La legislatura de Florida aprobó la creación de un nuevo organismo, dedicado a investigar y perseguir delitos o irregularidades en las elecciones, una legislación que el gobernador Ron DeSantis impulsó y que convierte al estado en el primero en tener una oficina de este tipo.
Ambas cámaras, de mayoría republicana, aprobaron la legislación denominada “Administración Electoral”. La Cámara baja dio su visto bueno ayer con una votación 76-41 y el Senado la aprobó la semana pasada con 24 votos a favor y 14 en contra.
La ley se dirige al escritorio de DeSantis para que la firme y entrará en vigor apenas se convierta en ley, por lo que estará activa para las elecciones intermedias previstas en noviembre. En Florida también se renovarán la legislatura y cargos estatales como el de gobernador.
“Estamos muy emocionados y agradecemos a la legislatura por cumplir con la iniciativa de seguridad electoral del gobernador DeSantis. La legislatura cumplió con nuestro objetivo de hacer que votar sea más fácil y difícil hacer trampa”, dijo Taryn Fenske, portavoz de DeSantis, recogió Político.
El gobernador DeSantis, quien busca una reelección para su segundo mandato en noviembre y además es visto como uno de los posibles candidatos del partido republicano a las presidenciales 2024, ha estado impulsando acciones para “fortalecer la integridad” de las elecciones en Florida y eso sería mediante una oficina que solo esté dedicada a investigar los delitos electorales.
La Oficina de Delitos Electorales y Seguridad. El gobernador DeSantis pidió cerca de cinco millones de dólares para esta oficina que tendría más de 50 puestos. Con la ley, la legislatura reservó más de dos millones y medio de dólares para establecer esta unidad de 25 puestos, que estará adscrita al Departamento de Estado de Florida y trabajará con el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida.
Según el texto, esta oficina es para “ayudar al secretario de estado a cumplir con sus deberes”. Entre los deberes y funciones, del secretario de estado está Interpretar las leyes electorales estatales y supervisar las elecciones; es el principal funcionario electoral del estado. Por lo tanto, la oficina revisará las denuncias de fraude y podrá realizar investigaciones preliminares y su director será nombrado por el secretario de estado, Laurel M. Lee.
Lee indicó en una entrevista a una televisora local que la oficina no le dará nuevas responsabilidades al Departamento de Estado —que ya tiene obligaciones electorales—, sino que le dará “las herramientas, los recursos y el personal” para cumplir su misión de asegurar la integridad electoral en Florida.
Previamente detalló en un hilo en Twitter que con esta oficina podrán “investigar amenazas de violencia contra funcionarios electorales, votantes o lugares de votación, responder a denuncias de conducta delictiva y continuar asegurándonos de cumplir con los más altos estándares de integridad electoral en Florida”.
El representante estatal Daniel Pérez detalló que las elecciones no serán seguras hasta que no exista el fraude. “Lo que hemos hecho es poner recursos detrás de estas nuevas oficinas de integridad hacia el proceso electoral para asegurarnos de que los gobiernos locales, el supervisor local de elecciones tengan todos los recursos necesarios para que podamos ayudarlos a investigar el fraude o el posible fraude”, dijo el representante Daniel Pérez, uno de los patrocinadores de la legislación en una entrevista con una televisora local.
Agregó: “Tendremos una línea directa; tendremos personas que se encargarán de eso aquí a nivel estatal en todo el departamento de estado. Lo investigaremos internamente. Queremos asegurarnos de que no haya fraude potencial o ninguna denuncia de fraude que se esté escapando y, por lo tanto, tenemos la mano de obra, tenemos los recursos financieros para esta nueva oficina”.
Otras implicaciones de la ley. La ley aumentará las multas por ciertas infracciones de la ley electoral y se exigiría a los supervisores electorales que lleven a cabo con mayor frecuencia el mantenimiento de sus listas de votantes.
Este aumento también incluye una práctica denominada “recolección de boletas”, que es cuando un tercero recoge boletas electorales y envía más de dos boletas por correo. De ser un delito menor ahora sería un delito grave.
Atemorizar a votantes. El supervisor de elecciones del condado de Broward, en el sur de Florida, señala que no es necesario tener una fuerza policial en el estado, reseñó el Post. “Estas son personas que buscarán delitos donde no los hay. Eso tiene el potencial de intimidar a muchos votantes y a las organizaciones que intentan ayudar a los votantes”.
El director de políticas de Secure Democracy USA —una organización no partidista centrada en las elecciones—, Daniel Griffit, sostiene el mismo argumento. “Involucrar a las fuerzas del orden con este tipo de mandato vago obviamente crea problemas y ciertamente puede tener un efecto perjudicial en términos de la capacidad de los votantes para emitir su voto si les preocupa la participación de las fuerzas del orden”, recogió el Times. “Y tiene un efecto perjudicial en los funcionarios electorales si les preocupa que haya una aplicación de la ley sobre su hombro”, agregó.
Fraude electoral en 2020. A pesar de que el expresidente Donald Trump y miembros del partido republicano han afirmado falsamente que hubo fraude electoral, el Departamento de Justicia no encontró evidencias fehacientes sobre eso.
Incluso una investigación realizada el año pasado por The Associated Press encontró menos de 475 denuncias potenciales de fraude en 25,5 millones de votos emitidos para las presidenciales en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
En la página del Departamento del Estado, la secretaria de Estado, Laurel M. Lee describió que las elecciones de 2020 fueron “precisas, transparentes y se llevaron a cabo de conformidad con la ley de Florida”. “Florida realizó auditorías previas y posteriores a las elecciones, y confiamos en la seguridad e integridad de nuestros resultados electorales de 2020", indicó.
La ley además sigue a otra serie de modificaciones que ya aprobó la legislatura el año pasado, en el que estableció límites a la votación por correo, cuestionada en las elecciones de 2020 que se realizaron durante la pandemia. Indican como requisito un número de licencia de conducir, número de identificación estatal o los últimos cuatro dígitos de un número de Seguro Social para solicitar el voto por correo.
Con información de Miami Herald, The Washington Post, The New York Times.
