Foto de Alejandro Giammattei

El Congreso aprobó el 8 de marzo en Guatemala una ley que aumentaba las penas a las mujeres que deciden abortar y prohibía el matrimonio igualitario.  Una semana después dio marcha atrás, pero el avance de iniciativas como esta, sumado al acercamiento de grupos religiosos, ha instalado una peligrosa tendencia.

Por Carmen Quintela*|CONNECTAS

Sobre un escenario de dos metros de altura, con el Palacio Nacional de fondo, un hombre vocifera frente a un micrófono. “¡Tenemos un país que hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural! Que Dios les bendiga, pero especialmente… ¡¡Que Dios bendiga Guatemala!!”. No es un pastor evangélico, ni un sacerdote en su homilía frente a los fieles. Es el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla que, eufórico, rodeado por líderes religiosos y miembros de su Gabinete, celebra el primer Día por la Vida y la Familia en el país.

El discurso de Giammattei no es casual ni se limita a celebrar una fecha específica. Lo pronunció, además, un día después de que el Congreso de la República aprobó la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, una medida regresiva que aumentó las penas a las mujeres que abortan -en Guatemala todos los tipos de aborto están penados, excepto el terapéutico- y que prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo, que tampoco estaba contemplado en el Código Civil. 

Aunque después de varios días de protestas ciudadanas el propio Congreso se vio obligado a archivar ese proyecto, este tipo de proclamas y acciones refuerzan una tendencia constante, sostenida en el tiempo y consolidada en los últimos años. Se trata de la entrada en Guatemala de múltiples discursos de odio que buscan anular derechos ya existentes y bloquear la sola posibilidad de conquistar otros, todo de la mano de grupos religiosos conservadores. 

El origen

Para Ana Lucía Ramazzini, socióloga e investigadora del programa de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), esta estrategia de reducción de derechos llegó décadas atrás, importada del norte. “El activismo provida se opuso desde los años setenta a la legalización de los anticonceptivos en Estados Unidos, y de ahí devino una gran influencia en América Latina”, explica. 

A lo largo de las últimas décadas, el protestantismo fundamentalista llegó a varios países de América Latina. Ramazzini recuerda que a Guatemala lo hizo como parte de la política contrainsurgente aplicada por los gobiernos militares que ocuparon el poder durante la guerra. 

Uno de los ejemplos más evidentes es el del general Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de facto entre 1982 y 1983, años después condenado por el genocidio de miles de personas de la etnia ixil. Ríos Montt, que se convirtió al evangelismo después de tener contacto con Gospel Outreach, una iglesia de California que llegó a Guatemala en 1976, solía decir que “un cristiano debería llevar su Biblia y su ametralladora”.

Las iglesias conservadoras pronto introdujeron en los poderes públicos su forma de entender el mundo. En los noventa introdujeron el concepto de “ideología de género”, un término, como explica la socióloga Silvia Trujillo, acuñado por el Vaticano y todavía utilizado hoy por políticos y líderes religiosos tanto de Guatemala como de otros países de la región. Surgió como una respuesta al avance de los derechos debatidos en la Conferencia Internacional sobre la Población y la Conferencia Mundial sobre la Mujer, a mediados de la década.

Alejandro Giammattei, miembros de su Gabinete de Gobierno y la presidenta del Congreso durante la celebración del Día por la Vida y la Familia en Guatemala. Fotografía: Sandra Sebastián/ Ocote.

La tendencia 

Según Ramazzini, en los últimos años se ha visto un avance más claro y directo de estos grupos para posicionarse en la política de Guatemala. Esto se evidenció, por ejemplo, con el ascenso de Jimmy Morales a la presidencia en 2015. Morales, un comediante evangélico conservador, fue aupado por el Frente de Convergencia Nacional, un pequeño partido respaldado por militares retirados.

En una entrevista con el diario español El País, después de la primera vuelta electoral, afirmó que rechazaba el matrimonio entre personas del mismo sexo porque no creía en eso y porque “en Guatemala el 97% de la población tiene un pensamiento ético cristiano”. Del derecho a la interrupción del embarazo dijo entonces que “no es propicio para el pensamiento guatemalteco”.

