Foto reciente de Roman Abramovich
Roman Abramovich, uno de los principales milmillonarios rusos con lazos a Vladimir Putin. FOTO: The Washington Post.

El estigma social puede perjudicar a los ultra ricos incluso más que las sanciones económicas.

Cuando el presidente de Rusia se sienta ante las cámaras de televisión quejándose de haber sido "cancelado", tal como hizo Vladimir Putin a finales del mes pasado, ése es el mejor indicador disponible a la comunidad internacional de que las sanciones están funcionando como se pretende para castigar al régimen por la invasión de Ucrania.  La mayor parte del debate sobre las sanciones se ha centrado en los efectos económicos y políticos de excluir a Rusia del comercio internacional, o de confiscar los mega yates y los aviones privados de los socios más cercanos de Putin.  Se valora menos el impacto de las sanciones en la exclusión social impuesta y la pérdida de posición social que sufren los ciudadanos más privilegiados y prominentes del país.

No hay que tomar esto como un espectáculo secundario: estos castigos socioemocionales, informales ya han provocado en el comportamiento de las élites rusas un cambio más visible que las sanciones formales impuestas durante años.  Cuando los oligarcas, y el propio Putin, nos dicen pública y repetidamente que les importa mucho su nueva condición de parias, deberíamos creerles.  Si bien los líderes rusos se han mostrado desafiantes en respuesta a la caída del valor del rublo y a las propuestas de excluir a Rusia del Grupo de los 20, su respuesta a la estigmatización ha sido algo totalmente distinta: semanas y semanas de súplicas y rabietas muy públicas contra los costos sociales impuestos a las élites asociadas al régimen de Putin.

Como he aprendido en quince años de investigación sobre la banca extraterritorial y los ultra ricos, la vergüenza y el estigma son algunos de los últimos lazos de humanidad que unen a los oligarcas del mundo con el resto de la población.  En la mayoría de los demás aspectos, viven en un mundo aparte, incluso haciendo alarde de su impunidad ante las leyes y normas que obligan a todos los demás.  Por eso la mayoría de la gente se imagina que los ultra ricos responden a las críticas públicas con burlas mientras cuentan su dinero.

Pero no es así en absoluto, lo cual me sorprendió cuando lo experimenté. Los castigos vinculados a la posición social no sólo funcionan en estas élites, sino que sus efectos son más rápidos y eficaces que con la mayoría de las leyes.  Los oligarcas tienen algunos de los mejores abogados y personal de relaciones públicas del mundo: repelen fácilmente muchos castigos formales.  Sin embargo, las amenazas a su reputación y a su posición social son más difíciles de evitar y provocan en ellos respuestas más fuertes.

El poder de la vergüenza y del estigma es tal que cuando Gran Bretaña realizó un estudio sobre los mecanismos disuasorios de la evasión fiscal por parte de las élites, descubrió que la amenaza de publicar los nombres de los evasores en el periódico era mucho más eficaz que las multas o las demandas.  Este miedo a las consecuencias socioemocionales es también la razón por la cual los oligarcas llegan a extremos tan extraordinarios para acosar y silenciar a periodistas, políticos y otros investigadores cuyas observaciones podrían avergonzarlos.

Aunque esas estrategias han sido eficaces para silenciar a los críticos individuales, no funcionan cuando una gran parte de la comunidad internacional les da la espalda, como hicieron literalmente docenas de diplomáticos el 1 de marzo, cuando el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se dirigió a las Naciones Unidas.  Las quejas de Lavrov sobre las sanciones relacionadas con la invasión de Ucrania se dieron ante una sala prácticamente vacía, lo que refleja una importante consecuencia material de la vergüenza y el estigma: la pérdida de influencia.

