ACCION. La organización CARECEN ha estado al frente de las acciones para proteger el TPS. En la foto Abel Núñez, director de la agencia junto a Gustavo Torres, de CASA. | Milagros Meléndez para ETL.

El Gobierno de Estados Unidos y organizaciones llegaron a un acuerdo legal, mediante el cual los inmigrantes con TPS (Estatus de Protección Temporal) y con una orden de deportación previa, recuperan una vía para obtener la residencia permanente.

Entre los que se verían beneficiados están inmigrantes con TPS, que enfrentan deportación, pero cuyos hijos nacidos en los Estados Unidos podrían presentar una petición para hacer un ajuste de estatus, bajo ciertos requerimientos.

El martes 22 de marzo, la corte federal del Distrito de Columbia reconoció el arreglo al que llegaron ambas partes en el caso CARECEN versus Cuccinelli, una demanda presentada en 2020 por el Centro de Recursos para América Central (CARECEN) y distintas firmas de abogados, en representación de siete amparados por TPS.

“Este es un acuerdo muy importante que va a ayudar a mucha gente”, dijo a El Tiempo Latino, Genevieve Augustin, directora de asuntos legales de CARECEN, una de las cinco organizaciones y firmas que presentaron la demanda en agosto de 2020.
La acción revierte la política implementada en diciembre de 2019 por el entonces director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, bajo el gobierno del expresidente Donald Trump.

DEMANDA. Genevieve Augustin, directora de asuntos legales de CARECEN, una de las organizaciones y firmas que presentaron una demanda a favor de personas con TPS. | Foto: Milagros Meléndez para ETL.

La abogada Augustin explica que antes del cambio, la agencia de Inmigración permitía que algunos beneficiarios del TPS con órdenes de deportación fueran elegibles para el estatus de residente permanente, tras una solicitud de un familiar.

Una de las condiciones para pedir ajustar el estatus era que salieran del país con un parole que el mismo USCIS les daba.

“Viajaban temporalmente y al regresar ingresaban de manera legal, lo que les permitía solicitar la residencia a través de sus hijos o esposos ciudadanos”.

Pero la nueva regla de la administración Trump eliminó el efecto legal de esa acción, lo que hizo que el beneficiario no fuera elegible para ajustar su situación migratoria.

“Muchos de ellos ni siquiera sabían que tenían una orden de deportación. Usualmente por el hecho de no haberse presentado en la corte, después de cruzar la frontera”, dijo Augustin.

¿De qué se trata el acuerdo?

Mediante el arreglo entre CARECEN y USCIS, la agencia de inmigración acordó permitir que algunos beneficiarios del TPS que han viajado fuera del país con un permiso de ingreso anticipado (parole), puedan solicitar la residencia permanente dentro de Estados Unidos.

“Con eso se cumple el requisito de ‘entrada legal’ para el ajuste de estatus”, dijo Augustin.

¿Los inmigrantes con TPS se benefician?

Sí. El arreglo favorece a inmigrantes con TPS que tienen una orden de deportación, pero no están dentro de un grupo de prioridad de expulsión. Además, deben haber viajado fuera del país con un permiso de USCIS. “Tienen que salir con un parole para que ingresen nuevamente ya de una manera legal”, sostuvo Augustin. El beneficio incluye a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

“Ellos podrán reabrir y desestimar sus órdenes de deportación, así como solicitar el ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes dentro de Estados Unidos si llenan todos los requisitos necesarios”, dijo la abogada.

Solo con TPS

El experto en inmigración, Luis Salgado aclara que el acuerdo solo beneficia a los que tienen TPS. “No a los que tienen DACA”, advirtió refiriéndose a los jóvenes amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

Demanda

El acuerdo judicial es el resultado del caso CARECEN versus Cuccinelli, una demanda presentada por - además de CARECEN - un grupo de organizaciones y firmas legales como Democracy Forward, el Catholic Legal Immigration Network, INC (CLINIC); Montagut & Sobral, PC y Debevoice & Plimptom LLP en agosto de 2020.

“En este caso varios beneficiarios del TPS y CARECEN demandaron al gobierno de Donald Trump por privarlos de la oportunidad de cambiar su estatus y convertirse en residentes permanentes”, dijo Salgado.

Cambio de política era ilegal

La demanda alegó que el cambio violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Además se dijo que estaba motivado por el sesgo racial y antiinmigrante de la Administración Trump. “Fue autorizado ilegalmente por Ken Cuccinelli, cuyo nombramiento fue declarado ilegal”, afirmó la abogada Augustin.

De hecho, en marzo de 2020 un juez federal dictaminó de ilegal el nombramiento de Cuccinelli como director de USCIS y dijo que distintas directivas emitidas por el funcionario debían "dejarse de lado".

El juez de distrito, Randolph Moss afirmó que la administración violó la Ley Federal de Reforma de Vacantes cuando nombró a Cuccinelli en junio de 2019. "No fue designado legalmente para desempeñarse como director interino”, escribió Moss.

Según la ley de vacantes de 1998, cuando un líder de un cargo federal confirmado por el Senado renuncia, le corresponde al "primer asistente" de ese cargo vacante asumir la responsabilidad en forma interina.

Pero Cuccinelli no trabajó en USCIS antes de dirigirlo. En cambio, el jefe interino del DHS en ese momento, Kevin McAleenan, "nombró a Cuccinelli 'para servir como subdirector principal de [USCIS]', una posición que no existía antes del nombramiento de Cuccinelli", señaló el juez.
Luego, McAleenan cambió el orden de sucesión para convertir al subdirector principal en el "primer asistente", lo que permitió a Cuccinelli "saltar" al subdirector existente para convertirse en el director interino de la agencia.

“Aquí, el secretario interino creó un puesto que es el segundo al mando solo de nombre”, escribió el juez.

Casos

Entre las personas que representa la abogada Augustin se encuentra una inmigrante salvadoreña que vive más de tres décadas en el área de Washington. “Ella tiene hijos que ya son mayores de 21 años y pueden pedirla. También su esposo, quien es ciudadano, pero no ha podido hacer su ajuste porque teme salir del país y ya no poder regresar”, contó la experta.

Antes que la mujer obtuviera el TPS en 2001, tenía una orden de deportación por no presentarse ante la corte, dijo Augustin.

Para poder proceder con el ajuste de estatus los beneficiarios de TPS tienen que demostrar una entrada legal, por ello es que antes salían del país con un permiso de USCIS y al regresar ya figuraban con un ingreso legal.

“Esa es la vía que bloqueó Cuccinelli y ahora se está reabriendo”, dijo al señalar que varios de sus clientes en CARECEN ya podrán tramitar su residencia permanente.

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