Por eso no es de extrañar que cuando Morales estuvo en el poder, de 2016 a 2020, se consolidó un discurso de odio contra las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ+ que se regó en los demás poderes del Estado. Por ejemplo, en 2017 varios diputados conservadores presentaron la iniciativa 5272, que cinco años después se convertiría en la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.

Otro ejemplo: en septiembre de 2018, decenas de miles de personas se manifestaron en la capital de Guatemala contra lo que denominaron la “ley del aborto”. Esta iniciativa, presentada por la diputada de izquierda Sandra Morán, buscaba dar una respuesta efectiva a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y crear un modelo de protección para las sobrevivientes. También proponía despenalizar el aborto en niñas menores de 14 años que habían sido violadas. Pero en el Congreso, la Comisión de la Mujer emitió un dictamen desfavorable contra la propuesta días después de la manifestación. Esta comisión también detuvo ese mismo año una iniciativa que buscaba aprobar una Ley de identidad de género.

La comisión estaba presidida entonces por Aníbal Rojas, diputado del partido Visión con Valores (Viva). Esta es la agrupación política que en 2015 propuso como candidata presidencial a Zury Ríos, hija del exdictador Ríos Montt. En 2019 lo intentó de nuevo, aunque fue rechazada de la contienda por una prohibición constitucional. Durante las campañas electorales, Ríos abanderó el discurso a favor de la pena de muerte y en contra del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sexual. 

Pero no fue solo ella. En las más recientes elecciones generales de Guatemala, en 2019, la mayoría de los partidos participantes se subieron a ese mismo discurso. Incluso Sandra Torres, entonces candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien en las anteriores elecciones se había mostrado cercana a la comunidad LGBTIQ+, sacó su lado más conservador. 

En mayo de ese año, 15 binomios presidenciales firmaron la “Declaración vida y familia”.

Esta declaración, en la que se comprometieron a “defender a la familia y al matrimonio tradicional”, había sido elaborada por la Asociación La Familia Importa (AFI), una organización que promueve eliminar el derecho a decidir de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y que busca instalar un modelo único de familia. 

AFI ha tenido acercamientos con los gobiernos de Guatemala y ha encabezado acciones públicas contra el aborto y la familia “no tradicional”, como la primera “Marcha por la vida y la familia”, que realizaron en mayo de 2014 y en la que participaron la Alianza Evangélica de Guatemala, la Pastoral para la Defensa de la Vida, la Asociación de Ministros Evangélicos y la Conferencia Episcopal.

En los últimos dos mandatos presidenciales, este acercamiento se ha incrementado. Por ejemplo, el 15 de mayo de 2017, durante el Día Internacional de la Familia, el Gobierno de Jimmy Morales invitó a los directivos de AFI a protagonizar el acto simbólico que se realiza una vez al mes en Guatemala tras la firma de los Acuerdos de Paz, lo que muchos interpretaron como un homenaje controversial. “Se muestran  más visibles en el ámbito público con una articulación de fundamentalismos religiosos, políticos y económicos”, explica Ana Lucía Ramazzini. “Es un entramado de poderes que permite influir en la toma de decisiones y obstaculizar iniciativas públicas a favor de los derechos de las mujeres, las juventudes y disidencias sexuales”.

Según la socióloga, “el fortalecimiento de esta estrategia antiderechos tiene relación con los gobiernos de turno y sus intereses”. Ramazzini destaca además que no debe perderse de vista la influencia internacional “a través de alianzas regionales entre parlamentarios, vocerías y otros actores, así como mediante redes jurídicas, de asesoría, de capacitación”.

El gobierno provida

Desde antes de asumir la presidencia en enero de 2020, Giammattei sentó una posición muy clara en contra de los derechos de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Cuando ganó las elecciones en 2019 advirtió que durante su mandato cerraría la Secretaría Presidencial de la Mujer, una institución dedicada a garantizar los derechos de las mujeres en Guatemala. 