Este es también el propósito de las sanciones que privan a los oligarcas rusos del acceso a las propiedades de lujo que tienen en Occidente, sus jets privados, sus yates y otros activos que han utilizado para ganar amigos e influir en las altas esferas de la sociedad occidental.  Aunque algunas élites sancionadas se quejan del impacto económico de las sanciones - como el multimillonario Petr Aven, que se lamenta de no poder pagar a sus trabajadores -, la mayor parte de la ira, las súplicas y las expresiones de pánico de los oligarcas se han centrado en las consecuencias sociales que están sufriendo.

Debido al estigma y a la vergüenza, junto a otros rusos de relevancia internacional, fueron expulsados de las redes sociales de las cuales dependía su trabajo en Occidente. Como dijo el multimillonario fundador del Banco Alfa, Mikhail Fridman en una entrevista reciente, el gasto de grandes sumas de dinero para influir en las élites e instituciones occidentales tenía como objetivo establecer la influencia rusa de forma permanente: "Creíamos sinceramente que éramos tan buenos amigos del mundo occidental que no podíamos ser castigados".

Se difundió en gran medida la conmoción y el miedo de los oligarcas ante las sanciones, así como sus esfuerzos por aislarse de las consecuencias sociales. Estos esfuerzos son difíciles de explicar sin entender por qué esta vez es diferente. Muchos oligarcas rusos han sido sancionados por los países occidentales a lo largo de los años, especialmente desde la invasión de Crimea en 2014. La novedad esta vez es el frente unido que formaron los principales países occidentales en relación a estas sanciones, incluida la estigmatización a través de medios informales, como el abandono de la ONU y la "cancelación" de los artistas rusos, tanto vivos como muertos, a la que se refirió Putin en el discurso televisado del pasado viernes.

Esto ha desencadenado una ronda de esfuerzos en toda la élite rusa para salvar su reputación. Incluso la primera bailarina del Ballet Bolshoi abandonó la compañía de danza y su país natal porque -según un post en su cuenta de Telegram- se sentía "avergonzada" de ser rusa.  En cuanto a los oligarcas, pocos días después del anuncio de las sanciones, Fridman, junto con sus compañeros multimillonarios rusos Oleg Deripaska y Oleg Tinkov, dieron el paso extraordinariamente arriesgado de enemistarse con Putin en público al emitir súplicas para detener la invasión de Ucrania.  Estos mensajes no parecen haber alterado la guerra, pero pueden haber tenido otro propósito: distanciar a los oligarcas del régimen invasor y protegerlos así de la vergüenza y el estigma dirigidos a los colaboradores.

El caso más notable - y financieramente costoso - de este esfuerzo por salvar la reputación fue la decisión del multimillonario inversionista Roman Abramovich, quien intentó vender su equipo de fútbol profesional inglés, el Chelsea Football Club, antes de ser sancionado. Que estuviera dispuesto a incurrir en una pérdida de casi 2.000 millones de dólares ya es extraordinario; que prometiera pública y explícitamente el producto de la venta "en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania" es la parte reveladora. Puede que no haya sido una decisión económicamente racional, pero sí lo fue socialmente: fue el acto de alguien que teme ser un paria internacional.

Este proceso ha revelado algunas lecciones para cualquiera que quiera combatir la corrupción financiera y política internacional en el futuro, así como la insurgencia cleptocrática global que hay detrás.  La vergüenza, la estigmatización y otros componentes de la "cultura de la cancelación" pueden ser muy útiles para proteger a la sociedad de los actores poderosos que han dañado las instituciones fundamentales de la democracia, el capitalismo y la cultura. El impacto social de las sanciones tiene a las élites rusas en retirada.  Si aplicáramos medidas similares a otros oligarcas de todo el mundo, incluso en Estados Unidos, los resultados podrían ser transformadores para restaurar la democracia y promover un sistema económico más sano y que haga más que enriquecer a los ricos a costa del resto de nosotros.  Ahora que la estructura de poder corrupta de un país se tambalea, tal vez no perdemos la oportunidad de derribar al resto.

Washington Post - Brooke Harrington

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