Los gobiernos democráticos ingenuos permiten que los regímenes hostiles se aprovechen de las plataformas tecnológicas abiertas para vender mentiras corrosivas.
Si el propósito de crear una unidad gubernamental de desinformación es aumentar la confianza en el flujo de información de una sociedad libre, entonces la puesta en marcha del Consejo de Gobierno para la Desinformación de EEUU no ha salido bien.
El escueto anuncio de la semana pasada, que fue difundido primero en un boletín de noticias de Político, de que el Departamento de Seguridad Nacional iba a crear una junta de especialistas para hacer frente a la desinformación, fue seguido de fallidos intentos para explicar exactamente qué haría y cómo se manejaría. En esencia, parece un modesto esfuerzo encabezado por una respetada experta digital, Nina Jankowicz, para coordinar diferentes departamentos que trabajaran sobre el tema. Sin embargo, rápidamente se desató un aluvión de teorías conspirativas entre los comentaristas de Fox TV y los senadores Republicanos. Y la junta fue pronto equiparada con el Ministerio de la Verdad de George Orwell.
A pesar de lo torpe de su lanzamiento, la junta está abordando un problema acuciante: ¿cómo pueden las democracias protegerse de los Estados nacionales autoritarios y hostiles que pretenden que las sociedades libres sufran efectos adversos debido a su nivel de transparencia? El tema ha adquirido mayor resonancia desde el asalto propagandístico de Rusia a Ucrania y la propuesta de adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Los auto declarados absolutistas de la libertad de expresión, como Musk, quieren restringir casi toda la moderación de los contenidos en línea. Esto equivale a un desarme unilateral en materia de desinformación, dicen los críticos.
El problema evidente con la desinformación es cómo clasificarla. La conjugación tiende a ser: yo creo que en la información de confianza, tú eres engañado por la desinformación y ellos propagan la desinformación. No obstante, incluso a los sofistas cortos de miras les resultaría difícil explicar la flagrante manipulación de la opinión occidental por parte del Kremlin. Las actividades de las fábricas de provocaciones rusas, como la Internet Research Agency de San Petersburgo, fueron divulgadas en repetidas ocasiones. Otros regímenes, como el de Arabia Saudita han desatado fabricaciones en Twitter e incluso han conspirado para reclutar un espía dentro de la compañía, según el New York Times.
El Poynter Institute for Media Studies ha identificado 52 países en los cuales los gobiernos han tomado medidas para contrarrestar la desinformación. Una de las iniciativas más interesantes está en la UE. Luego de la toma de Crimea por parte de Rusia en 2014, creó el Equipo de Estrategia de Comunicación para el Este. Con una plantilla de más de 40 personas, que trabajan en 15 idiomas, el equipo de trabajo vigila y denuncia la desinformación rusa. Hasta la fecha, ha recopilado una base de datos pública de casi 14.000 muestras, que van desde la supuesta implicación británica en las recientes masacres de Bucha en Ucrania hasta las afirmaciones de que las vacunas contra el Covid-19 han matado a más personas que el virus.
La misión del grupo de trabajo es sensibilizar al público sobre la desinformación, desmentir la información falsa y promover la alfabetización mediática. "Rusia ha atacado a la UE de forma deliberada, constante y sistemática", afirma Peter Stano, principal representante de política exterior de la UE. "Después de 2014, los Estados miembros se despertaron".
Aunque los gobiernos democráticos pueden ayudar a educar a los ciudadanos para que sean más escépticos ante las noticias sospechosas — adelantarse y refutar la desinformación — y puedan desacreditar las teorías conspirativas, existen límites claros sobre hasta dónde deben llegar. Los intentos subrepticios de dar forma a una narrativa partidista serán contraproducentes.
Algunas organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar, y de hecho lo hacen, un papel mucho más proactivo. Organizaciones de inteligencia de código abierto, como Bellingcat, han cuestionado públicamente la posición del Kremlin sobre el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny en 2020 y los crímenes de guerra en Ucrania.
Otro ejemplo interesante es Moonshot, una empresa nueva con fines de lucro fundada en 2015, que tiene como objetivo desarticular las redes de desinformación y desafiar el extremismo en línea. Empleando las mismas técnicas que utilizan las empresas de consumo para llegar a los clientes en línea, Moonshot identifica a los internautas que leen sitios web extremistas y se vincula con ellos. Utiliza anuncios personalizados, animando a estos usuarios a leer materiales alternativos e incluso a hablar con asesores. "Tenemos que contrarrestar el discurso dañino con más discurso. Estas personas no son necesariamente extremistas, son familiares y vecinos", dice Vidhya Ramalingam, cofundadora de Moonshot.
La guerra contra la desinformación nunca terminará, pero eso no significa abandonar la lucha. Durante demasiado tiempo, los gobiernos democráticos han sido ingenuos y han permitido que regímenes hostiles se aprovechen de la apertura de las plataformas tecnológicas y de las sociedades libres para vender mentiras corrosivas. Es responsabilidad colectiva de los gobiernos, las empresas tecnológicas, la sociedad civil, los medios de comunicación y millones de usuarios individuales maximizar las ventajas de la libertad de expresión. Como se dice en el negocio del software: "Con ojos suficientes, se pueden descubrir todos los errores".
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