A lo largo de su mandato ha llevado a cabo acciones que terminaron de confirmar esta tendencia. Entre estas, la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia, presentada en julio de 2021, que habla, entre otros aspectos, del deber del Estado de proteger de la vida desde la concepción. También se ha mostrado cercano a agrupaciones conservadoras, como la Asociación la Familia Importa y a líderes religiosos. Y esta cercanía no viene solo del Ejecutivo; también del Legislativo.

Alejandro Giammattei durante el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en Guatemala. Fotografía: Gobierno de Guatemala.

En efecto, en febrero el Congreso aprobó una iniciativa de ley presentada por la presidenta Shirley Rivera, del partido oficialista VAMOS, en la que propuso decretar el 9 de marzo como el Día por la Vida y la Familia. La ley obliga además a los tres organismos del Estado a realizar actos conmemorativos que “resalten la importancia del respeto por la vida y la familia, el no aborto y el no a la violencia”.

Ramazzini explica que las iglesias ejercen su fuerza al disciplinar la vida cotidiana, para dar sentido a lo que según ellas debería ser el rol de las mujeres en la sociedad y en la familia. Al conectarse con lo público, convierten esa doctrina en leyes y políticas públicas. “De ahí que este espacio en donde el Estado se ubica, sea un espacio en disputa”, dice.

Esa fuerza quedó plasmada el mismo 9 de marzo, el Día por la Vida y la Familia, cuando los líderes de las iglesias y los directivos de organizaciones como AFI o el Congreso por la vida y la familia rodearon ostensiblemente a los tres poderes del Estado presentes en la celebración. En esta actividad pronunciaron discursos transmitidos por los canales del Gobierno y las redes sociales, en los que consolidaron la reducción de derechos de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, al tiempo que invocaban a Dios en un acto político.

Como explica Ramazzini, “hay un miedo al rompimiento de la heteronormatividad y la autonomía de las mujeres porque implica perder privilegios en una sociedad desigual, patriarcal, racista y heteronormada. Esto se evidencia en la insistencia de modelo único de familia como mecanismo para el control de la sexualidad, en la negación del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, de la educación integral en sexualidad”. Y, como añade la socióloga, “​ubican al pluralismo como una amenaza potente a su noción de pensamiento único y su defensa de una forma única de ser, estar y vivir en el mundo, desde el miedo a perder privilegios y poderes. Y socavan la laicidad, cimiento de un Estado democrático”.

Stephanie Rodríguez, abogada feminista y miembro del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, explica que esto atenta directamente contra el Estado de Derecho y los principios de laicidad del Estado recogidos en la Constitución y en sentencias de la Corte de Constitucionalidad: “Estas han dejado claro que ningún funcionario puede utilizar el aparato estatal para fomentar alguna religión”.

“No sólo se está hablando de religión, sino de política de salud, de educación… Por esto ha sido tan importante, dentro de sus estrategias, ocupar abiertamente puestos en los tres poderes del Estado (…). Esto permite la cooptación de lo público, más allá de lo puramente coyuntural, y evidencia además, una agenda de largo alcance”, concluye Ramazzini.

Por eso, aunque el Congreso de la República archivó esa ley regresiva que había aprobado una semana antes, especialistas consideran que este proyecto, al igual que muchas de las acciones del Ejecutivo y del Legislativo, han contribuido a consolidar el discurso de odio. Y eso es muy peligroso en un país como Guatemala, con más de 300 casos evitables de mortalidad materna al año o donde decenas de personas de la comunidad LGBTIQ+ sufren discriminación, agresiones, abusos y hasta las asesinan por odio. 

Todo lo anterior confirma que no se trata de actuaciones coyunturales o hechos casuales, y por el contrario confirma que existe una agenda que busca sostenerse en el tiempo, no solo en Guatemala y no solo en la región. Es, como explica la investigadora Aylinn Torres, un proceso de desdemocratizacion en América Latina que ha recortado derechos e involucra a actores políticos con programas de derechas, a fundamentalismos y a conservadurismos de vieja escuela, que nunca terminaron de irse.

* Miembro de la comunidad periodística #CONNECTASHub