En abril del año pasado, el presidente Joe Biden calificó la violencia armada como “una vergüenza internacional” e instruyó al Departamento de Justicia a crear una normativa para frenar la proliferación de las armas fantasmas. 

También llamó al Congreso a aprobar dos legislaciones para seguridad de las armas: renovar la prohibición de las armas de asalto e imponer verificaciones universales de antecedentes de los compradores de estos productos.

Un año después, ayer, el Departamento de Justicia publicó la regla “Definición de ‘Marco o Receptor’ e Identificación de Armas de Fuego”, que cambia la definición de arma de fuego e incluye los kits con partes para ensamblaje, por lo tanto, estos equipos también deberán incluir un número de serie y los vendedores deberán tener una licencia y verificar los antecedentes de los compradores.

Está regla está dirigida a reducir las armas fantasmas en el país, que se conocen como aquellas no reguladas, no serializadas y que, por tanto, resulta difícil para las autoridades rastrear al no poder conectar el arma con el tirador y responsabilizarlo. Entrará en vigor 120 días después de que sea publicada en el Registro Federal.

En cambio, las leyes aún permanecen estancadas en el Congreso, lo que dificulta la acción de la administración Biden de avanzar en su agenda sobre las armas.

Promesa vs. Realidad. Como parte del plan propuesto durante su campaña presidencial, expuso dos logros de su gestión como senador: la Ley de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego Brady, que estableció el sistema nacional de verificación de antecedentes en 1993 y, un año después, la prohibición durante 10 años de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, que venció durante la administración de George W. Bush, pero que no se prorrogó.

Investigaciones posteriores señalan que la prohibición redujo la letalidad de los tiroteos masivos. Un estudio de 2019 mostró que las muertes por tiroteos masivos eran 70% menos probables durante el período de la prohibición federal.

  • Como presidente, quería rediseñar la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad con las lecciones aprendidas de su primera y única implementación, así como promulgar una legislación universal de verificación de antecedentes, que requerirá una verificación de antecedentes para todas las ventas de armas con excepciones muy limitadas, como obsequios entre familiares cercanos.
  • Ambas se introdujeron en el Congreso el año pasado, pero solo avanzó la de verificación de antecedentes en la Cámara de Representantes, que hizo una votación en su mayoría partidista, donde los demócratas son mayoría. En el Senado requería al menos 60 votos, que se traducen en 10 republicanos a favor de la medida.
  • Tras el tiroteo en una escuela en Michigan a finales de noviembre, que dejó cuatro estudiantes muertos, el senador Chris Murphy hizo una solicitud al Comité Judicial del Senado para avanzar con la legislación. Pero el senador Chuck Grassley, el republicano de mayor rango en el ente, bloqueó la solicitud calificándola de “hostil hacia los propietarios legales de armas y las transacciones legales de armas de fuego”.

En 2021 en un acto en el Rose Garden, Biden les dijo a los miembros del Congreso: “Han ofrecido muchos pensamientos y oraciones, miembros del Congreso, pero no han aprobado ni una sola ley federal para reducir la violencia armada”, afirmó. “Basta de oraciones. Hora de actuar”, les reclamó.

Y ayer, nuevamente volvió a exigirles legislaciones al respecto: “Estamos presionando en cada una de estas áreas, pero nada de esto absuelve al Congreso (…) Necesitamos que el Congreso apruebe verificaciones de antecedentes universales”.

Foco en las armas fantasmas. El presidente Biden, acompañado de familiares y víctimas de tiroteos, reconoció que su agenda permanece estancada en el Congreso, y que, de allí, en parte, surgió la nueva normativa del Departamento de Justicia.

“Instruí al Fiscal General para que escribiera una regulación que frenaría la proliferación de armas fantasmas porque tenía problemas para que se aprobara algo en el Congreso, pero usé lo que llamamos ‘autoridad reguladora’”, dijo.

También mostró algunos datos gubernamentales al respecto. “Solo el año pasado, las fuerzas del orden informaron a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos aproximadamente 20.000 presuntas armas fantasma. Eso es un aumento de diez veces en estas armas fantasma desde 2016. Diez veces en cinco años”.

Más adelante: “La ATF informa que han podido rastrear menos del 1% de las armas fantasma reportadas por la policía. Por lo tanto, tiene sentido que la policía de todo el país encuentre cada vez más armas fantasmas en las escenas del crimen”.

Otras vías alternas. Biden también hizo eco de su propio discurso del Estado de la Unión; “La respuesta no es desfinanciar a la policía. Es para financiar a la policía y brindarles las herramientas y la capacitación para apoyar: deben ser socios y protectores de nuestras comunidades necesitadas”.

  • Esto formaría parte de una de las aristas para reducir los delitos con armas de fuego, que es financiar la vigilancia comunitaria. Biden propone usar parte de los fondos del Plan de Rescate Estadounidense, que ayudó a aliviar la presión económica durante la pandemia. “Contratar policías para la vigilancia comunitaria, pagar horas extra a la policía, comprar tecnologías para combatir el crimen. Les dieron el dinero. Ellos pueden hacerlo”, explicó. 
  • También señaló que el fiscal general Merrick Garland ordenó a los fiscales federales que tengan como prioridad la lucha contra el tráfico de armas.

ATF, debilitada. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Justicia, ha estado trabajando con directores interinos.

En 2006 los legisladores aliados con la Asociación Nacional del Rifle, un grupo conservador defensor del uso y porte de armas libre con gran influencia en el Congreso, promulgaron una disposición que hacía que el cargo de director de la ATF estuviera sujeto a la confirmación del Senado.

Como resultado, solo un director, B. Todd Jones , quien fue nominado por el presidente Barack Obama, ha sido confirmado en los últimos 15 años.

“Esta es una agencia cuya misión es proteger a las comunidades de los delincuentes violentos, el tráfico ilegal de armas de fuego, los incendios provocados y los bombardeos, y mucho más. La misión de esta agencia no es controvertida, es la seguridad pública”, afirmó Biden, antes de nominar a Steve Dettlebach para encabezar la agencia.

Su nominación ahora deberá ser aprobada por el Senado, donde se estancó el anterior candidato de Biden para esta agencia, David Chipman. Tuvo la oposición de los republicanos y algunos demócratas; por tanto, el presidente terminó retirando su nominación en septiembre del año pasado.

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