EEUU ha apoyado más de palabra que de hecho los Convenios de Ginebra, y eso hace que las críticas a Putin suenen huecas.
Las noticias -y las imágenes- de los devastadores ataques rusos contra la población civil y los hospitales de Ucrania, en los que han muerto numerosas personas y resultaron heridos niños y mujeres embarazadas, han horrorizado al mundo. Encarnan la brutalidad del presidente ruso, Vladimir Putin, y han provocado una amplia condena, incluso desde la administración de Biden.
Rusia no solo ha cometido una agresión contra un Estado soberano, sino que también ha violado los “Convenios de Ginebra [al] trasladar a Ucrania armamento excepcionalmente letal (como las municiones en racimo)”, dijo Linda Thomas-Greenfield, embajadora de EEUU, ante las Naciones Unidas. De hecho, el uso de estas armas en conflictos militares, subrayó Thomas-Greenfield ante la Asamblea General de la ONU, está prohibido por los Convenios.
Sin embargo, la misión de EEUU ante las Naciones Unidas editó la transcripción de esta parte de su discurso – y por una razón que podría sorprender a muchos estadounidenses: El gobierno de EEUU se niega a prohibir las bombas de racimo y se opone a la creación de un nuevo tratado para prohibirlas.
El radical cambio de Thomas-Greenfield expone la postura más amplia de Estados Unidos ante el esfuerzo por humanizar la guerra en los últimos 75 años. Estados Unidos se jacta de su papel fundacional en la creación de normas para que la guerra sea menos destructiva. Sin embargo, esta afirmación es mucho más un mito que una realidad. En realidad, Estados Unidos socavó sistemáticamente la propia creación de las normas que Thomas-Greenfield acusó a Rusia de haber violado. Y desde su creación, el gobierno de EEUU tiene un largo historial de alterar los Convenios de Ginebra, las normas más importantes que se han formulado para regular los conflictos armados. Este historial tiene graves implicaciones en cuanto a las razones por las cuales los civiles, desde Ucrania hasta Yemen, siguen sufriendo las atrocidades de los campos de batalla.
Tras la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) desempeñó un papel destacado en la promoción de un nuevo conjunto de normas para garantizar que los civiles y los prisioneros de guerra estuvieran suficientemente protegidos en los conflictos armados. Un trascendental esfuerzo conjunto del CICR y el gobierno suizo condujo a una conferencia diplomática en Ginebra en 1949 para revisar y acordar propuestas del CICR que fueran aceptables a todas las naciones del mundo.
Pero en lugar de defender las propuestas, la delegación de EEUU tenía instrucciones de la administración de Harry S. Truman de adecuarlas a los intereses de seguridad estadounidenses para que no entorpecieran la lucha mundial contra el comunismo. Las propuestas de EEUU incluían mantener la pena de muerte en los territorios ocupados, y Estados Unidos revocó su apoyo inicial a un ambicioso programa de crímenes de guerra, se opuso a la prohibición de los bombardeos indiscriminados y defendió el uso del hambre como arma de guerra.
En un informe interno de septiembre de 1949, Claude Pilloud, especialista jurídico del CICR, señaló que los estadounidenses y sus aliados estaban apoyando las mismas cosas por las cuales los nazis habían sido castigados en los juicios de Nuremberg.
Mientras que las víctimas europeas y asiáticas de la ocupación del Eje exigían derechos para los civiles, los delegados de EEUU defendían los intereses del ocupante hasta el punto de alienar a sus aliados más cercanos de la OTAN, que acababan de salir del dominio nazi. Esto puso inmediatamente en tensión a la nueva alianza, y la Unión Soviética se apresuró a aprovechar esas fisuras. Los soviéticos lanzaron una campaña de propaganda desde Ginebra y en varios medios de comunicación comunistas para caracterizar las sugerencias de EEUU como una reminiscencia de las prácticas fascistas.
Sin embargo, la presión ejercida por Estados Unidos y algunos de sus aliados obligó a los redactores de los Convenios a realizar importantes modificaciones. Eliminaron las prohibiciones estrictas de matar de hambre a los civiles mediante un bloqueo, el ataque a los civiles en las zonas urbanas y los mecanismos contra la falta de responsabilidad legal. Además, a pesar de ser testigos principales de los juicios de Núremberg y Tokio para responsabilizar a la Alemania nazi y a Japón de sus crímenes de guerra, la delegación de EEUU acabó oponiéndose a los planes de castigar las principales violaciones de los Convenios como “infracciones graves”, y se negó a crear un tribunal penal internacional.
