacia los puertos de entrada.
Se prevé que la Corte Suprema escuche sobre esta política en abril.
Unidad familiar. La presidenta del subcomité, la demócrata Nanette Barragán, contó que viajó al puerto de entrada de San Diego y contó que conoció a un adulto mayor que viajó desde Centroamérica hacia Estados Unidos para buscar asilo junto con sus dos hijos adultos, uno de ellos fue secuestrado en el viaje y sigue desaparecido, y al segundo hijo le permitieron quedarse en Estados Unidos, mientras que a él le pidieron que esperara en México bajo el MPP.
Le preguntó al subsecretario interino de Inmigración y Fronteras de DHS, Blas Núñez-Neto, si considera que la administración está comprometida con mantener a las familias unidas. “Sí. DHS está comprometido con preservar la unidad familiar”, afirmó Núñez-Neto.
Al pedirle una explicación sobre la separación del adulto joven de su padre, respondió: “La definición de unidad familiar que usamos se basa en la definición de TVPRA, de un niño no acompañado. Un padre o guardián legal que viaja con un menor de edad es una unidad familiar. Padres que viajan junto con un hijo adulto tradicionalmente no son tratados como una unidad familiar. Nosotros hemos ordenado a CBP que garantice, siempre que sea posible, que individuos que están viajando juntos y están sujetos a MPP deberían ser inscritos o desincritos juntos si ellos tienen lazos familiares. Esto puede ser bastante difícil de implementar en la frontera dependiendo de cuándo y cómo crucen las personas”.
Barragán entonces alentó al Departamento de Seguridad Nacional a repensar la unidad familiar, ya que no era el único caso en el que se separaban familias adultas.
En su declaración de apertura, Barragán también advirtió sobre problemas de comunicación entre las agencias que implementan el MPP y que pueden tener problemas reales para los migrantes por tener información cruzada.
Implementar “con buena fe”. Los representantes republicanos Michael Guest y Dan Bishop cuestionaron la capacidad de la administración Biden de reimplementar el programa de la era de Trump.
En reiteradas ocasiones tanto el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, como funcionarios de la administración Biden, e incluso el mismo presidente, han señalado que se oponen al programa y que no está alineado con los valores humanos que promueven, pero que lo están implementando sólo por la orden de la corte mientras continúan el desafío en los tribunales.
Bishop argumentó que la oposición al programa podría no tener relevancia cuando tienen la obligación de la ley por cumplirlo y cuestionó si ellos podrían sabotear la implementación al no estar de acuerdo. “Todo lo que puedo decir es que estamos comprometidos a implementarlo de buena fe. Hemos trabajado día y noche muchos miles de horas en todo el gobierno de los EE. UU. para volver a implementar este programa con el que no estamos de acuerdo y estamos comprometidos a cumplir”, respondió Nuñez-Neto.
El representante Guest se fue a las cifras. Indicó que en diciembre se registraron 173.219 encuentros en la frontera sur y solo 191 personas fueron devueltas a México bajo MPP. Del mismo modo señaló que en enero hubo 153.941 encuentros y solo 212 fueron inscritos al programa. “Si mis cálculos son correctos, es una décima parte del 1% de los encuentros”, indagó.
“Bajo la administración de Trump, el MPP tardó unos meses en aumentar las inscripciones. Es un programa nuevo. Nos lleva un tiempo comenzar. Estamos haciendo esto durante una pandemia y México ha impuesto algunas restricciones sobre cómo podemos devolver a las personas, incluido cuándo y el tipo de prueba y cuarentena que deben estar disponibles en el lado mexicano para que acepten personas”, dijo el funcionario de DHS. Agregó que están trabajando de la mano con el Departamento de Justicia para tener más jueces y tribunales de inmigración a disposición.
“Con el debido respeto estamos implementando de buena fe y comprometidos a continuar expandiendo las inscripciones en los próximos meses”, dijo.