Con estas modificaciones, Estados Unidos adoptó con entusiasmo el derecho humanitario para demostrar que poseía las fuerzas armadas más éticas de la historia. Durante el proceso de ratificación de los Convenios por parte de EEUU en la década de 1950, el Secretario de Estado del presidente Dwight D. Eisenhower, John Foster Dulles, dijo que Estados Unidos podía sentirse “orgulloso de su papel de líder [en el establecimiento] de normas humanas para la protección de los indefensos en tiempos de guerra”, y afirmó que había “contribuido en gran medida” a la creación de los Convenios de Ginebra.
Sin embargo, de la misma manera en que esta retórica distorsionó la realidad histórica, Estados Unidos a menudo adoptó los Convenios más de palabra que de hecho, desatando regularmente una fuerza feroz contra quienes se oponían a su voluntad. Incluso mientras Estados Unidos discutía las virtudes del derecho humanitario durante los debates de ratificación de los Convenios, la Fuerza Aérea de EEUU estaba bombardeando a civiles hasta la muerte en Corea. Y eso marcó la pauta para los siguientes tres cuartos de siglo, con el ataque deliberado a civiles durante la guerra de Vietnam como epítome de la brutalidad de EEUU en la guerra.
Este abismo entre las palabras y los hechos estadounidenses tampoco es una reliquia del pasado. Por ejemplo, a pesar de las disculpas oficiales, ningún miembro del personal de EEUU se ha enfrentado a consecuencias – ni siquiera a una investigación – por un reciente ataque con drones en Afganistán que mató “por error” a civiles, entre ellos siete niños. Además, Estados Unidos sigue trabajando para socavar los intentos de imponer mayores restricciones a su conducta bélica. Los funcionarios estadounidenses han rechazado las peticiones de un acuerdo vinculante para prohibir el armamento autónomo – “robots asesinos” – para poder mantener la flexibilidad de desarrollar nuevas capacidades militares. Y en el ámbito de la guerra nuclear, Estados Unidos también se niega a firmar el tratado de prohibición de las armas nucleares promovido por el CICR, mientras fomenta actualizaciones extremadamente costosas de su arsenal actual.
Este largo historial en el cual Estados Unidos defiende de la boca para afuera el derecho humanitario, mientras socava sistemáticamente sus principios y su desarrollo en nombre de la defensa de los valores democráticos liberales, plantea cuestiones preocupantes. La lógica de la Guerra Fría, según la cual la necesidad de disuadir a un enemigo antiliberal y de mantener la flexibilidad en caso de una nueva confrontación militar justifica y exige la voluntad de tolerar el sufrimiento masivo de los civiles, ha impulsado y sigue impulsando la política de EEUU. Pero, hoy en día, estas acciones hacen que las críticas de la administración de Biden hacia Putin por las violaciones de los Convenios de Ginebra en Ucrania suenen falsas. Así disminuye la eficacia de tales críticas y la credibilidad estadounidense para construir una coalición que sancione a Putin por estos incumplimientos.
Si el gobierno de EEUU quiere realmente disuadir a Putin de atentar contra la población civil y socavar su posición a nivel internacional, tiene que romper con su propio historial. Al no cumplir durante mucho tiempo las poderosas normas mundiales contra semejante crueldad y agresión, Estados Unidos paraliza su propia capacidad para aislar completamente al régimen de Putin. Para ser un líder moral a nivel mundial, Estados Unidos tiene que convertirse en un verdadero defensor de la protección de los civiles en tiempos de guerra, con palabras y hechos.
Hacerlo permitiría a Estados Unidos contrarrestar con más fuerza el declive del derecho internacional como resultado de la agresión y la brutalidad en tiempos de guerra. La saña de Putin pone de manifiesto lo que está en juego, y la necesidad de que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN desempeñen un mejor papel. Para que el derecho internacional sobreviva a este periodo de salvajismo, es necesario que se escuchen las voces de sus defensores, y que las mayores potencias del mundo envíen una señal más coherente.
Washington Post – Boyd van Dijk
Lea el artículo original aquí.
